Ante los tribunales internacionales, ¿somos tan inteligentes de lo que en verdad somos?

El Tribunal de la Comunidad Andina emitió una sentencia en la que ordena a Bolivia cesar el cobro diferenciado de combustibles, porque vulnera los principios de: trato nacional, no discriminación y libre competencia. Principios que tienen el propósito de conceder a los demás países, el mismo trato que se otorga al nacional, generando así condiciones de competencia económica equitativa.

La semana pasada el Procurador, César Siles anunció que se dictó el Decreto 5106  disponiendo que los vehículos con placas nacionales o extranjeras utilizados para el transporte  de pasajeros y mercancías, obtendrán combustible al precio internacional establecido por la ANH, siempre y cuando estén registrados en el marco de la Comunidad Andina.

Inquirido a quemarropa sobre si “¿tenemos (…) que venderles gasolina subvencionada al transportista peruano?”, el procurador enfáticamente respondió que ¡No!. Según él, lo hecho es una medida innovadora y creativa, que no afectará a los transportistas bolivianos, porque no se tiene ninguno registrado en la CAN.

Mas allá del análisis exegético del texto del Decreto y si se ajusta a derecho; en los hechos, es inequívoco que el precio del combustible continuará siendo diferenciado.

Por lo delicado del asunto -ya que el tema de las subvenciones a los combustibles es de extrema sensibilidad en la política económica boliviana y porque Bolivia y Perú siempre tuvieron relaciones amistosas- deseo que lo hecho, no solo haya cumplido con lo dispuesto por el tribunal, sino que además haya sido elaborado con sindéresis, de buena fe  y sin triquiñuelas jurídicas.

Empero, no puedo negar que los adjetivos calificativos utilizados de “innovador” y “creativo” me causan angustia. Tengo malos recuerdos porque idénticos o similares términos se utilizaban cuando se informaba sobre lo hecho ante la Corte Internacional de Justicia. Así, Eduardo Rodríguez Veltzé y otros, proclamaban que la demanda marítima era una obra inédita, innovadora, algo digno de encomio, basada en el progreso del derecho internacional (actos unilaterales); y ni que decir sobre la defensa del Silala, pregonaron que eran dueños de la verdad, que demolieron históricos mitos, develados   a través de rigurosos estudios científicos.

Ante el fallo adverso, la responsabilidad no era de ellos, era de los miembros de la Corte que no entendieron la argumentación de avanzada. Dijeron que fueron incomprendidos, que hubo un razonamiento conservador, excesivamente legalista (parecían jueces), no analizaron los antecedentes y  evaluaron con umbrales elevados. En síntesis, no recibieron con aprecio sus méritos.

En el caso del Silala, justificaron diciendo que los jueces quedaron estupefactos, boquiabiertos, atónitos, incapaces de reaccionar; y por ello emitieron una sentencia que decide casi nada donde no hay ni ganadores, ni vencidos.

Es lamentable, pero algunos que nos representan ante los tribunales internacionales, olvidando cómo accedieron al cargo, extrañamente tienen la creencia que son más inteligentes, mas hábiles, mas astutos, de lo que en verdad son. Suponen que son los Messis del Derecho y que tienen un  juego de piernas y de cintura para regatear o gambetear. Al final dan un triste espectáculo, ya que los resultados son adversos, más onerosos y con consecuencias irremediables para los intereses nacionales.

En el caso Bolivia y Perú, además del cumplimiento de la sentencia sobre el cobro diferenciado de combustibles, están los estándares medioambientales exigidos por Perú al combustible cargado en Bolivia. Discrepancias que generan incertidumbre en los transportistas, que tienen que ser solucionadas, porque el transporte es para la economía, como la sangre es para el ser humano.

Al final, la judicialización de las diferencias no es la solución más adecuada. Le temo más a los abogados que nos representan, que al pleito.

Urge que actúe la diplomacia, se busquen soluciones amistosas dejando, por lo menos momentáneamente, la asistencia a las conferencias, encuentros multilaterales que  concluyen en meras declaraciones protocolares; y se ocupen de las relaciones vecinales, que son las que  inciden directamente en las políticas públicas e intereses nacionales.