Otra vez el fantasma de la nacionalización de vehículos ‘chutos’, ‘bárbaros’ o de los que ingresaron de forma ilegal al país, toma cuerpo. Debido a que el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, presentó el proyecto de ley para la legalización de los autos indocumentados.
En este sentido, Erick Saavedra, presidente de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), indicó que más de medio millón de autos indocumentados circulan en el país y que su nacionalización no es una solución al problema.
Saavedra remarcó que al daño económico por la evasión impositiva que ronda los $us 1.000 millones, se debe sumar el perjuicio al medioambiente que generan estos vehículos usados y viejos.
Para Luis Encinas, gerente de la CAB, es cuestionable que se quiera legalizar una actividad que daña al Estado e hizo notar que en la normativa que rige a senadores y diputados, en su artículo 5 se define que los legisladores deben elaborar proyectos de ley basados en principios de ética y observa el hecho de que un diputado quiera legalizar lo ilegal, lo que no es ético.
Encinas recordó que ya se realizó una nacionalización de vehículos indocumentados y la experiencia, a su criterio, fue desastrosa y por algo en el primer artículo de la Ley 133, de 2011, se dispuso que este programa de saneamiento era por única vez.
Sobre la compra de los vehículos ‘chutos’, Encinas sostuvo que si se respetaran las normas vigentes, el Código Penal, artículos 171 y 172, castigan al contrabandista por ingresar autos ilegales, pero también al que compra ese vehículo indocumentado.
“Se trata del delito de receptación, pues la persona al adquirir un patrimonio (auto) que es resultado de una ilegalidad promueve el delito al dar continuidad a la actividad delictiva y eso debe ser sancionado”, sostuvo Encinas, a tiempo de hacer notar que el artículo 131 del Código Penal también sanciona la apología pública, el decir que tener autos ilegales no es un delito.
Sobre el beneficio que puede significar la nacionalización de más de 200.000 vehículos, Encinas sostuvo que el Estado -por concepto de esta regulación tributaria- por única vez percibirá unos $us 280 millones, mientras que la demanda de combustible subvencionado será periódicamente de unos $us 250 millones al año.
En tanto que Roberto Ríos, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Bolivia, sostuvo que la nacionalización de los autos ilegales va a ser un golpe duro para el sector formal y para el Estado en cuanto al incremento en el consumo de combustible.
Sobre el proyecto de nacionalización, el diputado Roca justificó que se trata de una solución estructural y definitiva, pues a su criterio no se puede seguir negando la presencia de estos vehículos que oscilan entre las 300.000 y 500.000 unidades.
En cuanto al incremento del consumo de combustibles, Roca remarcó que en la actualidad estos vehículos ya consumen gasolina, pero lo hacen en un mercado negro, por lo que su legalización dejaría sin efecto estos actos de corrupción.
El Deber
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