Imputado por 104 ‘falsos positivos’ a un Excomandante del ejercito en Colombia

Un periodo en el que los militares, durante una época bajo la responsabilidad de Montoya, de 72 años, hacían pasar por guerrilleros a estas personas –en su mayoría jóvenes de bajo recursos– y justificar así un mayor número de bajas en combate, alegando una victoria en la guerra contra la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Más de 104 asesinatos extrajudiciales bajo su mando

Según reveló el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, a la revista colombiana ‘Semana’, Montoya será imputado por el importante rol que habría jugado en aquellos asesinatos. “Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad”, dijo, añadiendo que en esos casos hubo “concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”.

Con este anuncio, Barbosa busca limpiar la imagen de la justicia ordinaria colombiana, acusada de prolongar los procesos investigativos y favorecer a la impunidad de estos casos de asesinatos extrajudiciales. “Las investigaciones quedarán en manos de la JEP y el general Montoya tendrá la oportunidad de aceptar los cargos y los hechos, contar la verdad o seguir sosteniendo que es inocente. Si lo hace, podría tener una pena de 20 años de cárcel, si se declara culpable tendría una pena alternativa”, explicó Barbosa.

En Colombia, la cifra de ‘falsos positivos’ es de 6.402 personas, según los últimos datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano de justicia transicional creado durante los acuerdos de paz de 2016. Sin embargo, las familias de las víctimas y organizaciones como “Las madres de Soacha”, denuncian que el número es mucho mayor.

Presión desde la Fiscalía para que Montoya testifique ante la JEP

Con el surgimiento de la JEP, la Fiscalía perdió la competencia sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, por lo que no podía imputar a los presuntos responsables, especialmente si ellos se acogían a la jurisdicción especial como parte de lo acordado durante los diálogos de paz. De hecho, Montoya se acogió en octubre de 2018 a dicho órgano.

Ahora, este enredo jurídico se solucionó tras un nuevo acuerdo entre la Fiscalía y la JEP, según Barbosa, por lo que la justicia ordinaria ahora sí podría imputarlo. Algunos analistas apuntan a que este hecho podría ser una especie de advertencia y una presión adicional -ahora por parte de la Fiscalía- para que Montoya testifique con la verdad de estos crímenes. Si entrega una verdad exhaustiva ante el tribunal de paz, podría postularse a una sanción que no le implicaría estar tras las rejas.

Pese a estar dentro de la JEP y haberse comprometido a contar la verdad de estos crímenes, hasta el momento Montoya no ha revelado información clave sobre los ‘falsos positivos’ a los jueces y más bien, su única declaración estuvo envuelta en polémica luego de señalar como autores de estas muertes a “soldados de bajo estrato social”.

“Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, de estrato uno, ya no va el estrato dos, tres y cuatro (…) nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, esa es la calidad”, dijo el exgeneral en su comparecencia en febrero de 2020. Las familias de las víctimas denunciaron que su comparecencia era “una burla”, exigiendo su retiro de la JEP y piden que sea juzgado de forma ordinaria ante el incumplimiento de aportes a la verdad.

El rango más alto del Ejército acusado de ‘falsos positivos’

El excomandante Montoya estuvo en el Ejército durante 39 años, ocupando el mayor rango durante los años 2006 a 2008, en el segundo mandato del expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, investigado por una decena de delitos; muchos relacionados con violaciones de derechos humanos. El exdirigente ultraderechista, ha descrito al militar como “un héroe de la patria” y “uno de los mejores generales que ha tenido la República”.

“Mario Montoya fue comandante del Ejército en los 11 meses -septiembre de 2007 a agosto de 2008- en los que Uribe se enloqueció pensando que había una gran conspiración internacional contra él y se lanzó a las más brutales y audaces decisiones. Falsos positivos son parte de eso”, escribió en Twitter León Valencia, director de la ONG Fundación Paz y Reconciliación.

Entre noviembre de 2007 y el mismo mes en 2008, se habrían producido los 104 asesinados de los que se le acusa. Montoya habría operado incumpliendo una directiva de las Fuerzas Militares que ordenaba “privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y estas sobre las muertes en combate”, como explicó el mismo fiscal Barbosa.

Según la investigación de la Fiscalía, Montoya “comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares a las unidades del Ejército, pero no las aplicó”, por lo que siguió evaluando y premiando a los comandantes por el número de muertes reportadas en combate.

“De manera consciente el general Montoya desobedeció la orden del comandante general de las Fuerzas Militares en la Directiva 300-28, cuyo fin era prevenir nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Luego de la citada instrucción, se continuaron presentado alertas internas y externas sobre civiles muertos en combate”, señala EFE sobre la información dada por el magistrado.

Barbosa también dijo que todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército y que “ninguna de las víctimas murió realmente en combate”. Decenas de altos mandos del Ejército y otros militares han sido detenidos y condenados por su participación en los asesinatos extrajudiciales, muchos acogidos a la justicia de paz con el propósito de conseguir penas más leves que las que obtendrían en los tribunales ordinarios.

Montoya, según Barbosa, sería acusado de múltiples casos de homicidio agravado, algo que el exgeneral –que permanece en libertad– siempre ha negado.

Si bien las familias de las víctimas han acogido la noticia como un acercamiento a la justicia y la verdad, para muchos llega tarde y es un gesto meramente metafórico. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, celebró este paso, pero lamentó que “esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica. Durante años, HRW ha publicado varios informes que demuestran que la Fiscalía contaba con evidencias contra Montoya”.- Textos France 24-Con EFE y medios locales