Cuando Felipe de Borbón se sentó en el trono, lo hizo con el convencimiento de que la monarquía debía “seguir prestando un servicio fundamental a España”. Pero para ello, había que mejorar la imagen profundamente desgastada de una institución manchada por los continuos escándalos –desde el caso Urdangarín a la cacería de Botsuana–. Ese fue uno de los grandes retos que asumió Jaime Alfonsín cuando fue nombrado jefe de la Casa del Rey. Pero ahora, el abogado del Estado dice adiós. A partir de febrero, la nueva sombra de Felipe VI será el diplomático Camilo Villarino. Comienza así una nueva etapa en una institución cuyo prestigio sigue sin despegar. Un cambio de ciclo que coincide, además, con la enésima cacería orquestada contra la reina Letizia.
La salida de Alfonsín era algo programado. El que durante tres décadas ha sido mano derecha del monarca –comenzó como jefe de la Secretaría del Príncipe de Asturias– consideraba que ya había llegado el momento de jubilarse. Pero ha preferido esperar a la mayoría de edad de la heredera al trono y a su jura de la Constitución para dar el paso. De ahí que su salida no fuera una realidad hasta el pasado viernes, cuando la Casa del Rey comunicó oficialmente el relevo de Alfonsín y su sustitución por Villarino. Hasta ahora director de gabinete del Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, quienes conocen al diplomático le definen como un tipo profesional y de perfil “conservador”, si bien eso no le ha impedido trabajar en gobiernos del PP y del PSOE.
La llegada de Villarino marca el comienzo de una nueva etapa para una institución que sigue sin ser capaz de alzar el vuelo. Es cierto que Felipe VI está mucho mejor valorado que su padre. Ahora bien, el prestigio de la Corona sigue siendo bajo. A finales de 2021, una encuesta del instituto 40dB para la Plataforma de Medios Independientes (PMI) puso de manifiesto que el nivel de confianza ciudadano en la institución se situaba en el 4,1 sobre 10. El dato reflejaba una ligera mejora respecto a la nota de la monarquía justo antes del aterrizaje de Felipe VI en el trono –3,72 en abril de 2014, penúltima vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó sobre este asunto–. Ahora bien, sigue muy lejos de los notables cosechados en la década de los noventa.
“El padre, en cierta medida, le dejó un trono envenenado”, apunta al otro lado del teléfono Luis García Tojar, profesor de Sociología y Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid. Los negocios oscuros del emérito han marcado, de hecho, buena parte de los últimos años de reinado de Felipe VI. Y si no se le ha enjuiciado ha sido, simplemente, por prescripción o inviolabilidad. Porque las irregularidades existieron. Así, por ejemplo, la Fiscalía llegó a cifrar en hasta 56 millones de euros el dinero defraudado por Juan Carlos de Borbón entre 2008 y 2012. Además, el monarca llegó a abonar alrededor de cinco millones de euros por cuotas adeudadas a la Hacienda Pública, lo que implicó el reconocimiento de tener una deuda pendiente con el fisco.
Los negocios del padre, de hecho, llegaron a poner al hijo en una situación comprometida. En plena pandemia, varios medios desvelaron que el propio Felipe VI aparecía como beneficiario de las dos fundaciones implicadas en los tejemanejes del emérito: Zagatka y Lucum. Al rey no le quedó más remedio que anunciar que renunciaba a la parte de la herencia de su padre “que personalmente le pudiera corresponder”, así como “a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad” pudieran “no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad”. El movimiento, sin embargo, se produjo un año después de que el jefe del Estado tuviera constancia de la existencia de Lucum.
Los escándalos acabaron provocando la salida de España del emérito, que se terminó instalando en Abu Dabi. Ahora, tres años y medio después de aquello, otra de las patatas calientes que tendrá que afrontar Villarino como nuevo jefe de la Casa del Rey es la relativa al futuro de Juan Carlos de Borbón, quien se ha negado a dar explicaciones o pedir disculpas por sus tejemanejes. Con las visitas del emérito cada vez más normalizadas, la institución deberá decidir si mantiene o suaviza el cortafuegos cavado alrededor del monarca, que a comienzos de enero organizó en su país de acogida una multitudinaria fiesta de cumpleaños que acabó convertida en un homenaje por todo lo alto a su figura.
Un problema al que se le añade, además, la ofensiva sin cuartel de los Jaimes –Jaime Peñafiel y Jaime del Burgo– contra Letizia Ortiz. Los ataques se iniciaron en los últimos compases del año pasado con la publicación del libro Letizia y yo (Almuzara), donde el veterano cronista recoge el testimonio del empresario y excuñado de la reina insinuando un supuesto romance con ella. “En mis visitas a Madrid siempre íbamos al cine los fines de semana Felipe, Letizia y algunos amigos. Letizia y yo siempre nos sentábamos juntos, cogidos de la mano. Eran instantes de felicidad”, sostiene Del Burgo en la obra. Poco después de la publicación del libro, una cuenta en redes sociales con el nombre del empresario comenzó a inflar la historia difundiendo selfies y supuestos mensajes que en su día le habría enviado la reina.
Una ofensiva que lejos de consumirse en el parón navideño ha continuado al inicio del nuevo año. Sin aportar una sola prueba, Peñafiel soltaba lo siguiente en relación a la maternidad de la reina en una entrevista en un programa de YouTube: “Dicen mis fuentes que Letizia tenía problemas para quedarse embarazada. Yo sé por otras fuentes que ella iba a Valencia donde se estaba tratando de problemas genéticos. Según mis fuentes, su hermana Erika cedió sus óvulos a Letizia para que pudiera embarazarse. No es malo ni extraño ni criticable. Al parecer, por eso Erika tenía pasión por las hijas de Letizia, porque eran sus medio hijas. Tanta pasión tenía Erika que Letizia le prohibió ir a Zarzuela y acercarse a esas niñas. Y ese fue el motivo por el que Erika se suicidó. Eso me dicen mis fuentes”.
Las palabras de Peñafiel, que ya no escribirá más en el diario El Mundo, han sido muy criticadas en redes sociales por el tufo misógino que desprenden. Pero la Casa Real, sin embargo, ha evitado entrar al trapo. Para los expertos en comunicación política es una situación complicada. Al fin y al cabo, si dan una respuesta para intentar cortar el asunto de raíz, darían eco a este tipo de mensajes. Y si no lo hacen, la bola de nieve puede seguir creciendo sin parar. “Casa Real nunca suele responder a este tipo de informaciones. Sólo lo ha hecho cuando afectaban judicialmente a varios miembros de la familia, y ni siquiera porque se limitaba a decir que el asunto estaba judicializado”, señala al otro lado del teléfono Ignacio Martín, experto en comunicación política.
Los expertos coinciden en que la Corona prefiere una “política comunicativa conservadora”. “Ellos cuentan con que habrá noticias negativas, pero esperan poder contrarrestarlas con otras positivas”, explica Martín. Pero García cree que sería más eficaz pasar al ataque. Al fin y al cabo, el asunto está ya en la opinión pública y la monarquía ya no tiene, como antaño, esa capacidad de controlar todo lo que se publica sobre ella. “Si Letizia ha sido difamada, lo normal es que ejerciera su derecho ante los tribunales, que se defendiera de ese tipo de ataques”, apunta el profesor de Sociología y Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid la Universidad Complutense de Madrid. Algo que, sin embargo, en la Casa del Rey siempre han evitado.
La nueva etapa en Zarzuela también estará marcada por la aprobación y entrada en vigor de la ley de amnistía con la que se quiere poner punto y final al procés, un otoño caliente que estuvo marcado, entre otras cosas, por el durísimo discurso del rey Felipe VI. Un monarca contra el que han cargado en los últimos meses los sectores más ultraderechistas, desde donde incluso se le ha llegado a exigir que no firme la futura norma de olvido jurídico, vulnerando así la Constitución. “Felipe VI cómplice del golpe de Estado a las urnas, a la democracia y a la voluntad de los españoles”, podía leerse hace unos meses en una manifestación convocada por Societat Civil Catalana y respaldada por el PP y Vox en Barcelona.
Habrá que ver, por otro lado, si se sigue profundizando en transparencia. Desde la llegada al trono del monarca, se han dado algunos pasos en esa dirección. En abril de 2022, hizo público el patrimonio del monarca, que entonces ascendía a 2,5 millones de euros. Y hace justo un año, la institución asumió nuevas reglas de contratación para adaptarlas a las que rigen en las administraciones públicas. Unas instrucciones que, sin embargo, dejaban fuera cuestiones como la contratación de bienes o servicios del entorno personal, los contratos derivados de la organización y funcionamiento del régimen interior de sus residencias o las “adquisiciones directamente relacionadas con actividades protocolarias y representativas”. Y también los contratos de compraventa, los relativos a servicios financieros o los convenios.
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