Consulta constitucional puede destrabar crisis en Quito

Jorge Yunda y Santiago Guarderas se dicen alcaldes. El segundo anuncia una consulta a la Corte Constitucional, que solucionaría el tema; pero tomaría tiempo.

Tras su regreso a la alcaldía el 30 de julio, Jorge Yunda ha reemprendido actividades en la ciudad. Este 2 de agosto participó en la ceremonia en conmemoración de los héroes del 2 de agosto y volvió a decir que su regreso está ratificado por la justicia ecuatoriana.

Con tono conciliador, Yunda se centra en enfatizar que él es el alcalde legítimo puesto que derrotó en las urnas a 17 candidatos. Agrega que en la parte jurídica él «acata» lo que la justicia ha determinado. «Hay una sentencia de la Corte Provincial. Como ecuatoriano, en un Estado de derecho y constitucional se acatan esas disposiciones», acotó.

Por su parte, Santiago Guarderas asistió a la sesión que convocó Yunda, pero tras finalizar el Himno Nacional se retiró de la misma aduciendo que la convocatoria era «inconstitucional e ilegal» y él no podía avalar eso. Sin embargo, con su presencia avaló la instalación de la sesión.

Ya en los exteriores de la sala del Concejo, Guarderas indicó que interpondrá, sin precisar fecha ni hora, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC). Con esta apelará el fallo de los tres magistrados de la Corte Provincial de Pichincha, que permitió el regreso de Yunda. Sin embargo, el procesamiento de este pedido, luego de que se presente, puede tomar semanas e incluso meses. Mientras tanto, Yunda sigue en el despacho de la Alcaldía.

Brith Vaca, designada Vicealcaldesa durante la permanencia de Guarderas en el cargo por su parte, sostiene que ella se mantiene en ese cargo puesto que fue la mayoría del Concejo Metropolitano que la designó. «La sentencia (de la Corte Provincial) solo se refiere al proceso de remoción. No habla del resto. Lo actuado posterior está vigente», sostuvo.

Ella plantea que el Consejo de la Judicatura (CJ) aclare lo concerniente a la carátula y sorteo de las causas. Además, un nuevo pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que de una vez por todas se cumpla la sentencia que avala la remoción de Yunda. «Es la máxima autoridad para impartir justicia electoral», enfatizó.

Finalmente, coincide con Guarderas en que la Corte Constitucional debe «definir esta situación» de manera «urgente». A su criterio hay «dos decisiones jurídicas contrapuestas» que deben ser aclaradas.

Fernando Morales, uno de los concejales que lideró la remoción de Yunda, mantiene que se debe respetar lo actuado por el Concejo Metropolitano y que fue ratificado por el TCE. A su parecer, quienes han generado «esta confusión es la justicia» puesto que la «justicia constitucional» interfiere en la acción de protección que devolvió a Yunda a la Alcaldía.

«Para el TCE el alcalde es Santiago Guarderas, para la Corte Provincial es Jorge Yunda. Hay una enorme duda, una zozobra que Quito no merece vivirla».

Para el concejal Eduardo del Pozo, en cambio, el panorama está claro. Considera que el TCE y la CC son las instituciones encargadas de resolver esta «dicotomía jurídica» que existe al haber dos sentencias. Solicitó que «ojalá y lo hagan pronto por el bien de la ciudad».

Luis Reina, Blanca Paucar, Orlando Núñez, Soledad Benítez, Luis Robles y Marco Collaguazo, concejales afines a Jorge Yunda afirmaron, a través de un comunicado colgado en sus redes sociales, que respetan las «decisiones de la Corte Provincial de Pichincha».

Agregaron que la ciudad necesita una «agenda emergente» y que la «institucionalidad de Quito» debe estar a la disposición de la ciudadanía y no «en medio de la disputa de intereses particulares y del gran capital».

Fruto de esta disputa, ayer los héroes del 2 de agosto recibieron ofrendas florales por separado. Una grupo, encabezada por la vicealcaldesa Brith Vaca; otra de un grupo de concejales del Frente Compromiso Social; y una tercera por el alcalde Jorge Yunda.