Por incurrir en desacato judicial, el Tribunal Administrativo del Magdalena les impuso, al presidente y a la ministra de Cultura, una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales.
Por segunda vez en lo que va del mes, un tribunal colombiano, en este caso el Administrativo del Magdalena, ordenó este sábado un arresto domiciliario de dos días contra el presidente de Colombia, Iván Duque, y de la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, y les impuso una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales, por incurrir en desacato judicial.
“El Doctor Iván Duque Márquez, en su calidad de presidente de la República, y la Doctora Angelica María Mayolo Obregón, en su calidad de Ministra de Cultura incurrieron en desacato en razón del incumplimiento de la orden judicial(…) en consecuencia, se les impone a los citados funcionarios multa equivalente al valor de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes conmutables, con arresto domiciliario de dos días de arresto, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”, se puede leer en el documento, que reproducen las agencias Europa Press y Sputnik.
La orden se basa en el desacato al fallo de ese mismo tribunal que les ordenaba expedir el Decreto a través del cual se adopta el Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta, de conformidad con lo discurrido en la Ley 2058 de 2020.
También se ordena a la Procuraduría General de la Nación a que sirva a iniciar y adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar debido al incumplimiento de la orden judicial emitida por el juez constitucional.
La sentencia incumplida tiene fecha de 1 de junio de 2021 y fue confirmada por el Consejo de Estado el 24 de junio de ese mismo año.
La Comisión Preparatoria del Quinto Centenario de Santa Marta, a celebrarse en julio del año 2025, está conformada y tienen aprobado un reglamento interno.
Según el abogado Germán Sánchez Arregocés, quien presentó el documento de desacato ante la justicia, los funcionarios ignoraron un fallo que ordenaba al Gobierno expedir un decreto que adoptara medidas para la celebración del centenario de Santa Marta (norte), como lo establece la ley 2058 de 2020.
La causa por Parque de los Nevados
Esta no es la primera orden de arresto contra el presidente de Colombia. El último 2 de junio, el juzgado del Tribunal Superior de Ibagué (Centro) también dictaminó su arresto por el presunto desacato de sus responsabilidades en cuanto a la protección del Parque de los Nevados.
El parque natural, según la orden del alto tribunal de justicia, necesitaba un grupo de fuerza pública especial para su custodia y la orden debería darla el mandatario colombiano, algo que según la justicia no ha ocurrido.
“La orden solo puede acreditarse como cumplida cuando el Ejército Nacional o la Policía Nacional apoyen efectivamente en labores de campo en el territorio del Parque Nacional de los Nevados, con personal debidamente entrenado y la dotación logística que corresponde a este tipo de servicio”, aseveró el tribunal en la resolución.
El Parque de los Nevados fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia como sujeto de derechos a la vida, a la salud y ambiente sano el 25 de noviembre de 2020.
En esa ocasión, Duque presentó un pedido para “sancionar disciplinariamente” a los magistrados que ordenaron su arresto domiciliario.
La presidencia de Colombia radicó el 7 de junio una “queja disciplinaria” en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el órgano estatal encargado de investigar a los empleados judiciales, según informó la misma Comisión en su cuenta de la red social Twitter.
La “queja disciplinaria” es un mecanismo por el cual determinados funcionarios pueden poner “en conocimiento de la autoridad competente una presunta anomalía o irregularidad del comportamiento de los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones”, según sintetiza el propio Ministerio del Interior colombiano.
Al conocer la sentencia, Duque había afirmado que la prisión domiciliaria por cinco días por desobedecer una orden judicial es inconstitucional, acusó de “prevaricato” al juez que la decretó, y calificó la sentencia como una “decisión política sin soporte jurídico”.
TELAM
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