Entre las casas de enseñanza internacionales que estarían siendo cortejadas para instalarse en Uruguay están la Universidad de Bolonia y la Complutense de Madrid.
El Poder Ejecutivo de Uruguay tiene en sus planes la revisión de un decreto del año 2014 que regula la enseñanza terciaria privada. La intención es flexibilizar las condiciones, facilitando la obtención de personería jurídica y permitiendo la instalación más ágil de universidades extranjeras en el país.
En una reunión entre el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el diputado nacionalista Diego Echeverría, autor de un proyecto de ley que se utilizará como base para la nueva normativa, se confirmó la inclusión de este tema en la agenda del Gobierno. «Es un tema que está en la agenda, hay que estudiarlo bien», expresó Da Silveira al diario El País en una conversación reciente.
Echeverría, promotor de la iniciativa, destacó la necesidad de flexibilizar el sistema, permitiendo un aterrizaje más ágil y seguro de entidades universitarias extranjeras a corto plazo. Actualmente, el decreto en vigor no distingue entre instituciones nacionales e internacionales, según señaló el diputado.
A pesar de la posibilidad técnica de presencia de universidades extranjeras, Echeverría señaló que existen obstáculos que desmotivan el proceso de instalación. Sin embargo, tras la reunión con Da Silveira, el diputado expresó optimismo y afirmó que cambiar esta realidad está cada vez más cerca.
Echeverría resaltó el potencial de Uruguay para convertirse en un polo de desarrollo educativo universitario internacional, aprovechando la globalización y atrayendo inversiones vinculadas al ámbito académico mundial. Según el legislador, Uruguay tiene todos los elementos para ser una referencia en la educación universitaria abierta al mundo.
El diputado mencionó el interés de varias instituciones con vínculos internacionales, como la Universidad de Bolonia y la Complutense de Madrid. La modificación normativa propuesta por el Ejecutivo acelerará un proyecto de ley presentado por Echeverría a fines de 2021, que contempla la autorización para el funcionamiento de entidades extranjeras de enseñanza terciaria, reconociéndoles personería jurídica según el Derecho Internacional Privado.
El proyecto de ley también prevé el reconocimiento académico para estas entidades, siempre que cumplan con ciertos requisitos, sin necesidad de actuar como organizaciones sin fines de lucro. Echeverría enfatizó que esta iniciativa se ajusta al artículo 68 de la Constitución, que garantiza la libertad de enseñanza, y subrayó que el Estado debe garantizarla y protegerla.
La Ley de Urgente Consideración (LUC), vigente desde julio de 2020, modificó disposiciones de la Ley General de Educación en relación con tratados y cooperación internacional. Estableció que la educación se concebirá como un bien público y que la cooperación internacional debe coadyuvar a los fines establecidos, sin reducir la educación a un servicio lucrativo. Este paso busca fortalecer el sistema educativo del país, promoviendo la calidad y apoyando la diversidad de opciones académicas.
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