Los ucranianos han aprendido a temer las fechas simbólicas. Fiestas religiosas, días de conmemoración histórica: desde la invasión a gran escala del país por parte de Rusia en febrero de 2022, parecen haberse convertido en los momentos preferidos por el ejecutivo ruso para lanzar ataques a gran escala.
Hace un año, a finales de 2022, la Nochevieja estuvo marcada por ataques con drones kamikazes en ocho regiones ucranianas, que causaron cuatro muertos y 50 heridos, según las autoridades de Kiev. El 28 de mayo de 2023, la capital ucraniana sufrió una oleada de ataques aéreos especialmente intensa el día en que se celebraba el aniversario de la fundación de la ciudad. A finales de noviembre de 2023, la ciudad sufrió otro gran ataque el día de la conmemoración del Holodomor, la gran hambruna provocada en el país por el poder soviético en 1932 y 1933.
En realidad, las fuerzas rusas llevan a cabo ataques con misiles y drones casi todos los días, incluso en fechas sin especiales connotaciones simbólicas. Pero no impide que, con este telón de fondo, muchos ucranianos temieran la proximidad de las fiestas de fin de año de 2023. “¿Querrán atacar en Nochebuena este año?”, se preguntaban varios residentes de la capital a principios de diciembre. Algunos habían decidido posponer las salidas navideñas tradicionalmente populares entre los kievitas –al teatro o a la ópera– por este motivo.
Estos últimos días les han dado la razón en parte. Aunque la Nochebuena fue relativamente tranquila –el Estado Mayor ucraniano afirma que se dispararon 31 drones contra territorio ucraniano, pero no se registraron víctimas–, los días siguientes fueron mucho más mortíferos.
En la mañana del 29 de diciembre, Moscú lanzó el mayor ataque aéreo sobre la capital desde el principio de la guerra. Según el comandante en jefe ucraniano, Valeri Zaloujny, las fuerzas rusas lanzaron 36 drones Shahed, seguidos de más de 120 misiles de todo tipo y tamaño, lanzados desde unos treinta aviones bombarderos y de combate contra las ciudades de Kiev, Járkov, Leópolis, Dnipro, Zaporijyia y Odesa, así como contra las regiones de Soumy, Tcherkassy y Mykolaïv.
Dos días después, durante la Nochevieja, Moscú prosiguió sus ataques, en particular sobre Járkov, la segunda ciudad del país. El 2 de enero, según cifras ucranianas, murieron cinco personas y resultaron heridas 130 en ataques aéreos en todo el país.
Según las fuerzas armadas ucranianas, estos ataques se llevaron a cabo con drones kamikazes Shahed, misiles de crucero y misiles hipersónicos Kh-47М2 conocidos como “Kinjal”. Se dice que estos últimos son capaces de alcanzar velocidades de hasta 12.000 kilómetros por hora, lo que los hace muy difíciles de interceptar.
En opinión de muchos especialistas militares, las fuerzas armadas rusas hacen un uso masivo de sus drones Shahed para probar la defensa antiaérea ucraniana y elegir rutas que parezcan menos protegidas, para luego atacar sus objetivos utilizando una combinación de misiles. Para intentar localizar esos drones, se despliegan todas las noches unidades especiales del ejército ucraniano, sobre todo en torno a la capital.
Rusia insiste en que sólo está atacando objetos militares, en particular fábricas de armas y cuarteles de las fuerzas armadas. Sin embargo, desde el 29 de diciembre “han muerto cerca de 70 civiles y al menos 360 han resultado heridos por ataques aéreos” en el país, según la oficina de Naciones Unidas encargada de coordinar la ayuda humanitaria en Ucrania (OCHA Ucrania). Esas cifras se están verificando actualmente y “podrían aumentar aún más a medida que continúen las operaciones de socorro”, añadió la organización.
Estos ataques aéreos forman parte de una escalada más general entre Kiev y Moscú. Tras los ataques rusos del 29 de diciembre, un ataque (cuya autoría nadie reivindicó, pero que con toda probabilidad fue ucraniano) dejó 25 muertos y más de un centenar de heridos en la ciudad rusa de Belgorod, según las autoridades locales. Se cree que muchas de las víctimas son civiles, aunque no es posible determinar si fueron atacadas intencionadamente –lo que supondría un espectacular giro de 180 grados en la estrategia de Kiev– o si fueron alcanzadas accidentalmente, por ejemplo, por la caída de restos de munición.
Vladimir Putin aseguró que ese “crimen no quedaría impune” y prometió “intensificar” los ataques contra Ucrania; por su parte, Volodímir Zelensky prometió en su mensaje de Año Nuevo que las fuerzas rusas sufrirían “estragos” en 2024.
Existe la guerra que vemos y la que se está preparando. Mientras esta sucesión de ataques aéreos llama la atención con razón, el comienzo de 2024 también estará marcado por importantes decisiones en Ucrania y Rusia sobre el futuro de sus ejércitos.
El altísimo nivel de bajas en ambos lados del frente hace que la cuestión de los efectivos sea crítica para ambos Estados. Ucrania, en particular, necesita soldados. Aunque el número de bajas en sus filas no se conoce, es probable que su intento de contraofensiva (que no logró un avance decisivo) haya costado muchas vidas.
A finales de 2023, varios artículos de prensa informaban de que había soldados cada vez más viejos, a veces de más de cuarenta y cincuenta años, combatiendo en las filas ucranianas. Las familias de los militares exigen la rotación de sus seres queridos, algunos de los cuales llevan más de un año en el frente.
Ucrania tendrá por tanto que encontrar nuevos reclutas para mantener la guerra. Ante la disminución del número de voluntarios (todos los que querían luchar ya han tenido tiempo de alistarse), las autoridades estudian la posibilidad de una nueva movilización. Pero el tema es delicado y los detalles de esta decisión aún no se han decidido.
En una rueda de prensa celebrada el 19 de diciembre, el presidente Zelensky declaró que el mando militar le había propuesto la movilización de “450.000 a 500.000” soldados adicionales. No dijo si daría curso a esta petición, subrayando que “necesitaba más argumentos” y más detalles.
Preguntado al respecto, el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, General Zaloujny, se negó a “hablar públicamente” del número de reclutas deseable, escudándose en el secreto militar.
Detrás de esta declaración presidencial, muchos ven una sutil maniobra de Zelensky, en un contexto de discretas discrepancias entre los dirigentes políticos y el mando militar. Según varios analistas, al presentar esta posible movilización como una petición del estado mayor (y no suya), el presidente ucraniano está trasladando hábilmente la responsabilidad de una decisión probablemente impopular a los jefes del ejército.
Aunque todavía no se ha fijado ningún objetivo cuantitativo, el Gobierno ya ha enviado al Parlamento ucraniano un proyecto de ley que aclara y, en algunos casos, modifica determinados procedimientos de reclutamiento. Entre otras cosas, se prevé la reducción de la edad mínima de reclutamiento de 27 a 25 años (para los hombres sin experiencia militar) y la introducción de un “curso de formación militar básica” de tres meses para los ucranianos de entre 18 y 25 años.
El texto presentado por el Gobierno también propone que la llamada a filas pueda notificarse por correo electrónico, que antes había que enviar por carta o entregarse en persona.
Pero también en este caso, pocos políticos se apresuran a defender estas medidas, que podrían ser difícilmente aceptadas por la población. Según el diario ucraniano Ukrainska Pravda, los diputados de la mayoría presidencial (partido “Servidores del Pueblo”) han recibido instrucciones de no comentar el proyecto de ley, debido a lo “delicado” del tema, y de remitir las preguntas al respecto a las autoridades militares.
En ausencia de políticos de alto nivel, es el comandante de las Fuerzas Armadas quien parece haber sido encargado de explicar a la opinión pública la necesidad de algunas de esas medidas. El General Valeri Zaloujny, que raramente habla en público, dio una rueda de prensa y fue invitado a un programa de televisión al día siguiente de la presentación del proyecto de ley, el 26 de diciembre. Explicó por qué, en su opinión, el actual sistema de reclutamiento es inadecuado.
El proyecto de ley también prevé facilitar el reclutamiento de los ucranianos residentes en el extranjero (para obtener un pasaporte, ahora tendrán que demostrar su inscripción ante las autoridades militares) e imponer penas más severas a quienes intenten eludirlo.
El texto, que debe ser examinado por el Parlamento ucraniano hacia el 10 de enero, incluye también una serie de medidas relativas a la desmovilización de los soldados: la posibilidad de renuncia incondicional para los soldados que hayan estado mucho tiempo en cautiverio (más de tres meses), y el derecho a desmovilizarse para los soldados que hayan servido ininterrumpidamente durante más de 36 meses. La oposición prepara ya una enmienda que propone reducir ese periodo a 18 meses.
En Rusia, el debate está ya zanjado: en septiembre, el presidente del comité de defensa de la Duma declaró que no habrá desmovilización antes del final de la guerra en Ucrania. “Volverán a casa cuando termine la operación militar especial. No está prevista ninguna rotación”, declaró el diputado Andrei Kartapolov.
Hasta ahora han sido rechazadas todas las peticiones de las familias de los soldados para que se fije un periodo máximo legal de presencia en el frente. El 20 de diciembre, el político opositor ruso Boris Vishnevsky dijo que había pedido al gobierno, en nombre de un grupo de esposas de soldados, que se limitara la movilización a un año. El Ministerio de Defensa consideró esta petición “inapropiada”.
¿Se añadirán pronto refuerzos a esos reclutas de servicio indefinido? Después de que el presidente Putin firmara a principios de diciembre un decreto por el que se aumentaba en un 15% el tamaño de las fuerzas armadas rusas, se dispararon los rumores sobre una nueva oleada de movilizaciones. A partir de ahora, las fuerzas armadas contarán con unos efectivos de 2,2 millones de miembros, de los cuales 1,32 millones serán militares.
Como motivos de la decisión, el ministerio de Defensa ruso citó la “expansión de la OTAN” y las “crecientes amenazas” a Rusia, “vinculadas a la operación militar especial”, término utilizado por las autoridades rusas para describir la guerra que libran en Ucrania.
Pero para el think tank conservador americano Institute for the Study of War (ISW), que lleva un registro diario detallado de la guerra en Ucrania, este decreto “es probablemente un reconocimiento formal de la fuerza actual del ejército ruso” más que “una orden de aumentar inmediatamente el número de efectivos militares rusos”. Según los cálculos del think tank, los 170.000 reclutas adicionales previstos por este decreto corresponden al aumento, ya alcanzado, del número de personas que trabajan para las fuerzas armadas rusas desde el anterior decreto que fijaba sus efectivos, que data de agosto de 2022.
Al menos una parte de esos efectivos está compuesta por personal contratado a través de empresas de seguridad privadas (según el ex presidente Dmitri Medvédev, cerca de medio millón de mercenarios firmaron un contrato con el ejército ruso en 2023), así como por trabajadores extranjeros o recién nacionalizados detenidos durante operaciones policiales.
Aunque Putin crea que va a necesitar rápidamente más soldados, es poco probable que se arriesgue a lanzar una movilización impopular antes de las próximas elecciones presidenciales rusas del próximo mes de marzo, en las que es candidato.
Tal vez para asegurarse de que todos los hombres en edad de combatir no se vayan del país, han sido reforzadas las medidas sobre salidas del territorio: el 11 de diciembre, varios millones de rusos recibieron una notificación para entregar sus pasaportes a las autoridades, que “retendrán” los documentos hasta nuevo aviso.
Traducción de Miguel López
Fuente de esta noticia: https://www.infolibre.es/mediapart/ucrania-debate-futuro-ejercito-plena-escalada-bombardeos-rusos_1_1679596.html
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