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Sáb. Nov 23rd, 2024
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Víctimas. El Ministerio de Salud palestino dijo que al menos 213 ciudadanos, incluidos 61 niños, murieron en los ataques aéreos israelíes de represalia. (EFE)
Víctimas. El Ministerio de Salud palestino dijo que al menos 213 ciudadanos, incluidos 61 niños, murieron en los ataques aéreos israelíes de represalia. (EFE)

Escombros, rocas enormes, piedras más pequeñas y muebles colapsan la calle al Wehda (calle unidad), una de las vías principales que atraviesan la ciudad de Gaza y que conduce al inhabilitado hospital al Remal, que aloja el único laboratorio oficial del enclave para analizar pruebas de Covid-19.

Ese hospital, que también acoge un centro ambulatorio y las dependencias del Ministerio de Salud de Gaza, resultó gravemente dañado durante los ataques aéreos de los aviones de combate israelíes.

El centro también suministraba vacunas que han recibido hasta ahora unas 39.000 personas de los 2 millones de habitantes palestinos que tiene el enclave.

Esta nueva escalada bélica en Gaza y su rastro de destrucción añaden munición a la casi permanente crisis sanitaria de la franja, superpoblada, bloqueada desde hace 15 años por Israel. Además, asediada por la Covid-19, con más de 90.000 positivos desde el inicio de la pandemia y amenazada por un nuevo repunte de contagios en las últimas semanas, sin que ahora se pueda medir.

Ataque a instalaciones médicas es un delito

El director del Ministerio de Salud de Gaza, Yousef Abu al Reesh, confirmó a Efe que el laboratorio tuvo que parar su actividad, así como la clínica adyacente, debido a los bombardeos, que dejó heridos a varios doctores, sanitarios y empleados del ministerio.

La ofensiva de las tropas israelíes, que suman ya nueve madrugadas de bombardeos, ha dificultado el acceso a atención médica de los gazaitíes heridos, enfermos o sospechosos de Covid-19.

“Las personas que sienten los síntomas del Covid-19 no pudieron llegar a las clínicas porque tenían miedo de salir de sus hogares e ir a la clínica para hacerse las pruebas”, apuntó a Efe Ashraf al Qedra, portavoz del Ministerio de Salud.

Al Qedra insistió en que el ataque a esas instalaciones médicas es “un delito muy severo que contradice el derecho internacional y el Cuarto Convenio de Ginebra”.


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