Fiscales ineptos y cómplices del masivo robo de energía perpetrado por mineradoras de bitcoins

Fuertes cuestionamientos pesan contra los dos fiscales designados en Alto Paraná para intervenir en denuncias sobre supuestos hechos punibles de sustracción de energía eléctrica. Se trata de Julio César Paredes Duarte y Alcides Giménez, quienes habrían accedido a las funciones gracias al “cuoteo político” y con la principal finalidad de “recaudar” para sus padrinos políticos, según indicaron a periodistas de este medio fuentes fidedignas. Las actuaciones de ambos en el supuesto combate al robo de energía, perpetrado principalmente por mineradoras de criptomonedas, son deplorables, ya que no existen imputados, ni siquiera se incautan las máquinas usadas por los explotadores, por lo que, según técnicos y asesores legales de la ANDE, el trabajo de la Fiscalía es “una joda”, ya que garantiza impunidad a los dueños de estas empresas.

La intervención realizada el martes en el km 24 Monday de Minga Guazú, de una granja mineradora que robaba energía en grandes cantidades a la ANDE, evidenció una vez más la negligencia con que actúan estos citados agentes. Los intervinientes detectaron un suministro con conexión directa en media tensión que alimentaba a más de 364 equipos procesadores de criptomonedas.

El operativo estuvo marcado por la sugestiva demora del fiscal Alcides Giménez. Funcionarios de la estatal realizaban vigilancia desde el lunes, pero Giménez retrasó deliberadamente la acción, argumentando la falta de un “poder especial” para el allanamiento, una excusa inverosímil dada la naturaleza del delito de acción penal pública.

Los asesores legales de la ANDE, al plantear la denuncia y solicitar el allanamiento, peticionaron expresamente al fiscal la incautación de todos los equipos procesadores. Sin embargo, éste no accedió, lo cual fortalece las sospechas de que los dueños poseen fuertes “contactos” a nivel de la Fiscalía y el Poder Judicial. El fiscal Giménez, a pesar de la abundante evidencia y la presencia de un ex magistrado de nefastos antecedentes (abogado César Níder Centurión), actuó de manera sumamente tibia. Su postura aparentemente complaciente fortalece las sospechas de colaboración con los verdaderos dueños de estas operaciones, quienes permanecen en el anonimato.

Según fuentes fidedignas, ambos fiscales que intervienen en denuncias sobre supuestos hechos punibles de sustracción de energía eléctrica en Alto Paraná, fueron nombrados a base de “cuoteo político”, contando ambos con poderosos padrinos. En el caso de Julio César Paredes Duarte, este goza del respaldo de su hermano, Julio Rodrigo Paredes Duarte, director de coordinación ejecutiva en la Itaipu Binacional y con muchas influencias políticas en el partido de Gobierno.

Por su parte, Alcides Giménez habría contado con el apoyo del ex senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Fernando Silva Facetti, de muy polémicas actuaciones durante su gestión y quien habría conformado verdaderas roscas para recaudar, según fuentes confidenciales.

La negligencia de los mencionados fiscales es tanta que, hasta el día de hoy, no hay un solo imputado por sustracción de energía, pese a que las pérdidas para la ANDE son multimillonarias, entre G. 500 a G. 1.000 millones. El delito de sustracción de energía eléctrica es punible con hasta tres años de cárcel, según lo establecido en el Artículo 173 del Código Penal, sin embargo, para los agentes, aparentemente se trata de un delito bagatelario que no vale la pena perseguir penalmente. De hecho, los operativos solo se realizan por las fuertes presiones de la ANDE, desde la capital del país, ya que los jefes regionales de la estatal tampoco se muestran interesados en combatir a las granjas mineradoras que roban energía.

Estas granjas mineradoras son consideradas un cáncer en Alto Paraná, porque roban enormes cantidades de energía, afectando gravemente el sistema energético de la región. Es urgente que el Ministerio Público tome medidas concretas para enfrentar esta creciente amenaza y principalmente, coloque a agentes idóneos para la perseguir este delito y no personas susceptibles a aceptar el dinero sucio de los que operan al margen de la ley.