Las autoridades de Colombia creen “posible” que a su territorio haya entrado Fito, el temido capo fugado de una cárcel de Ecuador y en el centro de una ola violenta que ha dejado al menos 18 muertos en cinco días.
Todo empezó el domingo, cuando la fuerza pública ingresó a la cárcel Regional de Guayaquil y no encontró a Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal del país conocida como Los Choneros.
El gobierno desplegó tropas y lanzó una dura ofensiva contra el narco que tuvo una respuesta sangrienta: motines en las cárceles, 175 funcionarios de prisiones siguen rehenes dentro de las penitenciarías, y en las calles explosiones, vehículos incendiados y disparos.
“Es posible” que Fito haya cruzado a Colombia, dijo este viernes a W Radio Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares de ese país.
“Hay 20 prófugos (de cárceles ecuatorianas), de los cuales estamos muy atentos“, entre ellos Fito, añadió el mando militar.
Más de una veintena de bandas narco, integradas por unos 20.000 miembros, operan en el país en alianza con carteles mexicanos y colombianos.
Colombia, vecino de Ecuador y el mayor productor de cocaína, sigue de cerca el declarado “conflicto armado interno” ecuatoriano que empieza a permear su frontera.
Para Giraldo “existe una alta probabilidad” que la crisis de Ecuador “deteriore las condiciones de seguridad en la frontera con Colombia”, debido al estatus beligerante que otorgó a las bandas el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Prisiones sin control
Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero se ha ido transformando en un nuevo bastión del tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado.
En los últimos cinco años, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 a 46 en 2023 y la guerra interna toca fondo como ocurrió en Colombia en el siglo pasado con un ingrediente adicional: las cárceles en llamas.
Los narcos usan las prisiones como oficinas criminales, desde donde gestionan el tráfico de droga, ordenan asesinatos, administran los réditos del crimen y pelean a muerte con rivales por el poder.
En medio de la actual crisis, Noboa anunció la “repatriación” de 1.500 colombianos presos para mermar el hacinamiento en las cárceles, donde hay unas 3.000 personas de más.
Pero la medida cayó mal en el gobierno izquierdista de Gustavo Petro, que la considera una “expulsión masiva” y problemática pues los presos quedarían en libertad del otro lado de la frontera. La zona limítrofe fue militarizada el miércoles para evitar el paso de criminales.
Un video grabado en la cárcel de Machala (suroeste) y confirmado por la policía aumentó el terror este viernes. El cadáver de un preso envuelto en plástico es lanzado a la calle desde el interior.
También circulan imágenes no verificadas de maltrato a presos, donde se les ve desnudos o golpeados a patadas.
La ONU pidió al gobierno una respuesta “proporcionada” y respetuosa del derecho internacional. La OEA condenó las “acciones violentas”.
Según cifras oficiales recientes hay 859 detenidos, 57 “secuestrados” liberados, 25 fugados recapturados, 5 “terroristas” abatidos y 18 fallecidos entre civiles, policías y reclusos.
“Olla a presión”
La ola de violencia interna provocó la solidaridad de la comunidad internacional.
Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para asesorar al presidente Noboa, en el poder desde noviembre.
“Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, de soldados. Así mismo como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento”, dijo el mandatario de 36 años.
Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, España, Unión Europea, ONU, entre otros, rechazaron la arremetida narco. Francia y Rusia advirtieron a sus ciudadanos que no viajen a Ecuador.
“Sabíamos que esto era una bomba de tiempo, una olla de presión que iba a explotar”, dijo a la AFP Ramón Salazar, un trabajador de 38 años en Quito.
Tras varios días de confinamiento por el miedo, la actividad en las principales ciudades ha ido reanudándose. La mayoría de los comercios abrieron, el transporte público volvió a circular y solo algunas empresas mantienen el teletrabajo.
El martes la ofensiva del narco mostró su peor cara con un ataque armado a la prensa, registrado en vivo y en directo que le dio la vuelta al mundo.
La desinformación y el pánico de la población ha provocado confusión, pese a desmentidos de las autoridades.
El presidente planteó al Congreso un alza de 12% a 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar el “conflicto armado interno”.
La organización indígena (Conaie) rechazó la iniciativa, que “no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico” sino que financia “la rebaja de impuestos a los más privilegiados”.
Fuente de esta noticia Diario El Deber Bolivia.
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