En momentos en que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez analiza la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, El defensor del pueblo Carlos Camargo le entregará a la Comisión de ese organismo.
Foto: GS Noticias.com- El Tiempo
En un informe de 27 páginas, Camargo hace un balance de los 28 días de paro y entrega cifras oficiales sobre muertos, desaparecidos, heridos y los avances en las investigaciones por exceso de la fuerza pública, así como agresiones a sus miembros.
Además, establece que la entidad ha participado en una mesa conjunta donde “se logró compilar un reporte de 548 casos de personas no localizadas y ya se encontraron a 290″.
Tras insistir que la Defensoría le hizo saber al gobierno la importancia de la visita de la CIDH, Camargo señala que se tiene activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente para 129 personas y que la Fiscalía ya certificó haber encontrado 39 de ellas.
Además, argumenta que la razón fundamental por la cual no ha sido posible dar con su paradero es al dificultad para obtener más información de la persona sin ubicar, “Porque no se cuenta de datos ni de familiares y amigos. Ni tampoco en las circunstancias en la que se perdió su rastro“.
De los 43 fallecidos que reporta el ente oficial, 17 tendrían nexo directo con actividades de protestas así: (1) Bogotá, (8) Cali (1) Cauca (3) Cundinamarca (3) Valle del Cauca y (1) Tolima. Así mismo reporta 7 muertes en proceso de verificación.
Y advierte: “Sobre 19 hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones”. Hasta el momento, dice el documento, habrían 1.040 civiles lesionados o heridos y 1.049 policías.
Tras admitir que la Defensoría no cuenta con herramientas de investigación penal habla de la Mesa Interinstitucional que se creó para ubicarlos.
“Atrasladamos a las autoridades (Procuraduría, Fiscalía e Inspección General de la Policía) 239 casos que obran en nuestro sistema ATQ sobre todo tipo de vulneraciones de DDHH durante la Protesta. De ellos en 174 reportes se especifica como supuesto responsable a agentes de la Policía Nacional”, señala el informe de Camargo.
“Quiero ser absolutamente claro y contundente en rechazar todos y cada uno de los hechos de abuso policial ocurridos en las protestas que iniciaron desde el pasado 28 de abril”, indico Camargo.
A reglón seguido se refiere a 106 reportes enviados sobre casos de violencia basado en género “De los cuales 23 casos corresponden a reportes de violencia sexual y 2 a hechos de violación”.
En la misiva señaló: “quiero ser absolutamente claro y contundente en rechazar todos y cada uno de los hechos de abuso policial ocurridos en las protestas que iniciaron desde el pasado 28 de abril”.
Camargo dice que se han habilitado canales no solo para que la gente conozca y ejerza sus derechos sino para que instaure denuncias.
La Defensoría también señala que, durante los hechos de protesta, han sucedido homicidios, como el del estudiante Lucas Villa, baleado en Pereira por particulares que transitaban en una motocicleta; así como disparos en Cali que provenían desde camionetas particulares, en hechos que fueron denunciados desde el 5 de mayo, adicional a otros hechos que están bajo investigación de las autoridades.
Y sobre agresiones, amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de los derechos humanos en el marco de la protesta social, señala que el sistema de información visión web a 234 quejas en las que se han identificado 315 presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales.
Entre los reportes se encuentran presuntas violaciones al derecho a la integridad personal (118), libertad de reunión (48), vida (47), libertad personal (21), libertad de expresión y opinión (15), libertad de circulación y residencia (11), entre otros. Frente a su pregunta, en las vulneraciones al derecho a la vida, 25 de las 47 violaciones corresponden a amenazas de muerte o intimidaciones, que habrían recibido personas que son líderes de las manifestaciones o que han participado de las mismas.
Camargo también le dirá a CIDH que el 13 de abril se emitió una resolución para la revisión de elementos de dotación e identificación del ESMAD en el marco de las manifestaciones públicas y eventos privados; y que se cuenta con 303 defensores públicos, 24 horas al día para brindar representación judicial a quienes lo requieran: hasta el momento se han hecho 156 asistencias.
“La desinformación en las redes, destinada a fortalecer la división y la polarización, también tuvo efectos en la Defensoría y en otras entidades, organizaciones y defensores de Derechos Humanos,
La Defensoría le dedica un espacio lo que está sucediendo en Colombia hasta este momento: “Lo primero que debe advertirse es que si bien, estas protestas fueron concebidas inicialmente como pacíficas, a lo largo de los días y cumplido casi el primer mes, varios hechos de violencia se han presentado y la protesta ha ido mutando, pasando de ser una manifestación urbana, a convertirse en una serie de bloqueos en las vías que hoy colapsan a todo el país”.
El Ministerio de Hacienda estima que el costo diario del paro es de $484.000 millones, lo que implica una pérdida en promedio de $10 billones de pesos en lo que va corrido desde el 28 de abril. Según reporte del Ministerio de Defensa hasta el 22 de mayo, se han presentado 2.284 bloqueos.
Según el Gobierno, las alzas de precios por los bloqueos están golpeando más duro la capacidad de compra de los colombianos más humildes.
En ese mismo bloque se advierte que “la desinformación en las redes, destinada a fortalecer la división y la polarización, también tuvo efectos en la Defensoría del Pueblo y en otras entidades, organizaciones y defensores de Derechos Humanos, que no solo han sido víctimas de agresiones por parte de la Policía en algunas ocasiones, sino, igualmente y con mayor gravedad, por parte de los manifestantes”.
Y cita el caso en Bucaramanga, en donde dos funcionarios de la Defensoría fueron agredidos físicamente por manifestantes en cercanías a la Universidad, luego de lanzar improperios contra ellos y pese a que permanentemente venían ayudando a proteger a los heridos de la protesta. Así mismo, lanzaron bombas molotov contra el vehículo de la Defensoría. Una situación similar sucedió en Buga.
La Defensoría también recalca que, desde mucho antes de iniciar el Paro, por medio del Sistema de Alertas Tempranas, alertó sobre la presencia de grupos armados organizados en los departamentos donde hoy se presentan los mayores incidentes de actos vandálicos y de violencia.
Entre ellos se destacan: Valle del Cauca (20), Cauca (17) y Nariño (13), advirtiendo sobre la presencia de grupos ilegales en estos territorios.
Los retenes ilegales intermitentes persisten en calles de Cali.
“A partir de esta información es posible identificar la existencia de un alto riesgo para los manifestantes y para la ciudadanía en general por la presencia de grupos armados que controlan la movilidad de las personas en estos lugares que hoy hacen parte de los bloqueos, en donde los mismos son utilizados para generar presión en la población, constituyéndose un alto riesgo para los habitantes de estas zonas; situación que, a su vez, dificulta la actuación humanitaria por parte de esta Institución y demás organismos de Derechos Humanos”, recalca Camargo.
Y asegura que departamentos que sufren las más graves afectaciones por la violencia vandálica y los bloqueos, coinciden también con zonas de alta presencia de grupos armados organizados dedicados a la producción, transformación y tráfico de estupefacientes.
En cuanto a la emergencia alimentaria, el defensor Camargo anota que se han visto perjudicados 29 de los 32 departamentos; con afectación directa sobre casi 300 municipios desde los cuales se imposibilita sacar los alimentos. Los departamentos más afectados son: Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Santander, Tolima, Huila, Meta, Risaralda, Quindío, Nariño, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Norte de Santander y Caldas.
“En este ambiente complejo, hemos aprendido que la única vía posible es el dialogo, con respeto del otro y sin estigmatizaciones. Sin incendios mediáticos y sin polarización. Un diálogo social profundo y honesto para el cual, sin lugar a dudas, todo esfuerzo de intermediación debe ser bienvenido”, le dice Camargo a la CIDH.
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