La Contraloría General de Nación señaló en informe que no se ha cumplido con la reconstrucción de San Andrés en el tiempo que se había estipulado.
Foto tomada de: La Fm
De acuerdo con el ente de control no se ha cumplido con la reconstrucción y adecuación de las Islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia metas fijadas por el Gobierno de Iván Duque, después de las afectaciones que estas tuvieron debido al huracán Iota el pasado noviembre del 2020. Además la Contraloría advierte que ya está por iniciar una nueva temporada de huracanes en el Caribe, por tal motivo se deben buscar nuevas medidas para mitigar una emergencia como la vivida el año anterior.
El Gobierno Nacional presentó el esquema y la programación en donde la meta era reparar 877 casas y construir 1.134, hechos que no han sucedido hasta el momento. Actualmente se ha terminado la contracción de dos viviendas, se han venido realizando demoliciones para la reconstrucción de más de 69 estructuras, además se han logrado cubrir 628 viviendas con cubiertas reparadas, al igual que 400 viviendas tienen reparaciones integrales y únicamente hay 146 en ejecución.
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La gobernación de San Andrés era el ente encargado de la construcción de 104 viviendas nuevas y la reparación de 2.438. Pero de estas se han construido nueve viviendas y 7 se encuentran en proceso de construcción según cifras recolectadas hasta el 30 de abril. La Contraloría afirmó que uno de los inconvenientes para la reconstrucción de estas islas ha sido la capacidad del puerto, en especial el de Providencia debido a que no tiene la capacidad para recibir embarcaciones de gran calado, además solo se cuenta con una grúa para el descargue de materiales.
El ente controlador exigió a Susana Correa, gerente General para el Proceso de Reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, “informar las medidas que se prevén adoptar frente a las recomendaciones establecidas y al impacto sobre los compromisos de entrega de las viviendas tanto en Providencia como en San Andrés, teniendo en cuenta los riesgos que los retrasos representan para las comunidades y habitantes de las islas”.
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