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El Gobierno tiene razones para no considerar la baja de la Inversión Extranjera Directa en 2021 como un fracaso de su gestión.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, aseguró que la estrategia de atracción de inversiones del Gobierno está bien encaminada, aunque los efectos todavía no se sientan en la economía.

De acuerdo con el funcionario, durante los primeros 10 meses de gestión, se sentaron las bases para salir de las malas prácticas de los últimos 15 años.

La baja de la Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2021 tiene sus explicaciones; y se detallan en las respuestas a una entrevista con Diario La hora.

P: ¿Es real la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Ecuador durante 2021, como publicó este diario en una nota del pasado 11 de marzo de 2022?

La caída es real hasta el tercer trimestre porque todavía no tenemos información cerrada de todo el año. Colombia recibió casi $7.100 millones, Perú llegó a $4.600 millones y Ecuador se quedó en $493 millones.

Ahora, lo que no podemos decir es que esa caída representa un fracaso de la política de inversión extranjera del Gobierno actual.

Primero, porque es información hasta el tercer trimestre del año pasado. En el mejor de los casos, toma solamente un trimestre desde que iniciamos el Gobierno. Un periodo muy corto para poder analizar un efecto real de la política de atracción de inversiones o para marcar una tendencia y decir que Ecuador se ha vuelto más riesgoso que antes.

Segundo, porque Colombia y Perú tuvieron una caída del 50% hasta el 90% en la IED durante 2020; mientras Ecuador, en ese mismo año, tuvo un aumento hasta llegar a más de $1.000 millones gracias a un proyecto puntual (minería). En 2021, regresamos al nivel normal de Inversión Extranjera Directa que ha tenido el país.

P: Durante los últimos meses de 2021 se hicieron anuncios de millones en nuevos contratos de inversión ¿Eso no debería reflejarse en las cifras de Inversión Extranjera Directa?

Es cierto que logramos cerrar el año pasado, hasta diciembre de 2021, con el nivel más alto de firma de contratos de inversión en la historia del Ecuador. Nunca habíamos tenido $2.200 millones en esos contratos.  Esto supera a cualquier otro período reciente de la última década desde que se creó esa figura.

Sin embargo, esos $2.200 millones no ingresan inmediatamente en la economía, porque depende de los plazos acordados con los inversionistas, los cuales van desde uno hasta 10 años. Además, no solo es Inversión Extranjera Directa, sino también inversión local.

A través de un contrato de inversión, el Estado le otorga a la empresa unos beneficios de estabilidad tributaria en el largo plazo; que no le van a cambiar las condiciones a cambio de que realice su inversión de forma priorizada durante los próximos años.

P: ¿Considera que están equivocadas las lecturas sobre que Ecuador sigue siendo riesgoso para las inversiones?

Estamos tratando de cambiar, en 10 meses escasos de Gobierno, una realidad de 15 años en Ecuador. Todo lo que estamos viendo actualmente, incluso en las cifras, es un rezago de lo que hemos tenido en el pasado.

Estamos buscando más acuerdos comerciales; tratando de firmar Tratados Bilaterales de Inversión (TBI); hemos regresado al Ciadi. Además, proyectamos un discurso amistoso y amigable con la inversión extranjera, desde el presidente Lasso hasta el último miembro del gabinete.

P: ¿Esos elementos son suficientes o qué realmente están buscando los inversionistas?

Sabemos que no es suficiente. Es decir, un inversionista que viene a Ecuador no se casa solo con el Gobierno de turno, sino que espera quedarse por 10, 15, 20 y hasta 50 años.

Se necesitan varias cosas. Por ejemplo, un entorno macroeconómico estable, unas finanzas públicas saneadas donde no exista riesgo de desdolarizar.

No olvidemos que la noche antes de la elección, todo el mundo pensaba que al día siguiente íbamos a desdolarizar. Ganó el presidente Lasso y no hemos vuelto a conversar una sola vez sobre esa posibilidad. Eso es estabilidad, seguridad jurídica.

En el entorno macro hemos pasado una ley tributaria y fiscal que pone en orden la economía. Estamos tratando de pasar una ley de inversiones. Esa ley tiene tres elementos muy fuertes: reformas en el mercado de capital (bolsa de valores), reformas en las Alianzas Público- Privadas (APP) y reformas en las zonas francas. Estos elementos deberían permitir tener un marco, una seguridad jurídica que no ha existido antes en el Ecuador para apuntalar el dólar y atraer más inversiones de todo tipo.

P: ¿El gobierno tiene un plan alternativo en caso de no aprobarse la Ley de Inversiones?

Si es que llega a darse el caso en el cual la ley de inversiones es rechazada, archivada o mutilada, tendremos que seguir avanzando desde el Ejecutivo, sin el apoyo de la Asamblea.

Hay unas metas que tenemos de empleo, de atracción de inversiones, de crecimiento económico, las cuales seguramente se verán afectadas.

Eso de ninguna forma nos va a frenar. Con leyes o sin leyes, hemos logrado firmar una cantidad importante de contratos de inversión que no dependen de la Asamblea. También una serie de proyectos de alianzas público-privadas que suman $30.000 millones.

Seguiremos haciendo también dos cosas. Por un lado, apertura comercial; y por otro, los eventos locales e internacionales llamados Ecuador Open for Business. Es decir, toda una estrategia de promoción de inversiones que no dependa de lo que decida un político u otro.

P: En el caso de los contratos de inversión, ¿se apunta a superar las cifras de 2021?

Antes, el proceso hasta la forma de un contrato de inversión podía durar tranquilamente más de un año y medio. El año pasado revisamos 63 contratos de inversión y los sacamos en menos de seis meses. En este mismo momento, estamos revisando 200 contratos de inversión que podrían sumar más de $4.000 millones para firmarse en 2022. El 55% de esos contratos son de empresas internacionales.

 

En los últimos 15 años, el promedio de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Ecuador ha sido del 0,7% del PIB. En la región, el porcentaje promedio es del 2,2% del PIB.
La figura de los contratos de inversión aplica para cualquier proyecto nacional o extranjero de $1 millón o más.

 


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