Los Ríos, Guayas y Manabí son las provincias más afectadas por la ola de violencia.
La Policía Nacional de Ecuador informó este sábado que, tres semanas después de haber comenzado el año, el país ya contabiliza 180 crímenes violentos, cifra muy superior a los 75 que se reportaron en igual periodo de 2021.
De acuerdo con el cuerpo armado, las provincias de Los Ríos (centro), junto a Guayas y Manabí (oeste) son las más afectadas por la ola de violencia, principalmente en hechos ligados a la modalidad del sicariato.
Por otro lado, durante el pasado año la nación suramericana tuvo una tasa de 13.13 homicidios por cada 100.000 habitantes, índice que expertos valoran como el peor de los últimos 10 años.
Esta estadística toma en cuenta más de 320 asesinatos ocurridos en las cárceles. Durante 2021 se agudizó la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano.
La ciudad de Guayaquil (provincia de Guayas) y los vecinos cantones Durán y Samborondón sobresalen como las áreas más golpeadas por la violencia, además de Quito, la capital del país.
Medios locales informan que en lo que va del 2022, en el área de Guayaquil, Durán y Samborondón suman 72 muertes violentas (en todo enero de 2021 se reportaron 29), de las cuales 33 sucedieron en Guayaquil.
En recientes declaraciones a medios de prensa, el viceministro del Interior, coronel Max Campos, consideró que detrás de muchos de los homicidios se hallan los ajustes de cuentas, vinculados con el narcotráfico y las disputas entre grupos del crimen organizado por el control de territorios y economías ilícitas. Otra significativa cifra de homicidios se asocia con asaltos que terminan en muerte violenta.
El funcionario precisó que durante 2021 se incautaron 210 toneladas de droga y que el tráfico de estas sustancias aumentó, entre otras cuestiones, por la porosidad de las fronteras y porque el crimen organizado trasnacional aprovechó la emergencia sanitaria provocada por la pandemia para incrementar su producción y trasiego.
Campos consideró que en el corto plazo hay que acometer acciones de mitigación de esta situación y a largo plazo hay que fomentar una cultura de legalidad y paz, aunque no precisó de qué estrategias se valdrá el Gobierno del presidente Guillermo Lasso para hacerlo y revertir la situación de inseguridad.
Hasta el momento, el Ejecutivo ha accionado a través de decretar estados de excepción, reforzar controles policiales y encargar a las Fuerzas Armadas que apoyen en velar por la seguridad en las calles, pero sin obtener los resultados esperados.
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