La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) urge a las autoridades a investigar los hechos y a establecer medidas eficaces de protección para la prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este miércoles (19 de enero de 2022) a las autoridades de México y de Honduras a investigar con celeridad los móviles detrás de los asesinatos de tres reporteros en días recientes, y lamentó la falta de eficiencia de los sistemas de protección y seguridad para periodistas.
En México, Margarito Martínez, de 49 años, fotorreportero independiente que trabajaba para varios medios nacionales e internacionales, fue asesinado a tiros el lunes pasado (17 enero) cuando salía de su domicilio en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California.
En ese mismo país, José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, fue atacado el 10 de enero con un arma punzocortante durante un supuesto asalto en el puerto de Veracruz.
En Honduras, Pablo Isabel Hernández Rivera, de 34 años, activista y periodista, fue asesinado por la espalda cuando se dirigía a la iglesia en San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, el 9 de enero.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, con sede en Miami (Florida, EE.UU.) transmitió en un comunicado sus condolencias a las familias y colegas de las víctimas de estos crímenes perpetrados contra los comunicadores.
«Nos alarma la indefensión que padecen los periodistas ante la violencia. Instamos a las autoridades de ambos países a investigar con profundidad para establecer sanciones a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos, y conocer si tuvieron como móvil la actividad periodística», dijo Canahuati.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, condenó «estos nuevos crímenes que reflejan la falta de justicia que rodea a la mayoría de los asesinatos contra periodistas en países donde existen mecanismos de protección que debieran ser eficientes para prevenir este tipo de delitos».
Jornet reiteró que la SIP viene solicitando a los Gobiernos de ambos países que revisen los protocolos de los sistemas de protección, ya que «estos parecen ser insuficientes e ineficientes».
Días antes de su asesinato, Martínez temía represalias de grupos criminales y había solicitado su incorporación al mecanismo estatal de protección para periodistas, luego de que un ex policía lo acusara de ser editor de dos páginas de Facebook dedicadas a la publicación de crímenes.
Sobre el crimen de Gamboa, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, consideró que podría estar ligado a su labor periodística. En su canal en YouTube, Gamboa entrevistaba a políticos y publicaba denuncias locales.
El cadáver de Gamboa fue identificado por la familia el 14 de enero.
En Honduras, Hernández Rivera trabajaba como director y periodista de la radio comunitaria Tenán 94.1 F.M, «La Voz Indígena Lenca», y había denunciado amenazas en su contra.
Hernández Rivera también era coordinador de comunidades eclesiales e impulsor de la Universidad Indígena y de los Pueblos, entre otras actividades.
Canahuati y Jornet reiteraron el llamado urgente de la SIP a «reforzar los mecanismos de protección para que puedan cumplir con eficacia su misión de reducir los ataques contra los periodistas y garantizar su seguridad».
Estos tres asesinatos en México y Honduras se suman a los de los reporteros Wilguens Louissaint y Amady John Wesley, asesinados el 6 de enero en Haití cuando cubrían un enfrentamiento entre pandillas.
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