La Justicia ordenó al Gobierno provincial de Salta mejorar las condiciones de acceso a la salud para niños y niñas indígenas y sus familias.
Las comunidades wichí de Salta, al noroeste de Argentina, viven desde hace muchos años en un estado de abandono permanente. Pero en verano, cuando la temperatura ronda los 40 grados, la histórica falta de agua potable en la zona refleja con mayor claridad la desidia y la falta de respuestas de parte de los distintos gobiernos.
Entre el martes y el viernes de esta semana, fallecieron dos bebés de 9 y 11 meses, ambos con cuadros de diarrea y deshidratación. Un drama evitable que se repite cada año. De hecho, de acuerdo a una demanda de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, más de 170 niños y niñas de hasta cinco años de las comunidades originarias fallecieron en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín entre enero de 2020 y junio de 2021.
Recientemente, la justicia salteña le ordenó a la Administración provincial mejorar las condiciones de acceso a la salud para niños y niñas indígenas y sus familias, en los departamentos donde hace ya dos años se declaró la emergencia socio-sanitaria en dichos distritos y en Salta capital.
El fallo ordena al Poder Ejecutivo salteño designar facilitadores y facilitadoras interculturales de las comunidades indígenas en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia, y a garantizar albergues de tránsito para los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.
En el texto de la sentencia, el tribunal sostiene que las comunidades “son discriminadas sistemáticamente, y por ello enfrentan graves obstáculos en el acceso al derecho a la salud”.
La justicia también se refiere a la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial N° 7856, sancionada en 2014, que ordena crear una red de apoyo sanitario, intercultural e interinstitucional para pueblos originarios. El fallo respondió a una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización integrante del colectivo Infancia en Deuda, y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma.
Según información oficial, al menos 7.543 niñas y niños de hasta cinco años que residen en la región se encuentran en estado de riesgo nutricional. Además, los fallecimientos están lejos de disminuir: según el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 infantes en 2020 y, en el transcurso de los primeros seis meses de 2021, hubo 64 casos.
A todo esto se suma la vulnerabilidad de los adolescentes de este pueblo, principalmente las mujeres. El fin de semana pasado, después de buscarla durante tres días, encontraron muerta y escondida entre arbustos a Julia Pamela Flores, una niña de 12 años que habría sido previamente abusada en la localidad salteña de Pluma del Pato.
Por el hecho, fueron detenidos dos hombres menores de edad pertenecientes a la misma población wichí.
El cuerpo fue descubierto por un vecino de la Misión Wichí Kilómetro 2. Si bien falta conocer los resultados de la autopsia, la familia denunció que la niña fue encontrada con signos de violencia y una herida de arma blanca.
En septiembre del año pasado, una fiscal de la ciudad salteña de Tartagal inició de oficio una investigación penal en torno a la posible comisión de delitos de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de víctimas menores de edad, integrantes de la comunidad wichí de General Mosconi.
En Salta residen aproximadamente 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable, reseñó ACIJ.
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