La administración de Lasso, que el próximo 24 de mayo cumple su primer año, ha enfrentado al menos cinco masacres carcelarias.
La madrugada del lunes 9 de mayo se registró un nuevo motín carcelario en Ecuador. La situación tuvo lugar en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas y dejó un saldo de 44 reos muertos.
Con ello, ya son 64 los privados de libertad que han perdido la vida este año en el país suramericano en medio de motines, luego que a principios de abril otros 20 murieran en enfrentamientos ocurridos en el Centro de Rehabilitación Social Turi (CRS), ubicado en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en la provincia de Azuay.
En poco más de dos años, la cifra ya se eleva a más de 400 presos asesinados en este tipo de hechos. En 2020, en medio de la etapa más fuerte de la pandemia del coronavirus, fueron 46 y en 2021 fueron 316 —un incremento del 587 % respecto al año anterior—, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Solo durante la administración del actual presidente, Guillermo Lasso, quien cumplirá el próximo 24 de mayo un año en el Gobierno, se han registrado al menos cinco matanzas dentro de las cárceles. El 28 de septiembre de 2021 ocurrió la peor masacre carcelaria del país; los hechos tuvieron lugar en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas No. 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o ‘La Peni’, ocasionando la muerte de 122 personas.
Causas del último motín
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó que el motín del lunes ocurrió en el pabellón de máxima seguridad de la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde, tras los operativos de las fuerzas de seguridad, encontraron cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, 1.800 cartuchos calibre 2.23 y tres alimentadoras.
De acuerdo con el Gobierno, al igual que en la masacres anteriores, este amotinamiento fue la acción de una banda que busca el control del centro penitenciario, que se disputa con otro grupo.
El ministro del Interior, Patricio Carillo, detalló que este hecho que “fue una crueldad de una banda criminal que perpetuó los mismos hechos hace un mes en Azuay”.
En concreto, según el ministro, presos de Los Lobos ajusticiaron con armas blancas a los del grupo R7. El objetivo era Marcelo Anchundia, cabecilla de la banda.
Anchundia había sido trasladado recientemente a la prisión de Santo Domingo, gracias a un habeas corpus que le fue otorgado por un juez de Guayaquil. Según Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, su presencia en el recinto carcelario provocó la matanza.
Antes, Anchundia estuvo recluido en la cárcel del Turi; pero tras el enfrentamiento entre Los Lobos y R7 en esa prisión en abril, él y otros cabecillas fueron llevados a La Roca, en Guayas. Ahí solicitó la medida para que lo llevaran a Santo Domingo.
Más bandas
En la masacre que se registró en febrero de 2021, cuando hubo amotinamientos simultáneos en los CPL de Azuay No. 1, Cotopaxi No. 1 y Guayas No. 1, así como en el Centro de Rehabilitación Social Guayas No. 4. que dejó 78 reos muertos, el entonces Gobierno de Lenín Moreno alegó que se había tratado de enfrentamientos entre bandas por el control de las prisiones, indicando que se produjeron después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, quien era el líder de la organización criminal ‘Los Choneros’.
Respecto a la masacre ocurrida en septiembre, la peor del país, el SNAI señaló que se debió a “enfrentamientos entre bandas delictivas”, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que también fue motivado por la intención de las autoridades de trasladar a cabecillas de las pandillas a otros centros penitenciarios.
En el país, hasta el año pasado se habían identificado al menos seis bandas que se disputan el control de los centros carcelarios, que son: Los Choneros, Pipos, Tiguerones, Chone Killers, Lagartos y Los Lobos. Ahora se le suma el grupo R7, que ha sido definida por las autoridades como una “microbanda delictiva”, dedicada al microtráfico, robo y sicariato, que apareció en 2020 en Santo Domingo de los Tsáchilas, como resultado de la alianza entre Ángelo Javier, alias ‘Negro Ángelo’, y Anchundia.
Crisis estructural
Aunque los motines en las cárceles de Ecuador se han originado por enfrentamientos entre bandas criminales, organismos de derechos humanos han hecho hincapié en el deterioro del sistema penitenciario del país.
La CIDH, en su informe publicado en marzo pasado identifica varias causas, entre ellas:
- “La falta de control efectivo de los centros penitenciarios por parte del Estado”, y en consecuencia, que “el control intramuros se ha venido ejerciendo por parte de las propias personas detenidas”.
- La disputa por el control de pabellones y centros penitenciarios al interior por parte de diferentes bandas delincuenciales.
- La “insuficiencia de guardias penitenciarios de seguridad dedicados a la vigilancia y control de los centros”, y la falta de equipo, formación y preparación de estos.
La CIDH califica la situación como “una crisis penitenciaria de carácter estructural” y señala que entre los factores que la han generado está el “debilitamiento de la institucionalidad” y la disminución presupuestaria desde 2017 al sistema penitenciario. En detalle, especifica que el presupuesto fue de 153 millones de dólares ese año; 131 millones de dólares en 2018; 90 millones de dólares en 2019; 88 millones de dólares en 2020 y 54 millones de dólares en 2021.
Otros factores de esta crisis, según el organismo, son la corrupción, la falta de registro adecuado de los reos, el hacinamiento y “el uso excesivo de la prisión preventiva”.
En su informe, la CIDH también se refiere a la crueldad de las muertes en las cárceles. Por ejemplo, en la masacre de septiembre del año pasado dice que 88 cuerpos estaban completos, y los demás “presentaban diferentes tipos de mutilaciones —entre ellas, cuatro decapitaciones”; mientras que en la ocurrida el 12 y 13 de noviembre, también en el CPL Guayas No. 1, en la que se usó explosivos para hacer un hueco a uno de los muros de un pabellón de la prisión, “los cuerpos levantados por las autoridades estaban en muy malas condiciones debido a la violencia extrema a la que fueron objeto”, algunos de ellos “fueron desmembrados o mutilados; y los cuerpos y las piezas anatómicas fueron apiladas e incendiadas”.
Reformas
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció ante lo ocurrido el lunes en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Dijo que esta matanza, parte de una serie de masacres en Ecuador, muestra la urgencia de la reforma del sistema de justicia penal y del penitenciario en el país suramericano. Asimismo, recalcó la responsabilidad del Estado en las muertes en las prisiones.
“La responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes“, fue el mensaje de Bachelet, según un comunicado leído por su portavoz en una rueda de prensa en Ginebra.
En su comunicado, la alta comisionada también dijo que el Gobierno debe considerar una hoja de ruta que propuso “para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción”.
Acciones del Gobierno
Tras lo ocurrido en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas, una de la acciones de las autoridades ecuatorianas fue el traslado de seis privados de libertad, identificados como cabecillas de bandas criminales, a La Roca y la Penitenciaría del Litoral, ambas en Guayas.
“Esta respuesta merece una ratificación contundente de la administración de justicia para mantener el orden en el sistema carcelario”, dice un mensaje en Twitter del Ministerio del Interior.
Carrillo dijo que “hay que revisar los mecanismos de acumulación de penas y negar beneficios a los involucrados, y someterlos a un régimen disciplinario más exigente”.
El presidente Lasso, quien actualmente se encuentra de visita en Israel, comentó que no darán “el brazo a torcer ante las mafias”.
“Nuestro compromiso por recuperar el orden en las cárceles es firme”, añadió.
Durante su gestión y como parte de las acciones para frenar la crisis carcelaria, Lasso ha concedido indultos a algunos presos, con el propósito de reducir el hacinamiento en las prisiones. Según información proporcionada en febrero pasado, las cárceles del país tenían hasta entonces 34.821 presos, aunque la capacidad máxima instalada de las prisiones es de 30.169 plazas.
En febrero, Lasso presentó la Estrategia Nacional de la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social que, según las autoridades, hace énfasis en la promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Esta nueva política, que para su elaboración contó con la cooperación técnica de la oficina regional para América del Sur de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, contempla 12 ejes y más de 300 acciones en el sector de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros.
POR Edgar Romero G. / RT
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