Con información limitada sobre el tema e incluso desconocimiento por parte de algunos parlamentarios, ha generado dudas el anteproyecto de Ley de Creación de Aportes Solidarios para el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), que prevé descuentos de 0,3% hasta 3% a quienes ganen o tengan ingresos a partir de 2.164 bolivianos para sostener la Renta Dignidad que reciben los adultos mayores que no tienen una jubilación.
La publicación realizada por Página Siete, aunque no detalla quién es el proyectista, deja entrever que es una iniciativa del Gobierno Nacional.
El País contactó con algunos diputados y senadores de Tarija para ahondar en el tema, sin embargo, todos coincidieron que a la fecha no ha ingresado esta normativa al pleno legislativo para iniciar con su tratamiento.
El contenido del anteproyecto
Este anteproyecto de ley estipula aportes solidarios de todo trabajador o trabajadora dependiente, independiente y consultor. Por ejemplo, de un total ganado o ingreso cotizable de 2.164 a 4.000 bolivianos el trabajador deberá aportar 0,3%. Esto significa un descuento de 6,4 y 12 bolivianos en su ingreso.
Este porcentaje va hasta quienes perciban de 8.001 a 10.000 bolivianos. El aporte solidario sube a 0,5% para quienes ganan de 10.001 a 12.000 bolivianos, de 12.001 a 14.000 bolivianos y hasta 16.000 bolivianos.
La contribución crece a 0,7% para quienes ganan desde 16.001 a 18.000 y 20.000 bolivianos y sube a 1% para los que tienen ingresos desde 20.001 a 22.000 bolivianos. Se prevé un aporte de 1,5% para ingresos de 22.001 a 24.000 bolivianos y un 3% para quienes perciban recursos encima de los 24.001 bolivianos.
La iniciativa también obliga a la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) a transferir mensualmente al Tesoro General de la Nación (TGN), el 30% de los recursos que perciba por la venta de carbonato de litio y cloruro de potasio, con el fin de financiar el FRUV.
Además, dispone la incorporación de los parágrafos IV, V y VI al artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones de un nuevo texto: “Los operadores de telecomunicaciones que tengan un patrimonio igual o superior a 1.000.000.000 de bolivianos y tengan cobertura nacional, deben transferir mensualmente, como aporte solidario al FRUV, al menos el 10% de los recursos percibidos por la venta de servicios de telefonía móvil e internet del período anterior”.
Las críticas de la oposición
Para la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, este proyecto responde a una iniciativa del Movimiento al Socialismo (MAS), debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país y al Gobierno Nacional se le hace insostenible mantener bonos, que antes pagaba porque había una bonanza económica.
“Cada día está creciendo la deuda externa, también crece la deuda interna, y evidentemente por una cuestión de vigencia política el MAS necesita mantener estos bonos que han sido creados hace años atrás. El claro ejemplo que no hay un progreso en la economía nacional es este, porque ahora tienen que ser los trabajadores quienes van a tener que mantener la Renta Dignidad y seguramente se va repetir con los otros bonos”, manifestó.
Al respecto, el senador de CC, Rodrigo Paz, señaló que esta es una iniciativa compleja, porque no solo mediante ley va forzar aportes a los ciudadanos sobre sus ganancias, sino que también echa mano a las empresas de telecomunicación y a Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) que aún no genera aportes.
“Pero tenemos que considerar algo importante, porque en el presupuesto 2022 el Gobierno Nacional dispone de unos 78 mil millones de bolivianos para las empresas deficitarias y quebradas del Estado. Hay empresas estratégicas como YPFB en la que justifica, pero existen otras deficitarias que supuestamente deberían generar aportes que van a este tipo de rentas, pero contrariamente el Gobierno les tiene que inyectar recursos”, indicó.
Paz detalló que para pagar la Renta Dignidad en la gestión pasada se ha requerido más de 4.500 millones de bolivianos, los cuales tranquilamente pueden ser menguados al presupuesto de las empresas deficitarias, de 78.000.000.000 presupuestados para este año.
El MAS y la COD desconocen la propuesta
Respecto a este tema, el diputado del MAS, José Huanca, dijo desconocer esta iniciativa, ratificando que al Parlamento no hay ingresado ningún proyecto de ley. Enfatizó que este tipo de normativas debe ser manejado de manera responsable y ser socializado con diferentes sectores para evitar malinterpretaciones y rechazos.
Huanca dejó entrever que estos recursos estaban garantizados para pagarse año tras año, sin embargo, culpó al gobierno transitorio de Jeanine Añez de haber generado malversación de fondos dejando deudas pendientes al Estado.
“Nosotros como parlamentarios vamos a recibir y valorar todo tipo de iniciativas, pero viendo desde qué sector se están planteando las leyes y sus alcances. Este anteproyecto de ley para nosotros es una sorpresa, porque nos hemos enterado también a través de Página Siete”, mencionó.
Al consultar a la Central Obrera Departamental (COD), cuál es la postura que tiene respecto a esta iniciativa planteada para sostener la Renta Dignidad, el ejecutivo, Carlos León, evitó dar declaraciones sobre el tema.
Lo propio ocurrió a nivel nacional, cuando el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Gustavo Arce, informó que desconocen el anteproyecto de ley y señaló que la subcomisión de pensiones conformada para analizar el tema de pensiones no llegó a reunirse antes de definirse el incremento salarial.
En complemento, el senador de CC, Rodrigo Paz, reconoce que los bonos para los sectores más vulnerables se deben mantener, pero que el Gobierno debe ajustar su presupuesto y ver mecanismos de gestión para poder cumplir, y que esto no sea derivado a los gobiernos subnacionales o cargados a los trabajadores.
El País
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