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Vie. Nov 22nd, 2024
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Pese a no tener aún el reglamento, el aborto en casos de violación ya es legal para quienes así lo requieran. Sin embargo, aún hay trabas.

“El aborto por violación ya es legal”, enfatizó Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, durante una rueda de prensa en la que mujeres y colectivos feministas exigieron celeridad a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, encargada de elaborar la ley orgánica de interrupción del embarazo por violación.

La Asamblea tiene tres meses para que esta ley se debata y se apruebe. Esto, sin embargo, no hace que continúe prohibido el acceso al aborto tras una violación; pues fue la Corte Constitucional (CC) que despenalizó esta causal, el 28 de abril de 2021, y su sentencia es de inmediato cumplimiento.

Proceso para acceder

En su fallo, la CC detalla que los profesionales de la salud que asistan a una niña o mujer en su aborto tampoco podrán ser procesados.

Surkuna, centro de protección de derechos humanos, inició un ‘podcast’ donde explica lo complejo que es denunciar una violación, aunque, señala que, la denuncia no es un requisito indispensable para acceder a la interrupción del embarazo.

“Denunciar fue muy difícil. Al momento de contar los hechos me pedían que me apuren y cuando contaba mi testimonio me decían ‘hijita pero es normal para que duerme en la misma habitación’”, es el testimonio de Guadalupe, quiteña de 22 años, que relata a Surkuna el tiempo que le tomó denunciar la violación de la cual fue víctima.

Para acceder a un aborto es necesario hacer una solicitud. Existen organizaciones que ofrecen esta asesoría como SurkunaCepam Guayaquil o Las Comadres; sin embargo, el formulario debe contener:

  • Nombre, apellido y número de cédula de la persona que solicita la intervención.
  • Petición para acceder a un aborto legal por violación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 150.2 y en la sentencia 34-19-IN y acumulados de la Corte Constitucional del Ecuador.
  • La mujer puede solicitar que quiere ser sometida a la revisión médica para que el procedimiento de aborto se realice en las mejores condiciones.
  • La solicitud debe tener los números de teléfono y correo electrónico.

 

La tarea de la Asamblea

Pero si el acceso se puede dar, sin el reglamento ¿por qué es necesaria la actuación de la Asamblea?

Gómez de la Torre resaltó que Ley que elabora la Asamblea es necesaria para que se instaure formalmente este derecho. Por ello, espera que se produzca una “ley integral” y que el Presidente de la República la respete una vez promulgada.

Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, señaló que la obligación de los asambleístas es “aprobar una ley que responda a la realidad de las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual en el país, y que resuelta su situación; aprobar una ley que repare los derechos de las víctimas de violación y de embarazo forzado; aprobar una ley interseccional con enfoque diferencial, con pertinencia cultural y territorial… Aprobar una ley sin obstáculos”, enfatizó

Rosero recordó que el proceso de legalización del aborto por violación en el país ha sido largo, con varias etapas, en el cual también se han presentado una serie de obstáculos.

“Este proceso histórico tiene como base la demanda del derecho a decidir de las mujeres, es decir, la autonomía de las mujeres, la autonomía física, la autonomía para decidir sobre nuestros propios cuerpos. Esto implica un conjunto de obligaciones en materia de política pública y protección integral de derechos”, destacó Rosero. (AVV)

“En este momento, las mujeres, niñas y adolescentes violadas que necesiten finalizar un embarazo pueden acudir al sistema de salud y solicitar una interrupción. El Ministerio de Salud ya está respondiendo a esos pedidos”, Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío.

“La Asamblea Nacional tiene que incluir en la ley una disposición para que el Ministerio de Salud añada en el cuadro de medicamentos a la mifepristona”, Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.

Desde agosto de 2014 hasta julio de 2021, Fiscalía ha registrado 503 personas (mujeres, niñas, adolescentes y profesionales de la salud) procesadas por el delito de aborto consentido.

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