De cada $100 gastados, $25 se pierden en procesos fraudulentos, al año. Las entidades públicas planifican mal sus contrataciones y los procesos engorrosos facilitan las irregularidades.
En los últimos cinco años, se ha gastado un promedio de $6.000 millones en compras públicas. Sin embargo, alrededor de $1.500 millones se pierden en procesos fraudulentos e ineficientes.
En otras palabras, de cada $100 contratados, al menos $25 terminan destinados a favorecer negociados, contratos sin beneficio para el Estado, y el despilfarro de recursos públicos en medio de un país en constante crisis económica.
Estos $1.500 millones malgastados representan cubrir más de dos veces lo que se necesita para rehabilitar la red de escuelas públicas en todo el país; o para financiar 24 veces los insumos y medicamentos que necesita un hospital grande como el Carlos Andrade Marín.
Durante el foro ‘Ecuador Open for Business’, el ministro de Producción, Julio José Prado reconoció que las compras públicas fraudulentas suman esos millonarios montos; pero aseguró que se están trabajando con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para solucionar el problema.
Sin embargo, Rocío Marín, economista e investigadora en temas de compras públicas, comentó que el actual Gobierno se ha llenado de discursos y buenas intenciones, aunque no se ve una ruta clara ni acciones concretas para ir frenado el despilfarro y que se adquiera lo que realmente se necesita.
“El sistema de contratación es engorroso, poco práctico y permite múltiples resquicios para la corrupción. La mala gestión en las compras no solo significa perder dinero, sino incluso también pérdidas de vidas, en el caso de la falta de provisión de medicamentos en los hospitales”, dijo.
Las promesas de mejora y más agilidad en el sistema se vienen dando desde el Gobierno de Rafael Correa, sin embargo, las pérdidas continúan.
Prensa Mercosur consultó al Sercop sobre los puntos críticos de corrupción y despilfarro que se han detectado; y cómo se está trabajando para revertir la situación; pero, hasta el cierre de esta edición no se obtuvieron respuestas.
Nadie se hace responsable
Durante una entrevista televisiva, el subdirector del Sercop, Luis Alberto Andrade, aseguró que la institución no es responsable de la creación de los procesos de compras; y solo se limita a cumplir lo que dicen las leyes vigentes.
De acuerdo con el funcionario, uno de los principales problemas es que la mayoría de las instituciones públicas planifica mal las contrataciones necesarias para cada año.
Esa mala planificación abre la puerta a la deficiente ejecución de los presupuestos y el despilfarro.
“Yo quiero creer que es impericia o ineptitud. No sabemos si hay otros temas adicionales a ello”, acotó
Por su parte, desde ministerios, hospitales, empresas y entidades públicas, se argumenta que los mecanismos de contratación, incluyendo las aprobaciones, son lentos y se mantienen figuras que facilitan la corrupción.
Así, por ejemplo, se apunta a que es excesiva la existencia de ocho etapas o pasos para las compras. Incluso, el gerente encargado del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Andino, ha puntualizado que detrás de modalidades como la llamada subasta inversa se encubren prácticas como que un mismo proveedor pueda participar a través de ocho empresas.
Marín recalcó que a todo esto se suma que, a pesar de los avances en el establecimiento de bases de datos abiertos para cierto tipo de contrataciones, la mayor parte del sistema todavía tiene vacíos que permiten la discrecionalidad y la poca transparencia.
El sector de la salud describe el caos en la contratación pública
Actualmente, el nivel de abastecimiento de medicinas ha caído del 69% al 52% en todo el sistema de salud pública.
Esta realidad es el resultado directo de un sistema sin controles efectivos y donde la ejecución de los presupuestos en algunos casos no llega ni al 20%.
Daniel Rodríguez, gerente general del hospital Carlos Andrade Marín, ha cuestionado que existan “muchas mañas” en todo ese sistema.
Por ejemplo, se han denunciado prácticas como la llamada entrega circular, donde el proveedor de medicinas o insumos supuestamente desembolsa la mitad del pedido en la tarde; sin embargo, en la noche del mismo día saca los productos y al día siguiente los vuelve a entregar, como si estuviera cumpliendo con la totalidad del contrato.
Estas irregularidades se magnifican también por la falta de tecnología que permita rastrear efectivamente el destino de los insumos que se compran.
Al inicio del actual Gobierno, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, anunció varias medidas correctivas; pero no hay información de que se las esté aplicando y cuáles son sus resultados.
La regularización completa del abastecimiento de medicinas se ofrece recién para marzo de 2022.
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