El gasto supera los $800 millones anuales. El recorte de personal, desde 2019, llega al 12%. Las entidades en liquidación tienen 469 personas.
En 13 empresas públicas activas y 5 en liquidación, la nómina totalizó 29.165 funcionarios con corte al 14 de enero 2022. En 2019, antes de la llegada de la pandemia, esa nómina llegaba a 33.507 personas.
En otras palabras, el recorte es de alrededor de 4.342 burócratas, o el 13%, en los últimos 3 años. El gasto en sueldos por este concepto superó los $814 millones durante 2021; pero una parte de ese valor está relacionado con las indemnizaciones por despidos o desvinculaciones, sobre todo el empresas en proceso de liquidarse.
Esos procesos han ido a un ritmo más lento del que se proyectaba en mayo 2020, cuando el ex presidente Lenín Moreno emitió varios decretos ordenando el cierre de las entidades más ineficientes y con más pérdidas acumuladas.
En esas entidades apenas se ha podido cubrir $4,9 millones de los más de $400 millones en deudas y otros pasivos. La nómina, en algunos casos, sigue siendo alta porque los recursos son escasos para ir cerrando todas las obligaciones pendientes.
Petroecuador y CNT tienen las nóminas más grandes
Entre las 13 empresas públicas activas, Petroecuador mantiene la nómina más grande. En total, la petrolera estatal tiene 9.780 funcionarios. El 99% de ese monto son contratos con nombramiento permanente, donde las vinculaciones más antiguas datan de 1978.
Desde el 1 de enero de 2021, la nueva empresa fusionada (entre Petroecuador y Petroamazonas) empezó a operar. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado el estudio técnico ofrecido para establecer el tamaño óptimo de la entidad.
Tampoco se cumplió con el supuesto mecanismo despolitizado para escoger a los directores y gerentes de área. El presidente Guillermo Lasso dispuso, dentro de la política petrolera emitida en julio de 2021, que una consultora independiente seleccionará a los mejores perfiles para esos puestos. Pero, a finales del año pasado, a través de decreto ejecutivo, se dio marcha atrás a esa disposición.
En segundo lugar, por el tamaño de la nómina, está la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Esta empresa, que se ha visto involucrada en escándalos por cobros injustificados, hackeo y hasta la mala calidad del servicio, tiene 7.166 funcionarios.
El 77% de los contratos son indefinidos y permanentes; los más antiguos datan de 1984. La venta de esta empresa, aunque se anunció varias veces en el anterior Gobierno de Lenín Moreno, está descartada a mediano plazo.
En tercer lugar, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) mantiene 6.066 empleados. De ese total, 5.324 tiene contratos permanentes o indefinidos, donde las vinculaciones más antiguas son 1974.
Esta entidad está involucrada en el último escándalo de cobros excesivos en las planillas durante 2021; además acumula varios informes de Contraloría sobre obras inconclusas, mal ejecutadas o con sobreprecio.
En cuarto lugar, se encuentra la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), con una nómina de 4.032 personas. De ese total, el 83% tiene contratos permanentes o indefinidos.
Otras empresas como Flopec, la estatal de Agua Potable (EPA), o los Astilleros Navales, tiene más de 300, pero menos de 500 empleados cada una.
469 personas están todavía en nómina de las empresas en liquidación
Los procesos de liquidación son, en muchos casos, engorrosos y poco claros. A la fecha, en cinco empresas en trámite de cierre, todavía existen 469 funcionarios en nómina.
Tame, que fue la línea aérea del Ecuador por varias décadas, tiene 105 personas en su listado. Esta entidad tiene problemas para vender los pocos activos que tiene disponible; y el dinero para las liquidaciones escasea.
Por otro lado, aunque ya inició operaciones la nueva entidad bajo el nombre de Servicios Postales, en la nómina de Correos del Ecuador todavía están 177 funcionarios. Diario LA HORA ha consultado al ministerio de Telecomunicaciones como avanza el proceso de cierre, pero no se ha podido obtener respuesta.
En el caso de Ferrocarriles del Ecuador, cuyos activos recientemente pasaron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la lista de empleados llega a 77. Se anuncia que se buscará que todo pase a manos privadas en 2022, pero todavía no hay claridad de cómo se logrará ese objetivo.
Asimismo, la ex empresa de Medios Públicos también mantiene en nómina a 58 personas; pero todavía persisten retrasos en el pago de liquidaciones y otras deudas que se mantienen con proveedores.
Finalmente, en la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) se tiene a 52 funcionarios en el listado de empleados. En los últimos meses sectores como el arrocero, o incluso organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), han pedido que se rehabilite esta empresa para ayudar a los productores agrícolas afectados por los bajos precios.
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