En su informe, Diego García-Sayán dice que fue testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso de Jeanine Áñez pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva.
El relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogado de la ONU, Diego García-Sayán, presentó este lunes, 20 de junio, su informe a la asamblea de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), en el que confirma las alertas que ya se habían encendido en cuanto a la injerencia política en el sistema judicial de Bolivia. En el documento también se hace referencia al caso del juicio que recae sobre la expresidenta Jeanine Áñez.
“Existen dificultades en el acceso a la justicia y los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados”, reza el documento al que tuvo acceso EL DEBER.
En el informe de 20 páginas también se expone que el caso de la exmandataria pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva.
Recuerda que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana.
“Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud. El relator especial recordó que, en el caso particular de una huelga de hambre, esta obligación estatal se tenía que respetar escrupulosamente“, dice García-Sayán en referencia a la huelga impulsada por Jeanine Áñez durante su encierro en el penal de Miraflores y que se buscó frenar desde Régimen Penitenciario.
Tomando en cuenta los antecedentes que generan susceptibilidades por la situación de la justicia, García-Sayán es enfático al referir que se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país.
“Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Hay consensos favorables recogidos por el relator especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución”, reza la primera recomendación.
Por ello, es crucial que el énfasis en una justicia de esas características sea una política de Estado y que se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales, por lo que se debe considerar que la conveniencia y urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional al respecto y hacer un llamado a la sociedad e instituciones bolivianas a marchar en esa dirección.
El relator especial insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de
las detenciones preventivas. “Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Las detenciones preventivas deben ser excepcionales”, dice de manera rotunda.
En este sentido, corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal.
Con respecto a la crisis sociopolítica de 2019-2020, García-Sayán sugiere que el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Debe garantizarse la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar.
“El poder Ejecutivo podría preparar y presentar a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su aprobación expedita, proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata y zona sur producidas en 2019″, sentencia.
El informe también “insta al Gobierno a elaborar y dictar la legislación pendiente para el funcionamiento del órgano judicial (…) y disponer las reformas necesarias al Código Penal y Código de Procedimiento Penal en los temas particulares de prisión preventiva, para evitar su abuso”.
EL DEBER
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