Tres exjefes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) iniciaron ayer su comparecencia en el Ministerio Público en calidad de sindicados en el desvío millonario de recursos, registrado en el gobierno de Evo Morales, según documentos a los que tuvo acceso Página Siete.
De acuerdo con el “Informe General de Auditoría FAB y la documentación referida a los recursos generados por la venta de los lotes de terrenos ubicados en Tierras Nuevas, El Bajío y El Carmen de la provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, en la que se hace conocer la existencia de suficientes indicios de responsabilidad por la adecuación de la conducta de los denunciados a lo dispuesto por el Art. 153 del Código Penal e ilícito señalado en la Ley Nº 004 de lucha contra la corrupción”, refiere la demanda planteada por Iván Pérez Rojas, excomandante de la FAB.
El proceso fue denunciado por la FAB en 2018, tras una auditoría que detectó daño económico y desviación de recursos en diferentes mandos de esa fuerza militar. Sin embargo, en al menos dos ocasiones fue rechazada la demanda y ahora se busca reencaminar la investigación, según las partes del proceso a las que consultó Página Siete.
Según la querella, los excomandantes de la FAB Óscar Mariscal Arandia, Andrés Quiroz Rico, Luis Trigo Antelo y Edwin Marañón Gamboa fueron demandados por resoluciones contrarias a la Constitución. El primero falleció en 2021, motivo por el cual la Fiscalía citó sólo a los otros tres uniformados.
“Dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público a instancias de la FAB contra Andrés Quiroz Rico y otros por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, refiere una de las citaciones firmadas por el fiscal Gustavo Balderrama.
Marañón se presentó ayer a declarar en la Fiscalía; la comparecencia de Trigo se suspendió sin fecha; y Quiroz supuestamente no se presentó, según información a la que accedió este medio.
De acuerdo con la pesquisa, el gobierno de Hugo Banzer Suárez promulgó la Ley 1948 en 1999, en la que se autorizó a la FAB la venta de lotes de terreno ubicados en Tierras Nuevas, el Bajío y El Carmen, y con ese dinero debía adquirirse aviones.
“Los recursos económicos obtenidos conforme al artículo anterior, serán destinados exclusivamente a la adquisición de aviones de entrenamiento básico de formación de oficiales aviadores”, refiere el artículo 2 de dicha norma.
Sin embargo, una auditoría develó que los denunciados “emitieron resoluciones administrativas de la FAB, por las cuales dieron distinto fin a los recursos financieros obtenidos por la venta de los terrenos (…) y los mismos fueron utilizados para otros fines”. Los recursos que se habían conseguido por la venta de terrenos suman 1.281.810,99 dólares.
El procedimiento que hacia cada jefe militar era emitir una resolución administrativa y solicitar autorización a la Inspectoría General de la FAB para utilizar esos recursos en calidad de préstamo.
Según detalla la denuncia, Mariscal emitió la resolución 32/04 en mayo de 2004 para el desembolso de 227.202 dólares por concepto de pago a una empresa brasileña para el Ovehaul al motor Dart s/n 14692. En caso de que el proceso avance con la imputación, la investigación contra esta persona se extinguiría por fallecimiento.
Por su parte, Quiroz emitió la resolución 03/05 de enero de 2006 para recibir 91.610 dólares, a fin de hacer la cancelación a una empresa por la adquisición de repuestos.
En el caso de Trigo, él emitió nueve resoluciones entre 2006 y 2007 por las cuales se desembolsó diferentes sumas de dinero, algunas entre 13.847 y 66.666 dólares; los recursos se habrían destinado al pago de servicios de reparación de motores, compra de repuestos y un ítem cursa para “el pago de una cuota de acuerdo al plan de pagos a favor de la empresa EADS Construcciones Aeronáuticas SA Casa del Reino de España por la adquisición de aeronaves tipo Casa C-212-100 para Transporte Aéreo Militar”.
Por su lado, Marañón emitió tres resoluciones en 2009 por un monto aproximado de 114.243 dólares para el pago por concepto de adquisición de repuestos y la compra de aeronaves de entrenamiento Cessna A-152.
La FAB estableció que el uso del dinero proveniente de la venta de los terrenos “tuvieron distintas finalidades, menos las establecidas por ley”; en consecuencia, reportó como “SALDO FALTANTE 1.122.998,67 dólares”.
Ante esa situación, la dirección jurídica de la FAB concluyó que “existen suficientes indicios de responsabilidad y tomando en cuenta que, según la documentación presentada por el general Luis Trigo, dichos recursos hubieran sido utilizados para la reactivación de la capacidad operativa de la institución, que en esos momentos se encontraba en crisis, los excomandantes de la FAB han adecuado su conducta a lo descrito por el Art. 153 del Código Penal, siendo un ilícito que causa daño económico al Estado”.
Según la información preliminar que las partes del caso brindaron a este medio, los aviones de entrenamiento debieron comprarse con recursos de la venta de los terrenos; sin embargo, las aeronaves presuntamente terminaron adquiriéndose con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del programa Evo Cumple. En 2009, el gobierno de Morales dotó al Colmilav nueve aviones Diamond DA40 para la enseñanza de vuelo.
Otro caso de 2014
Proceso En 2014, un informe policial reveló al menos cinco irregularidades por las que dos excomandantes de la FAB, Luis Trigo (2007) y Gonzalo Durán (2015) debieron ser procesados por la compra con presunto sobreprecio de repuestos para aeronaves. El exfiscal Anghelo Saravia afirmó que su entonces superior, Ramiro Guerrero (fiscal general del Estado), lo obligó a cambiar reportes y no tomar en cuenta esos documentos por orden del expresidente Evo Morales. En esas fechas, Trigo ya fungía como embajador en Venezuela y Durán pugnaba por ascender a general, y luego asumió como comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Página Siete
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