Cuando hace 30 años la derecha podía pactar con Herri Batasuna (aunque ETA siguiera matando)

Hace 32 años, dos policías locales de Muchamiel (Alicante) y el conductor de la grúa que les acompañaba murieron el 16 de septiembre mientras remolcaban un coche que creían mal aparcado por un borracho y en realidad escondía una bomba de ETA. Casi un mes más tarde, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Herri Batasuna (HB) llegaban el 11 de octubre en el Parlamento regional a uno de esos acuerdos para los que resulta difícil encontrar un titular impactante pero que pueden marcar el rumbo de buena parte de la actividad allí donde se alcance: como publicó El País, las dos formaciones se hicieron con el control de las comisiones parlamentarias modificando la distribución inicial de puestos –a HB le tocaba uno pero UPN le dio dos– y configurando así por un voto de diferencia una mayoría absoluta frente al PSN, Eusko Alkartasuna e IU. Las comisiones parlamentarias son los “órganos de preparación de las decisiones del pleno al dictaminar los textos legislativos”. Órganos que, por si lo anterior no definiera su relevancia, “pueden requerir la presencia de miembros del Gobierno, autoridades, funcionarios y otras personalidades“, como explica en su web la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Una semana después de aquel pacto parlamentario de aspecto gris pero gran operatividad, otra bomba mataba en Madrid a un teniente de artillería. Y otras dos dejaron tras sí heridos graves: entre ellos, Irene Villa. Transcurridos dos años, y aunque finalmente fue un plan fallido, UPN se sentó a negociar con HB los presupuestos de Navarra. La negociación incluyó la toma autorizada de fotos que publicaron diversos medios. Ese 1993, el hacha, la serpiente, las bombas y las pistolas de ETA se cobraron 14 vidas.

Pero regresando a lo sucedido en 1991 y a tenor de lo difundido sobre aquel acuerdo en el Parlamento navarro, no parece que nadie de UPN ni del PP se llevara las manos a la cabeza por la alianza con HB, conceptuada desde todos los ángulos como el brazo político de ETA. Tampoco había provocado la menor señal de escándalo que ese mismo 1991, tras las elecciones de mayo, UPN obtuviera el Gobierno de Navarra gracias a que esa misma HB votó no al candidato socialista: en efecto, y en contra de lo que el propio presidente Pedro Sánchez afirmó en 2020, no existió pacto como tal entre la derecha navarra y los abertzales. Dado que el sistema navarro garantiza la designación del aspirante más votado en caso de que nadie logre la mayoría, bastó con que HB votase no al candidato socialista.

Treinta y dos años más tarde, con el fin definitivo de las matanzas en 2011 tras más de 850 asesinatos, 2.600 heridos y 90 secuestros y con ETA oficialmente disuelta desde 2018, la situación ha cambiado de forma drástica. Tanto que emerge una pregunta: ¿qué habría ocurrido si el control de las comisiones parlamentarias de Navarra en 1991, uno de los años de plomo y dinamita, o la posterior negociación presupuestaria con HB en 1993 los hubiese encabezado el PSOE?

Para el PP y su socio preferente, Vox, la moción de censura que, gracias a los votos de los socialistas, ha permitido a EH Bildu recuperar la alcaldía de Pamplona añade hoy munición a un discurso que señala al Gobierno de Pedro Sánchez como amigo de terroristas, epíteto que la derecha asigna a EH Bildu. Pese a su rechazo a la violencia –que chirría no obstante con su negativa a condenar actos de gran calado como los homenajes a etarras–, la imagen de Bildu como coalición cada vez más lejana al pasado sangriento del terrorismo trastabilló con la inclusión de sentenciados en sus listas electorales –casi un centenar desde 2011, según el diario El Mundo–. La presencia de esos candidatos dio así munición a quienes –básicamente PP y Vox– invocan ahora el fantasma de ETA no como una banda cruel del pasado sino como si continuase viva.

De hecho, la renuncia en mayo de este año de los siete sentenciados por delitos de sangre incorporados a las candidaturas municipales de Bildu apenas ha tenido eco en comparación con los ataques viralizados que día tras día han partido de Alberto Núñez Feijóo y su equipo –con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como protagonista estelar– o de Abascal y el suyo.

Con el terrorismo como perenne pala para la captación de votos, el PP ha evitado en todo momento explicar por qué en una época como la del bienio 1991-1993 participó en pactos y negociaciones como las de Navarra arriba enunciadas sin que ello entrañase consecuencias disciplinarias ni políticas para sus protagonistas. No las hubo, por ejemplo, respecto a decisiones y declaraciones como aquellas cuyo autor fue hasta hace cinco meses su portavoz en el Senado y ocupa hoy la vicepresidencia primera de la Mesa de la Cámara Alta: Javier Maroto.

En julio de 2011, cuando nadie sabía que tres meses más tarde ETA anunciaría el cese definitivo de la violencia, Maroto era alcalde de Vitoria. Ese mes de julio, pactó con Bildu la paralización definitiva del palacio de congresos Bai Center. ¿Es menos que pactar una moción de censura? Mucho menos. Pero con Bildu como coprotagonista de un acuerdo, y así lo demuestran las informaciones publicadas desde el ascenso de Pedro Sánchez a Moncloa, el alcance y la materia no son lo prioritario.

El pacto bilateral provocó las críticas del PSOE y del PNV. Pero no por la participación de la formación abertzale sino por el perjuicio que, desde su punto de vista, entrañaba para la ciudad renunciar a tal infraestructura. La lectura del teletipo elaborado por la agencia EFE sobre el episodio del Bai Center y difundido, entre otros por el diario El Mundo, confirma que la sombra de ETA ni rozó a Maroto.

Tras aquel verano, y a los cinco días de que ETA diese por finalizada su “actividad armada” –20 de octubre–, Maroto pronunció una de esas frases que, paradójicamente, forman ya parte del acervo político a la vez que mantienen viva la incógnita de por qué el partido que hoy zarandea a diario al Gobierno por sus relaciones con Bildu le mantuvo en el cargo. “Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio”, dijo en una entrevista con TVE. Sus palabras no acabaron ahí: hay que hablar “entre todos” porque “excluir no está en la agenda”.

La euforia del momento permaneció incólume para Maroto. En 2013, el diario El Mundo publicó a cuatro columnas en su edición de Euskadi una información con el siguiente titular: Maroto defiende sus pactos con Bildu y desea que “cunda el ejemplo”. El subtítulo era este: “No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie”, asegura el alcalde del PP. En el segundo párrafo de la noticia, el rotativo exponía cómo en una entrevista el regidor de Vitoria había recalcado que “Bildu no es ETA” y que el futuro del País Vasco, “guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu”.

En paralelo, el también dirigente vasco del PP Borja Sémper ya había incrustado días antes en una entrevista con Jot Down la frase final del párrafo anterior: “El futuro en Euskadi se tiene que construir también con Bildu”. La entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desautorizó a Sémper y a Maroto, que continuó al frente de la alcaldía de Vitoria hasta las elecciones de 2015. En junio de ese año, Mariano Rajoy lo incorporó a la ejecutiva nacional como vicesecretario general de acción sectorial. En 2019, ya con Pablo Casado como presidente del PP, Maroto se convirtió en portavoz del grupo parlamentario en el Senado. Más tarde, el mismo Casado que le situó en ese prominente puesto, acusó al PSOE de “blanquear” a Bildu. Hace un mes, Alberto Núñez Feijóo decidió tras remodelar su equipo mantener a Borja Sémper como portavoz nacional del PP.