El prestigio (y la utilidad) de la Justicia internacional se la juega en la denuncia por genocidio contra Israel

¿La operación militar de Israel en Gaza como respuesta a los atentados terroristas del pasado 7 de octubre a manos de Hamás es una violación de la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, creada precisamente tras el Holocausto? Esa respuesta deberá darla la Corte Internacional de Justicia, organismo de Naciones Unidas con sede en La Haya, tras la denuncia presentada en diciembre por el gobierno surafricano contra el israelí. Hamás asesinó a casi 1.200 personas, y en los bombardeos y otras operaciones militares israelíes sobre Gaza han muerto ya más de 23.000 palestinos, más de la mitad mujeres y niños.

Las sesiones arrancaron el jueves con la presentación de la denuncia surafricana por parte de su equipo de abogados. Además de una condena a Israel por genocidio, Suráfrica pide medidas cautelares para acabar ya con los bombardeos israelíes sobre Gaza. Es una caso histórico que trata sobre uno de los conflictos más difíciles del mundo.

El alegato surafricano fue duro. Sus abogados argumentaron que la nueva guerra en Gaza forma parte de décadas de opresión israelí sobre los palestinos. Adila Hassim, una de las abogadas, dijo que “los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene el beneficio de las últimas 13 semanas de evidencia que muestra de manera incontrovertible un patrón de conducta e intención relacionada que justifica como una afirmación plausible de actos genocidas”. La campaña de bombardeos israelíes busca “destruir la vida de los palestinos” y los empuja “al borde de la hambruna”, dijo Hassim.

Suráfrica acusa a Israel de cometer genocidio intencionalmente. Otro de sus abogados, Tembeka Ngcukaoitobi, dijo que “la magnitud de la destrucción en Gaza, los ataques contra hogares familiares y civiles, el hecho de que la guerra sea contra los niños, dejan claro que la intención genocida se entiende y se ha puesto en práctica. La intención articulada es la destrucción de la vida palestina”.

La brutalidad del ataque de Hamás, alegan los abogados surafricanos, no justifica lo que Suráfrica estima una reacción de Israel fuera del derecho internacional y “una clara intención genocida, la intención articulada es la destrucción de la vida palestina”. El jueves, durante su alegato, la abogada irlandesa especialista en derechos humanos y contratada por el gobierno surafricano para este caso, Blinne Ni Ghralaigh, dijo que “algunos podrían decir que incluso la reputación del derecho internacional, su capacidad y su voluntad de proteger a todos los pueblos de igual manera, está en juego”.

Los abogados surafricanos usaron también declaraciones de ministros israelíes, como la de Amihai Eliyahu, quien dijo que la solución sería lanzar una bomba atómica sobre Gaza. Netanyahu condenó esa declaración, pero Eliyahu sigue siendo ministro.

El interés surafricano (es el primer país del planeta que denuncia a Israel por este conflicto) se debe al que el Congreso Nacional Africano, el partido en el poder, ha apoyado desde hace décadas la causa palestina. El expresidente surafricano Nelson Mandela, el hombre que tumbó el apartheid, un sistema de segregación racial del que se acusa también a Israel desde partidos y medios progresistas llegó a decir que la libertad de los surafricanos no sería completa hasta que no lo fuera la de los palestinos.

Israel empezó este viernes su defensa. Sus representantes alegan que su país “no busca destruir” al pueblo palestino y acusan a Suráfrica de presentar una denuncia que no tiene en cuenta la realidad lo que pasa en Gaza. Tal Becker, uno de sus abogados, dijo que los surafricanos presentaron “un marco de hechos y jurídico totalmente desnaturalizado, una descripción deliberadamente organizada, descontextualizada y manipuladora de la realidad de las hostilidades actuales”. Según el gobierno israelí, la denuncia de Suráfrica es “una de las mayores demostraciones de hipocresía de la historia”.

Becker hizo el relato de los ataques de Hamás del 7 de octubre. Explicó que los terroristas “torturaron a niños delante de sus padres, a padres delante de sus hijos, quemaron personas, violaron y mutilaron”. El abogado dijo que la respuesta israelí era un acto de legítima defensa que no buscaba atacar a civiles y que “Israel está en una guerra de defensa contra Hamás, no contra el pueblo palestino”. Más adelante dijo que las operaciones militares de Israel “no buscan destruir un pueblo sino proteger un pueblo, el suyo, atacado desde múltiples frentes”. Israel argumenta que el número de víctimas civiles se debe a que Hamás los usa como escudos humanos y se esconde en lugares civiles como escuelas u hospitales.

La Corte Internacional de Justicia podría tomar esas medidas cautelares que pide Suráfrica y aunque nadie espera que el Gobierno israelí las acepte, tampoco se duda del daño reputacional para el país y para el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Las decisiones de este tribunal son inapelables y jurídicamente obligan a todos los Estados miembros de Naciones Unidas. El problema es que no tiene ninguna herramienta para hacer que se cumplan si los gobiernos no las respetan. En 2004 la Corte dictaminó que el muro israelí en Cisjordania era ilegal y ordenó su derribo. 20 años después sigue creciendo. En 2022 exigió a Rusia detener su agresión militar contra Ucrania sin que Moscú moviera un dedo.

El panel de 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia se amplió a 17, para sentar a un juez israelí (Aharon Barak, antiguo presidente de su Corte Suprema) y a uno surafricano (Dikgang Moseneke, exvicepresidente de su Tribunal Constitucional). Barak, prestigioso jurista retirado y antiguo presidente del Tribunal Supremo israelí, nacido en Lituania, de donde huyó de niño para escapar de los nazis, ha sido en los últimos meses crítico con la reforma judicial lanzada por Netanyahu.

El equipo legal israelí lo lidera el abogado británico Malcolm Shaw, experto en litigios en este tribunal. Y el surafricano John Dugard, exrelator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y experto en Derecho Internacional.