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Jue. Nov 21st, 2024
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La ONG Grupo Búsqueda de Vehículos Robados (GBV) de Chile registró que entre 2021 y 2022 al menos 502 denuncias de vehículos robados en ese país y que fueron contrabandeados a Bolivia, de los cuales 112 motorizados están localizados en Santa Cruz. Además, el GBV determinó que el 90% de los autos están en poder de “autoridades”, entre jefes policiales, militares y políticos bolivianos.

Según datos del GBV, en 2021 se registraron 419 vehículos robados, y en 2022, 83 motorizados, todos se encuentran en distintos puntos del territorio boliviano.

“Para redondear la información podemos decir que son 112 vehículos (robados en Chile) que están localizados en Santa Cruz de la Sierra. Eso es una parte de los vehículos en general, porque hablamos que (el resto) están en distintas localidades: Uncía, Yapacaní, Oruro, Challapata, Potosí, en pueblitos del altiplano como Quetena Chico, Quetena Grande, Villa Mar y así le podría seguir nombrando un montón de lugares”, afirmó Hugo Bustos, fundador del GBV.

Desde Viña del Mar, en contacto con Página Siete, Bustos informó que en algunos casos se detectó una red de policías corruptos que tienen contactos con delincuentes chilenos, con los que se organiza el traslado de los motorizados desde Chile hasta Bolivia por pasos fronterizos ilegales, generalmente conectados a los salares de Coipasa, en Oruro, y Uyuni, en Potosí.

“De los 112 vehículos que están localizados en Bolivia, el 90% está en poder de policías, militares y autoridades”, dijo Bustos. Explicó que verificaron estos datos durante un año de trabajo, con ayuda de las víctimas, que en algunos casos llegan a Bolivia para hacer sus propias investigaciones. En lo que va de 2022, el GBV ya tiene 83 casos de motorizados robados y ubicados en Bolivia.

Mencionó que para avanzar con sus indagaciones mantiene contacto con policías “buenos” de Bolivia desde hace cinco años. Detalló que algunos policías bolivianos de mayor grado son corruptos y los “buenos” deben actuar de manera clandestina para alertar sobre aquellos uniformados involucrados en el contrabando de vehículos. Acotó que en algunos casos éstos están relacionados al narcotráfico, pues intercambian cocaína por vehículos internados de manera ilegal.

De esa manera, Bustos dio con la ubicación de un motorizado que fue robado en Chile y se encontraba a la venta en una feria en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz. Además, verificó que en el lugar habría al menos otros 10 vehículos robados en Chile y el resto eran de Argentina y Brasil. Reveló que jefes policiales estaban involucrados en la venta de los motorizados.

El equipo de la ONG y el canal de televisión de Chile Meganoticias develaron este caso sobre los autos robados en Chile. El medio chileno mostró cómo se realizaba la venta de vehículos indocumentados y robados, en complicidad con jefes policiales. Por este caso, el Ministerio Público imputó ayer al excomandante regional de Uyuni, Raúl Cabezas, quien tenía en su poder uno de los motorizados recuperados por GBV.

Hugo Bustos relató que fundó el GBV hace nueve años, mientras era parte de Carabineros de Chile. Luego de eludir la muerte -a raíz de un disparo que recibió en la cabeza que lo dejó en coma por varios meses- le concedieron la jubilación adelantada. Fue así que se dedicó de lleno al trabajo con el GBV, que ahora también opera en México y Bolivia, y en su último trabajo se sumaron víctimas de Argentina y Brasil.

La ONG tiene “informantes y colaboradores” en dichos países que, en algunos casos, son policías que le dan información para esclarecer casos de autos robados.

Red de corrupción

Febrero Según el investigador y responsable de la ONG Grupo Búsqueda de Vehículos (GBV), Hugo Bustos, el director regional de Diprove Santa Cruz, Rolando Téllez, destituido por supuesta complicidad con la venta de autos chutos, conocía el trabajo de su organización, debido a que el 3 de febrero de este año, Bustos le envió, vía WhatsApp, los documentos de un vehículo robado en Chile y la ubicación exacta del motorizado en Santa Cruz. En ese momento, el jefe policial no colaboró en la recuperación del motorizado y el dueño lo dio por perdido. Para el investigador, los niveles de corrupción en Bolivia se elevaron desde 2019.

Página Siete


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