Choquehuanca pide derogar leyes del patrimonio natural cruceño

Existe una disputa por el control del territorio en Santa Cruz que se arrastra desde 2017. Primero tuvo que ver con el contexto de anuncios de exploración hidrocarburífera en áreas protegidas, y recientemente con el proyecto carretero Las Cruces Buena Vista.

El 26 de mayo de 2017, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera demandó conflicto de competencias a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), por la Ley departamental 098/2015, de Conservación del patrimonio natural, que a su entender invadía las competencias privativas del nivel central del Estado.

Recién el 8 de agosto de 2023, seis años después, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respondió a esa demanda con la sentencia 076/2023, que derogaba varios artículos. Este fallo obligó a la ALD a promulgar una nueva ley, la 313/2023, en lugar de la 098.

Adicionalmente, la sentencia 076/2023 abrió las puertas para dos nuevos requerimientos de conflicto por competencia, ambos firmados por David Choquehuanca, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El primer requerimiento, entregado a la ALD el 18 de diciembre de 2023, pedía la derogación de 10 artículos de la Ley departamental 208/2021, de creación de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó.

El segundo requerimiento pedía derogar 50 de 65 artículos de la norma 313/2023, de Conservación del patrimonio natural, que afectaría a las 11 UCPN cruceñas.

Según Carolina Ortuste, directora jurídica de la ALD, lo que corresponde después es acudir al TCP y hacer una representación. “Evidentemente, éste es el último tribunal de instancia que puede pronunciarse sobre los conflictos de competencia. Estamos haciendo toda nuestra documentación y esperamos que el tribunal en esta ocasión, a diferencia de la sentencia 076/2023, pueda enmendar sus propios fallos y cambiar su línea jurisprudencial”, dijo.

Para la experta jurídica, con estos requerimientos, básicamente, lo que se pretende es que ni la Gobernación ni la ALD regulen el patrimonio departamental, “quieren que esperemos que la ley nacional sea la que defina las áreas a considerar como patrimonio natural”, dijo.

En cuanto a la relevancia de las leyes cuestionadas por Choquehuenca, Ortuste explicó que la Ley 208 tutela los acuíferos de Güendá Urubó, en base a estudios de la GTZ (Cooperación Alemana).

“Dentro de la Ley 313/2023 identificamos las 11 UCPN y todas las especies animales y vegetales que han sido declaradas patrimonio departamental”, argumentó.

Movimientos sociales

Los dos requerimientos enviados desde la Vicepresidencia del Estado, y presidencia de la ALP, específicamente por David Choquehuanca, se respaldan con carta de las organizaciones sociales de Santa Fe del Amboró, una comunidad de 500 habitantes ubicada en el municipio de Porongo, la misma que bloqueó el ingreso a Buena Vista en demanda del proyecto carretero que tenía que salir de Santa Cruz de la Sierra y pasar por La Guardia, Las Cruces y llegar hasta Santa Fe.

“Esta norma ha creado dos tipos de conflicto, la paralización del proyecto carretero, que cuenta con financiamiento desde 2018, es decir anterior a la creación de Güendá Urubó, y los derechos de los lugareños a la propiedad, sin consulta previa”, dice la misiva.

Según Ortuste, que viene desde la pasada gestión departamental, en el tiempo que lleva en funciones, es la primera vez que este tipo de requerimientos se sustenta en presiones de organizaciones sociales. “Esto se explica porque los conflictos de competencia o de poderes no se promueven a solicitud de particulares, sino entre órganos de los niveles del Estado, o entre entidades territoriales del Estado, por eso los movimientos acudieron al vicepresidente, para que sea quien promueva los conflictos de competencia”, adujo.

Cuestionamientos

Ortuste lamentó que el TCP, que es el guardián de la CPE, con su sentencia 0076/2023 use argumentos de una norma inferior, la Ley Marco de Antonomías, en contrasentido con la propia CPE, “que dice que el nivel central tiene competencias en recursos naturales, pero no le ha dado competencia alguna en patrimonio natural, mientras que la Ley Marco de Autonomías, contraviniendo lo que dice la CPE, da al nivel central, en su artículo 87, competencias sobre patrimonio natural”, sustentó.

Para el abogado Juan Mario Bravo, la sentencia 076/2023 anuló el corazón y varios artículos de la Ley 098/2015 que hacía regulación del patrimonio natural del departamento.

Cuestionó que la causa que derivó en la sentencia 076/2023 fuera sorteada en varias oportunidades, “significa que el proyecto no se aprobó, que ganó el no. El sorteo hace al principio de imparcialidad porque no se puede elegir al magistrado, no se hace un proyecto hasta que salga el sí. Esta irregularidad representa un defecto no subsanable de origen, pero en este caso es mucho más grave porque el magistrado está reconociendo que se sorteó”, apuntó.

Presión antrópica

En 2017, cuando García Linera introdujo al TCP el requerimiento de conflicto de competencias, demandando la derogación de la Ley 098, fue cuando dijo “algún rato tendremos que entrar a las áreas protegidas”, mientras participaba en un encuentro de gas y petróleo.

Según Ortuste, cuando pasó lo del requerimiento de García Linera, se quería realizar actividades mineras o de hidrocarburos,

“Ellos querían hacer la implementación de una exploración de hidrocarburos. En esa época el Ministerio de Hidrocarburos nos hizo un requerimiento de que deroguemos nuestra Ley 098, nos rehusamos, tuvimos tres reuniones con ellos, les pedíamos que nos muestren estudios ambientales, pero solo querían que dejemos sin efecto la ley. Así surgió el requerimiento de incompetencia de la Ley 098, por actividades hidrocarburíferas, y ahora es por la carretera”, indicó.

Los artículos hoy cuestionados por los requerimientos de Choquehuanca apuntan a la potestad de crear reservas, de sancionar, de aprobar planes de manejo, a la exigencia de estudios de impacto ambiental y de acuerdos para actividades extractivas.

EL DEBER pidió la versión de la Vicepresidencia a través de su Dircom (Juan Carlos Segales), pero no hubo respuesta.