Judicatura, uno de los culpables de la crisis carcelaria

El abuso de la prisión preventiva y muchos privados de la libertad sin sentencia están entre las causas del hacinamiento y crisis carcelaria en general.

Para este 8 de noviembre a las 16:00 está previsto que se realice el debate y la aprobación del Informe de la investigación sobre la crisis carcelaria, inseguridad ciudadana y seguridad en las fronteras.

El documento, que contiene 53 conclusiones y 74 recomendaciones, dirigidas a diferentes entidades del Estado, de acuerdo con Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea, quien destaca que se trata de una “radiografía” de varias instituciones públicas y su falta de acción frente a la inseguridad por la que atraviesa el país.

La principal conclusión del informe, dice Narváez, es que el Estado le ha dado la espalda al Sistema de Rehabilitación Social. Esto, comenzando por la estructura inadecuada de la máxima entidad que regula el tema carcelario: el Directorio del Organismo Técnico.

Por ejemplo, Narváez explica que la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y los ministerios de: Deporte, Educación, Cultura, inclusión Económica y Social, Salud, entre otros, “han incumplido sus competencias en el proceso de rehabilitación social”.

Esto ha generado hacinamiento en las cárceles, infraestructura inadecuada, pérdida de soberanía al interior de los Centros de Rehabilitación Social, entre otras graves consecuencias que destaca Ramiro Narváez, por lo cual el informe concluye en que el Estado no tiene una política pública para generar un proceso de rehabilitación social adecuado.

“Las condiciones al interior de las cárceles son terribles, hay una violación de Derechos Humanos permanente; no hay agua, medicinas, ni programas, actividades o profesionales que garanticen un proceso de rehabilitación adecuado”, agrega Narváez y enfatiza en que esto representa una amenaza constante para la seguridad del Estado porque quienes salen de la cárcel tienen una alta probabilidad de volver a cometer delitos.

A esto se suma la inacción por parte del Sistema de Judicial del país. El informe determina que ha habido un abuso de prisión preventiva, porcentaje alto de presos sin sentencia, falta de beneficios penitenciarios (por varios motivos) porque no se cuenta con jueces de garantías penitenciarias y defensores públicos que tramiten estos procesos.

“El Consejo de la Judicatura es responsable de garantizar la eficiencia y eficacia del sistema judicial y no lo ha hecho. Esta es una de las instituciones responsables de esta crisis”, resalta Ramiro Narváez.

Recomendaciones:

Entre las recomendaciones que se mencionan dentro del informe están cambiar el Modelo de Gestión del Sistema de Rehabilitación Social; para eso se sugiere garantizar un presupuesto adecuado que permita mejoras en infraestructura, dotación de tecnología, incremento de agentes penitenciarios (en la actualidad hay 1.600 y se requiere 4.500) que deben ser debidamente seleccionados, capacitados y dotados de herramientas que les permita controlar y realizar su trabajo.

La separación de las personas privadas de libertad (PPL) es otra sugerencia sobre la cual se enfatiza en el documento. “Este es un tema urgente. Aquellos que están detenidos por delitos menores deben estar separados de quienes cometen delitos graves; los violentos de los no violentos”, señala el Presidente de la Comisión.

Finalmente, se hace una recomendación al fortalecimiento del rol del Sistema de Inteligencia del Estado a través del Subsistema de Inteligencia Penitenciario, el cual debe cumplir un rol de prevención de posibles amotinamientos, violencia y desarticulación de organizaciones delictivas que están constituidas la interior de las cárceles.

El informe está listo y será presentado este 8 de octubre para su aprobación en la Comisión de Seguridad para, una vez aprobado, ingresarlo al Pleno de la Asamblea.