Los fiscales Omar Mejillones y Junior Flores hicieron una sumatoria de agravantes para justifcar el pedido de 15 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Añez y los exjefes militares, procesados por el caso del supuesto golpe de Estado II.
Señalaron que la entonces senadora actuó con dolo y que al cometer dos delitos se incrementarán los años de cárcel con la mitad de la pena por el cargo más grave: resoluciones contrarias a la Constitución Política y a las leyes.
“(Concurso real) El que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad (de la condena)”, señala el artículo 45 del Código Penal.
Añez y los exjefes militares fueron acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
La condena por el primer delito va de cinco a 10 años y de uno a cuatro para el segundo, por lo que la posible sentencia contra los acusados será con base en el tipo penal más grave. En ese sentido, y al haber solicitado la pena máxima -según la explicación de la Fiscalía- por existir “concurso real” o combinación de dos delitos, se sumarán otros cinco años a la pena solicitada, tal como lo establece el mencionado artículo 45.
El lunes, en la reanudación de la audiencia de juicio para ingresar a la etapa de los alegatos finales, el fiscal Omar Mejillones fue el primero en exponer los argumentos de la acusación contra Añez y los exjefes de las FFAA: Pastor Mendieta y Flavio Arce. Al final de su argumento, el fiscal solicitó al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz la pena de 15 años de cárcel y el pago de costas por daño económico al Estado.
Dicha condena también fue solicitada para el excomandante en Jefe de las FFAA, Williams Kaliman, y para el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, enjuiciados en calidad de rebeldes.
Acusan por dolo a Añez
La Fiscalía mencionó que, en complicidad con miembros del Comando en Jefe de las FFAA y oficiales de la Policía, Añez dio órdenes para impedir que asambleístas -en su mayoría del MAS- participen en la sesión 198 del 12 de noviembre de 2019, luego de la cual asumió la Presidencia.
Mejillones aseguró que Añez “se autoproclamó” luego de suspender la sesión, debido a que no existía el quorum reglamentario, además que no trató las renuncias de Evo Morales, Álvaro García, Susana Rivero, Víctor Borda y otros legisladores del MAS, quienes por instrucción de Adriana Salvatierra habían dimitido, como lo reveló Omar Aguilar, legislador de ese mismo partido en esa gestión.
“Son órdenes que han vulnerado los derechos políticos de 11 millones de bolivianos”, afirmó Mejillones. El fiscal sostuvo que Añez actuó de forma “dolosa”, debido a que al ser abogada y contar con una experiencia de 10 años como legisladora electa, conocía las normas que regían las convocatorias para las sesiones en la Asamblea, por lo que de forma deliberada infringió el protocolo.
Por su parte, el fiscal Flores señaló que los exjefes militares incurrieron en la omisión de sus deberes, al no defender el gobierno de Evo Morales. “Por eso establecemos que (en el caso de los miembros del Comando en Jefe) el no haber hecho absolutamente nada debe ser sancionado”, alegó.
Para Norka Cuéllar, abogada de la expresidenta Añez, el alegato del fiscal Mejillones se constituye en una “narrativa política” con la que pretende justificar una sentencia que -sostuvo- tiene los lineamientos del Gobierno. Sobre los argumentos de Flores, los calificó de “falsedades”, debido a que el fiscal omitió varias declaraciones que desvirtúan su versión.
Tercera audiencia
Se tiene previsto que hoy a las 14:00, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se reanudará la audiencia de juicio con la presentación de alegatos finales de las partes y darán lectura de la acusación particular los representantes de la Procuraduría y del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
Ayer el fiscal Flores concluyó su alegato y a continuación sólo se pudo escuchar el de la representante del Ministerio de Gobierno, Julisa Durán, a quien se le observó por citar elementos que no fueron admitidos como prueba.
La defensa de Añez también cuestionó el escándalo que protagonizaron grupos afines al Gobierno en puertas del tribunal, además de generar un ambiente de amedrentamiento y no permitían escuchar los alegatos.
Página Siete
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