“Una vez más somos moneda de cambio”: migrantes se sienten “criminalizados” tras el pacto del PSOE con Junts

De un lado hablan de “cesión integral” de competencias. Del otro, ponen líneas rojas a estas palabras. El acuerdo en materia de migración por el que Junts salvó in extremis dos de los tres primeros decretos del recién revalidado Gobierno de coalición sigue provocando un cruce de declaraciones sin ningún tipo de concreción. Y en medio, mientras tanto, se encuentran miles de migrantes. Desde Sumar, socio de Ejecutivo, y Podemos ya criticaron que lo acordado supone “alentar determinados discursos xenófobos” y “antiinmigración”. Y así lo comparte el colectivo. “Una vez más, nos sentimos moneda de cambio y nos vemos criminalizados“, lamenta Victoria Columba, de la plataforma Regularización Ya Cataluña. “Nos preocupa que con este debate se estén agitando sentimientos de racismo y xenofobia en España”, añaden desde Amnistía Internacional.

El pacto que evitó que el Ejecutivo se diera un gran batacazo nada más echar a andar la nueva legislatura tiene todavía más sombras que luces. Lo único que se conoce por ahora es que se trata de un punto de partida para hablar sobre una posible delegación de competencias en materia migratoria en base al artículo 150.2 de la Ley Fundamental, que permite ceder facultades “correspondientes a materia de titularidad estatal” que “por su propia naturaleza” sean “susceptibles” de cesión. Pero nada más. Hasta dónde llegará eso es lo que ahora habrá que negociar y, más tarde, fijar en una ley orgánica para cuya aprobación es necesario el consenso de todo el bloque de investidura.

Hay líneas, no obstante, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no se van a cruzar porque “lo dice la Constitución”. En concreto, y en una conversación con El País, puso el foco en el artículo 149 de la Ley Fundamental, que establece que “la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo” son “competencia exclusiva del Estado”. No lo son otros asuntos como los servicios sociales, la sanidad, la educación o la vivienda, cuyas competencias sí están transferidas a las comunidades autónomas. Dentro de lo que tenga que ver con ese marco, sí pueden producirse cesiones.

En este sentido, el propio Sánchez centró este lunes la posible delegación de competencias a asuntos vinculados con la “integración social” o “sociolaboral” de los migrantes. Y Cataluña, en cualquier caso, ya gestiona la primera fase de acogida de migrantes y solicitantes de asilo, en la que se orienta a estas personas y se les enseña el idioma. El año pasado, la autonomía creó hasta 1.747 plazas para atender a migrantes, un número muy por encima de las 386 de Castilla y León o las 300 de Madrid.

Sin embargo, fue una palabra la que, nada más conocerse el acuerdo, copó los titulares: “expulsión”. ¿De quién dependería tras el pacto entre el PSOE y Junts? Según explicó el Gobierno, la competencia en expulsiones, en ningún caso, podrá estar en manos de la Generalitat. La expulsión de migrantes es algo que compete a la administración central y, en el caso de ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos, la última palabra sobre su salida del país corresponde a los propios jueces en base al Código Penal y la Ley de Extranjería.

En cualquier caso, el problema, más allá de a quién corresponda o no la última decisión sobre las expulsiones a las personas migrantes, es que cuando se conoce un pacto en esta materia se hable, precisamente, de esta cuestión. “La pregunta ha ido directamente relacionada con el tema de la expulsión. Es siempre lo primero que se negocia en esta materia, y eso refuerza y consolida el racismo institucional. Es vergonzoso”, critica Columba. No pasa sólo a nivel nacional. Durante la negociación del pacto de migración europeo, y tras su aprobación, la cuestión más discutida, y publicada, fue la relativa al control de fronteras.

Para Amnistía Internacional esto también es un error de base. “El debate tiene que ser otro, ya que debe ir encaminado a cómo mejorar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas, para mejorar la acogida e integración de personas refugiadas y migrantes, estableciendo mecanismos de solidaridad interterritorial para ayudar, por ejemplo, en la acogida de los niños y niñas que han llegado solos a Canarias”, explican. El centro, insisten, tienen que ser los derechos humanos. “No podemos dejar de lado la humanidad. Quien sea el responsable debe asegurarse de que se cumple con las obligaciones que España tiene en relación al derecho internacional de los refugiados”, dicen.

Desde la Coordinadora Obrim Fronteres, María Creixell opina exactamente lo mismo. “La cuestión no es quién tiene las competencias, que puede ser un debate, sino, ¿para qué las tiene? Si es para seguir aplicando políticas racistas basadas en la criminalización de las personas migrantes no hace falta que se transfiera nada. No estaremos de acuerdo en la adquisición de competencias que tengan por objetivo discriminar y seguir violentando a las personas por razón de origen, etnia, religión o cualquier otra discriminación”, apunta. Y critica, directamente, a Junts: “Es esto a lo que apuntan los discursos de sus representantes”.

En este sentido, el partido independentista, precisamente el pasado mes de diciembre, mostró su apoyo a los alcaldes del Maresme que pidieron expulsar a los migrantes reincidentes. El primero fue el de Calella, Marc Buch, sobre el que Jordi Turull, secretario general del partido independentista, aseguró que hizo “un llamamiento de desesperación”. “Lo habría hecho cualquier alcalde que tenga en su municipio a 11 personas que han sido 200 veces detenidas y que no paran [de delinquir]”, dijo en una entrevista en Rac1.

“Si se asumen las competencias en migración, que sea para mejorar la gestión de los expedientes de extranjería, el acceso a las citas de asilo y otros trámites de extranjería, promover la regularización de las personas en situación administrativa irregular que viven en Cataluña y, en general, asegurar que los y las jóvenes que están en centros de protección a la infancia disponen de su permiso de residencia y trabajo, que cuando alcancen la mayoría puedan acceder a una vivienda propia, pública o privada o de alguna organización, garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas”, sentencia Creixell.

Lo cierto es que el pacto ha generado críticas, también desde la política, desde la izquierda y desde la derecha. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado una semana criticando que Sánchez alienta el discurso “xenófobo” del partido impulsado por el expresidente catalán Carles Puigdemont. “No tiene nada de progresista entregar la gestión de las fronteras a quien el señor Sánchez consideraba el Le Pen de la política española”, señaló el líder conservador este fin de semana en referencia a unas declaraciones de mayo de 2018 con las que el presidente español, entonces líder de la oposición parlamentaria, se refirió en esos términos no a Junts sino al entonces presidente catalán, Quim Torra.

En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, aseguró que si en lugar de Junts el pacto lo hubiera planteado Vox —que sí gobierna con el PP— “todo el mundo se rasgaría las vestiduras”, una declaración que el propio Sánchez rechazó señalando que Vox utiliza la migración para generar “miedo e inseguridad”.

“No compartimos el fondo ni las formas”, señaló por su parte el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, este lunes en rueda de prensa. “La política migratoria es algo muy importante que debe ordenarse bien. Por tanto, no parece lógico que este tipo de cosas se discutan en el último minuto en el marco de la negociación de la convalidación de unos decretos”, añadió el también ministro de Cultura.

Desde Podemos, por su parte, expresaron su preocupación porque Junts “sitúa a las personas migrantes como un problema de seguridad”. “Queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que se hagan discursos respetuosos con los derechos humanos y que se sitúe el problema donde realmente está, es decir, en las políticas económicas que enfrentan al penúltimo contra el último y en las políticas estructurales racistas, que también muchas veces se dan desde las administraciones y que se lo ponen muy difícil a las personas migrantes”, señaló este lunes el coportavoz del partido, Javier Sánchez Serna.

Que no haya diferencias en formaciones tan separadas ideológicamente como PP, Sumar o Podemos no es casualidad. O al menos así lo entienden desde Regularización Ya. “El mapa político de la izquierda española, constituido por Podemos y Sumar, debe asumir su responsabilidad ante este peligroso intento de acuerdo […]. Han rubricado un penoso acuerdo de investidura que mantiene en segundo plano los derechos de las personas migrantes”, señalan en su comunicado. “Tenemos una izquierda que nunca le arrebata el discurso a la derecha antiinmigración desde una perspectiva de derechos humanos. Si hubiéramos estado en el programa electoral de Sumar, PSOE o Podemos, otro gallo nos cantaría ahora”, lamenta por su parte Columba.

Así, lamenta que el problema no es sólo la extrema derecha —que también ha criticado el pacto por ser demasiado suave con los migrantes que, según dijo el portavoz Ignacio Garriga, “siembran el terror en Cataluña”—. “Tampoco nos hace falta que Vox hable. La izquierda y la progresía nos omite o nos usa como moneda de cambio. Y para la derecha somos convenientes cuando hace falta mano de obra barata“, sentencia.

Organizaciones como Oxfam Intermón, Red Acoge, CEAR o Accem, hasta que no se conozcan los detalles del pacto, prefieren no opinar sobre una cuestión que, por ahora, consideran política.