Dos analistas políticos hacen una lectura sobre la actuación del Gobierno frente al líder de la Conaie. La posibilidad de diálogo revive.
La aprehensión de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), deja un ambiente de incertidumbre sobre las acciones posteriores desde sus partidarios y desde el Gobierno nacional.
Arturo Moscoso, abogado y politólogo, y Pedro Donoso, analista político, hacen una lectura sobre quién gana con la aprehensión del líder indígena, quien en reiteradas ocasiones se ha hecho eco de rol dentro de las protestas de octubre de 2019 y que, el 13 de junio de 2022 –24 horas antes de ser retenido–, organizó un nuevo paro nacional.
Un costo político
Moscoso considera necesario que el Gobierno de Guillermo Lasso “se muestre fuerte” frente a unas manifestaciones que han excedido el derecho a la protesta. “Lo que están haciendo es vandalismo, daño a bienes e impedimento de movilización”.
El politólogo señala que aunque le cueste políticamente a Lasso lo hecho con Iza, el Gobierno debe demostrar que no dejará pasar amenazas de desestabilización. “Iza ha dicho que su intención es bajarse al Gobierno”.
‘Movilización estaba debilitada’
Donoso manifiesta que el contexto y el tiempo de la detención de Iza juegan en contra de Lasso.
Primero – dice– es el contexto, ya que la aprehensión se da en medio de una incertidumbre social que ha debilitado la popularidad del Gobierno. Además, destaca que la retención del líder indígena se da en una situación “bastante ensuciada, donde se cuestiona incluso la legalidad de los hechos”.
Agrega que no era el tiempo para aprehender a Iza. “La movilización estaba absolutamente debilitada. No era un paro nacional, en verdad eran eventos esporádicos que al no tener el apoyo de los transportistas se iba a resolver en un corto plazo”.
Fortalece un movimiento separado
Ambos analistas coinciden en que existe una ruptura dentro del movimiento indígena desde la Conaie y su brazo político Pachakutik.
Sin embargo, Donoso considera que lo que pasó con Iza puede volver a unir al movimiento que estaba fragmentado. Es así que Marlon Santi, coordinador de Pachakutik; Lourdes Tibán, política; y el asambleísta Ricardo Vanegas, mostraron su rechazo a lo hecho por la Policía y exigieron la liberación de Iza.
Moscoso, en cambio, cree que hay un momento estratégico del Gobierno de dividir al movimiento indígena. “Hay un ala más radical y otra más conciliadora”.
La estrategia de Lasso ahora – señala Moscoso– debería enfocarse en pactar con los miembros del movimiento que cuestionan y están inconformes con la presidencia de Iza.
Los analistas advierten que esta situación servirá para la victimización de la imagen de Iza. “La estrategia del Gobierno debe ser mostrar a la gente y legitimar que hubo delitos y no que hubo una detención tomada al apuro”.
Peligro de radicalización
Sobre lo hecho por el Gobierno, no hay marcha atrás. Iza está en manos de la Justicia.
La labor de Lasso y su gabinete será prepararse para una posible radicalización de la violencia. “Ahorita un llamado al diálogo no va a ser recibido. Creo que no van a ser días buenos para el país”, dice Donoso, recordando que, la mañana del 14 de junio de 2022, Marlon Santi dijo que se estaba organizando una movilización hacia Quito.
Disturbios en Cotopaxi
Luego de su aprehensión, a las 01:00, del 14 de junio de 2022, Leonidas Iza fue llevado a flagrancia en Quito; pero retornó a Cotopaxi al mediodía para que un juez lo llame a una audiencia.
Cuando se conoció que el dirigente indígena estaba en Latacunga, cientos de manifestantes se enfrentaron a la Policía, a las afueras de la Fiscalía. Allí hubo enfrentamientos entre protestantes y la Policía Nacional, que usó gases lacrimógenos y denunciaron agresiones.
Durante la detención de Iza, el general Alaín Luna, titular de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional, le indicó que estaba detenido en «delito flagrante por haber violentado el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)». El delito al que se hace referencia es por sabotaje.
Esto contrasta con la versión de la defensa de Iza que manifestó que nunca se le leyeron sus derechos ni los motivos de la detención.
“La detención de Leonidas Iza es una apuesta peligrosa del Estado. Pero si ya lo hizo no debe retroceder”, Arturo Moscoso, abogado politólogo.
“El derecho a la protesta debe ser respetado siempre que sea pacífica (…) las protestas indígenas de los 80 y 90 no había ese nivel de violencia que ahora vemos”, Arturo Moscoso, abogado y politólogo.
“El Gobierno unió a un movimiento indígena que estaba fragmentado. Y eso es un tiro en el pie”, Pedro Donoso, analista político.
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