La ANDE realizó nuevas intervenciones tras detectar la existancia de conexiones clandestinas destinadas a la criptominería en los departamentos de Alto Paraná e Itapúa.
En el marco de las acciones que vienen siendo impulsadas para reducir las pérdidas eléctricas, la ANDE realizó nuevas intervenciones, con apoyo del Ministerio Público, en sitios donde fueron detectadas conexiones irregulares.
Una de estas intervenciones se desarrolló la semana pasada en el distrito de Puerto Domingo Martínez de Irala, departamento de Alto Paraná, en una propiedad donde contaban con un suministro con conexión directa sin medidor en Media Tensión.
El inmueble, ubicado en un camino vecinal en medio de grandes plantaciones, contaba en su interior con varios equipos para la minería de criptomonedas, actividad que requiere un consumo eléctrico elevado, motivo por el cual muchos optan por las conexiones clandestinas para evitar pagar sumas millonarias.
También la semana pasada, se realizó otro allanamiento en un establecimiento ubicado en el loteamiento La Esperanza de la ciudad de Cambyretá, departamento de Itapúa.
En dicho lugar, los funcionarios de la ANDE, acompañados por el fiscal Enrique Fornerón, hallaron igualmente un suministro con conexión directa sin medidor para la sustracción de energía eléctrica, abastecido por un transformador de 2.000 kVA. Así también, encontraron alrededor de 630 equipos destinados a la producción de monedas digitales.
La más reciente intervención se desarrolló el día de ayer en un predio ubicado cerca del Km 24 lado Monday de la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.
Acompañada por el fiscal Alcides Giménez, la comitiva de la empresa estatal constató la utilización de una conexión irregular para el robo de energía eléctrica, a fin de mantener operativa una granja de criptomonedas que funcionaba con más de 364 equipos procesadores, según el reporte.
En todos estos casos, los responsables detrás de las conexiones clandestinas se exponen a ser procesados por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, con sanciones que pueden ir hasta 3 años de cárcel, según lo establecido en el Artículo 173 del Código Penal.
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