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Sáb. Nov 2nd, 2024
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El ministerio de Gobierno aseguró que de manera ilegal e inconstitucional se busca destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Además, recordó que no se ha probado ninguna de las acusaciones en contra del mandatario.

A través de un comunicado, el ministerio de Gobierno denunció que se está gestando un golpe de Estado. Esta declaración se da en respuesta al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la investigación de los Pandora Papers.

Ese informe incluye varias conclusiones, entre ellas, que el presidente Guillermo Lasso inobservó el pacto ético de 2017 y la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular.

“La resolución del informe propone al pleno de la Asamblea la inconstitucionalidad e ilegal destitución del presidente de la República. No causa sorpresa y se podía advertir sin equívocos el afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática señalada con absoluta nitidez por el pueblo en las urnas”, puntualizó el ministerio.

Además, el Gobierno denuncia que la comisión busca la destitución del presidente Lasso bajo la supuesta figura de «grave crisis política y conmoción interna».

Esa figura está detallada en el artículo 130, numeral 2, de la Constitución de la República, y viabiliza la destitución del primer mandatario con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

De prosperar la destitución, el vicepresidente de la República deberá asumir la presidencia; y el Consejo Nacional Electoral tendría que convocar a elecciones anticipadas, figura que se conoce como muerte cruzada.

El Ministerio de Gobierno también recordó que analizar la publicación periodística de los ‘Pandora Papers’ no le correspondía a la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea.

“Nació con la evidente pretensión de atacar al Gobierno, que no tenía competencias legales para fiscalizar y que en un corto tiempo demostró su incapacidad operativa, técnica y ética para llevar adelante un proceso medianamente objetivo, que analizara los hechos, los documentos presentados por el presidente…”, afirma el comunicado.

Finalmente, la cartera de Estado señaló que el Gobierno tiene claro que existe una conspiración para desestabilizar al sistema y que quien la impulsa “organizó la más vasta trama de corrupción conocida en la historia del Ecuador, de la que lucró junto con su vicepresidente y sus ministros. Quien fue incriminado por su propia secretaria. Quien fue condenado por cohecho agravado por la justicia que él nombró. Quien fugó del país para escapar de la cárcel, ese busca la vía de la traición a la voluntad popular tratando de gestar un golpe de Estado”.

Carlos Jijón, vocero presidencial, puntualizó en su cuenta de Twitter que el Gobierno Nacional hace un llamado al pleno de la Asamblea Nacional, que ahora debe conocer y discutir el informe de la Comisión de Derechos Humanos, para que cumpla su papel, apegado a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante jurídica e inmotivada opinión.

«El Gobierno Nacional advierte que la Comisión ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica», resaltó Jijón.

UNES es la bancada que impulsa la destitución del Presidente

Este sábado, 6 de noviembre de 2021, el bloque correísta UNES emitió un comunicado en el que resumió el informe de la comisión enfatizando la recomendación de destituir al  presidente.

“La mayoría de la comisión multipartidista, compuesta por las fuerzas políticas Pachakutik, UNES y Acuerdo Nacional, verificó que existe una violación del presidente de la República al ‘pacto ético’, aprobado mediante consulta popular en 2017, y de su Ley Orgánica, que determinan que les está prohibido tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales a quienes pretendan desempeñar una dignidad de elección popular o ser servidores públicos”, mencionó.

Ante eso, el Ministerio de Gobierno dijo reconocer la posición de UNES y recalcó que están “empeñados en impulsar un golpe de Estado”.

Sin embargo, la cartera de Estado resaltó la posición de otros sectores del Legislativo, que a pesar de las posiciones opuestas han tomado distancia de la “pretensión golpista”.


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