La doctrina del shock de Milei desregula la economía y da paso a la represión social en Argentina

Javier Milei sigue su estrategia de choque para convertir el país sudamericano en la sociedad libertaria de sus sueños. La estrategia del nuevo presidente argentino es clara: utilizar su legitimidad en las urnas para imponer cambios masivos mediante el noqueo y la paralización de la oposición social y parlamentaria. Y aprovechar la oportunidad para poner en marcha los medios de represión futuros para hacer frente a las inevitables consecuencias sociales y económicas de sus políticas.

Un ejemplo de libro de la aplicación de esta estrategia se produjo el miércoles 27 de diciembre. Ese día, los sindicatos presentaron un recurso ante los tribunales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por Javier Milei el 20 de diciembre, que modifica sectores enteros de la legislación social y económica del país.

En esta ocasión, las organizaciones sindicales organizaron una manifestación que tuvo un notable éxito y superó las expectativas. Pero al mismo tiempo que la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, se llenaba de manifestantes que coreaban “No somos la casta, somos los trabajadores”, el Presidente enviaba al Congreso una gigantesca “ley ómnibus” de 664 artículos que prevé una nueva oleada de reformas, que esta vez van desde la educación y la cultura a la justicia, pasando por la ley electoral, las jubilaciones, las normas medioambientales… y la convalidación del DNU. 

Esta última provocación pretende claramente demostrar a los sindicatos su irrelevancia, sobre todo porque son el blanco directo de las reformas. El DNU restringe considerablemente el derecho de huelga, mientras que la “ley ómnibus” aumenta las penas para los piquetes al prever hasta seis años de prisión.

La ofensiva de Javier Milei es de largo alcance. Para entender ese alcance hay que ver los detalles de las reformas que ha lanzado y el método que ha empleado. Éste se basa en dos principios destinados a crear un shock: la acumulación de medidas adoptadas y la rapidez de la acción.  

Tras anunciar una devaluación del peso del 50% y recortes presupuestarios masivos a los pocos días de tomar posesión, el 10 de diciembre, Javier Milei sorprendió a todos una semana después firmando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos.

Este tipo de decreto está previsto en el artículo 99.3 de la Constitución argentina y permite al Presidente adoptar medidas legislativas en situaciones de emergencia. Se trata, por tanto, de una forma de decreto-ley que, sin embargo, tiene límites, ya que no debe referirse a cuestiones fiscales, electorales o penales y debe ser convalidado por el Parlamento. Sin embargo, el Congreso no puede debatir sobre los detalles del decreto y debe aprobarlo o rechazarlo en su totalidad.

Por tanto, los DNU no son nada nuevo en Argentina, pero hasta ahora su uso ha sido limitado y selectivo. Javier Milei retoma aquí una táctica clásica de las tácticas de choque neoliberales: el uso de textos gigantescos que afectan a ámbitos diversos y muy amplios y que requieren una aceptación en bloque

Una táctica llevada a cabo con la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, la famosa “ley ómnibus” de 351 páginas presentada una semana después del DNU. Cabe recordar que este tipo de leyes se utilizaron con mucha regularidad durante la crisis de la eurozona a petición de la Troika.

Antes de entrar en los detalles de las medidas propuestas por Javier Milei, hay un punto que merece una mirada más atenta: el bloqueo del poder. Como hemos visto, la “ley ómnibus” prevé la validación del DNU, y por tanto de un conjunto de 366 artículos en un solo artículo. Pero va mucho más allá al modificar la ley electoral para el Congreso, pasando de un sistema proporcional a un sistema de mayoría simple estilo británico y dando al gobierno, y por tanto al Presidente, el poder de establecer las circunscripciones hasta un año antes de la votación. Se trata claramente de un instrumento extremadamente poderoso para controlar las mayorías parlamentarias y excluir a los partidos pequeños de la representación nacional.

Pero lo peor son sin duda los artículos 3 y 4 de la ley, que declaran “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, social, sanitaria, administrativa, de defensa y arancelaria” hasta el 31 de diciembre de 2025. Disposiciones que ya figuran en parte en el DNU.

Durante los próximos dos años, el presidente argentino podrá gobernar por decreto-ley todas esas cuestiones, es decir, prácticamente todas las políticas sociales, sin la aprobación del Congreso. La ley permite al ejecutivo incluso renovar esta “emergencia” por iniciativa propia durante dos años más.

En otras palabras: si se aprueba la ley, Javier Milei podrá gobernar por decreto-ley sin ningún debate parlamentario durante todo su mandato. Una vez más, el recurso a la emergencia pública no es nada nuevo; incluso lo utilizó el presidente peronista saliente Alberto Fernández. Pero la novedad aquí es la duración y la escala de esta emergencia, que convertirá a Argentina en nada menos que una “dictadura legal” durante los próximos cuatro años.

Y para completar el bloqueo del poder, el texto endurece la represión en caso de “resistencia a la autoridad”. Si un funcionario se niega a obedecer una orden, la pena de prisión pasa de un año a tres años y medio. Y cuando esta negativa tiene lugar durante una manifestación (definida como una reunión de al menos tres personas), la pena puede aumentar a seis años.

Además, la ley establece ahora que “la proporcionalidad de los medios empleados debe interpretarse siempre a favor de las fuerzas de seguridad”. En otras palabras, Javier Milei acaba de establecer una forma de presunción de legítima defensa para las fuerzas del orden. Es decir, más vale no oponerse a este sistema.

Con la capacidad que le dará la “emergencia pública”, se puede apostar que las medidas anunciadas por Javier Milei serán sólo el primer paso de su plan para transformar radicalmente Argentina. El alcance de estas primeras reformas, que se extienden a lo largo de los mil artículos del DNU y de la “ley ómnibus”, es ya considerable.

El núcleo de este proyecto es, por supuesto, económico. Pretende reducir enormemente el papel del Estado en la economía, pero también favorecer al capital en su lucha contra el trabajo. Al justificar el decreto, Javier Milei afirma que es “imprescindible adoptar medidas para superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales consecuencia de una serie de decisiones intervencionistas”.

Como resultado, el artículo 2 de la DNU establece que “el Estado nacional promoverá y asegurará el establecimiento en todo el territorio de un sistema económico basado en la libre decisión”, en particular “organizando la mayor desregulación posible del comercio, los servicios y la industria”, “levantando las restricciones a la oferta y la demanda” y abriendo el país al comercio internacional.

Con estos textos, la legislación argentina incorpora ahora un vocabulario libertario que parece sacado de un libro de Hayek o Rothbard. Y sus efectos son tangibles, pues se han modificado o anulado más de 3.500 reglamentos, incluidos los controles de alquileres y la liberalización del mercado laboral. Se han suprimido todas las medidas que controlaban los precios o las cantidades vendidas.

También se han abolido en gran medida las normas medioambientales, empezando por la prohibición de la exploración minera en zonas periglaciares.

El Estado está al frente de esas medidas. La “ley ómnibus” permite al ejecutivo suprimir, trasladar o reducir todas las administraciones locales, poniendo a disposición a los funcionarios afectados para cualquier tarea.

También habrá que privatizar empresas públicas. La “ley ómnibus” permite esta venta, que el DNU está preparando para transformarlas en sociedades anónimas. Eso afecta a las 41 empresas públicas, entre ellas la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, Correos, la industria militar, los ferrocarriles y, por supuesto, la petrolera YPF.

El ejecutivo argentino se coloca ahora claramente del lado del capital, muy mimado ahora, con una reducción de las cotizaciones sociales, una amnistía para la evasión fiscal (sin penalización hasta 100.000 dólares) y una promesa de clemencia por el incumplimiento de ciertas normas, en particular la no declaración de los trabajadores del servicio doméstico.

Los trabajadores, en cambio, estarán menos protegidos por la ley y sufrirán directamente los efectos de la aceleración de la inflación inducida por el levantamiento de los controles de precios combinado con la devaluación. Las pensiones no estarán mejor protegidas: se ha suprimido su indexación a los precios y los futuros aumentos quedarán a discreción del gobierno.

El derecho de huelga se verá severamente restringido. En los sectores llamados “esenciales”, que incluyen la sanidad, la producción de agua y energía, las telecomunicaciones, la aviación comercial, las aduanas y, sobre todo, la educación, los servicios mínimos se han fijado en el 75% de los servicios normales, lo que limita el derecho de huelga al 25% de los empleados de estos sectores.

En los sectores llamados “trascendentales”, que incluyen un gran número de actividades, desde el transporte hasta la industria en su conjunto, sin olvidar los medios de comunicación, la banca, la hostelería y la agroindustria, los servicios mínimos serán del 50%. En resumen, a partir de ahora el derecho de huelga se verá restringido en la mayor parte de la economía argentina.

Además, se restringirá el derecho de manifestación. El artículo 326 de la “ley ómnibus” estipula que organizar, convocar o coordinar una manifestación que “impida, obstruya o dificulte el tráfico o los transportes públicos o privados” o que “cause lesiones a las personas” o “daños a los bienes” podrá ser penado con cinco años de cárcel, aunque los “organizadores” no estén presentes en la manifestación.

Para garantizar el cumplimiento de esta norma, cualquier manifestación deberá declararse con 48 horas de antelación, indicando el recorrido, los nombres de los organizadores y los objetivos de la concentración, y el Ministerio de Seguridad Interior puede decidir prohibirla. En caso de daños, los organizadores serán directamente responsables civiles.

Se trata de hecho de una severa restricción del derecho de manifestación, que también permite apuntar a las organizaciones sindicales. Además, se ha endurecido la represión de los piquetes, con penas de prisión de hasta 6 años. Hay que tener en cuenta que una manifestación se define como una reunión de tres personas, por lo que la ley representa un ataque al derecho a la libertad de movimiento.

Evidentemente, estas medidas van mucho más allá de la liberalización iniciada en 2015 por el presidente Mauricio Macri. Por otra parte, el Gobierno sigue manteniendo por el momento las restricciones a la importación y parte de los controles de capitales, lo que constituye una concesión del presidente Milei con respecto a su programa inicial de dolarización rápida. Sin embargo, sigue siendo un libertario puesto que, con la “ley ómnibus” ha comenzado a liberalizar y mercantilizar otros ámbitos de la sociedad.

Así, el endurecimiento de la represión sindical y de la “resistencia a la autoridad” van de la mano junto a una relajación de la norma de la legítima defensa, no sólo para las fuerzas del orden. Esta es una de las obsesiones de los círculos libertarios, aunque la liberalización de la venta de armas no figure (¿todavía?) en el orden del día.

Numerosas instituciones se suprimen pura y simplemente porque no corresponden a la visión libertaria, sobre todo en el ámbito de la cultura, donde desaparecerán el Fondo Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. 

Además, siguiendo la visión de Murray Rothbard de que en una “sociedad libre” debe existir el “derecho a la discriminación”, Javier Milei suprime el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En la misma línea, la ley electoral suprime todas las cuotas de género.

La jungla de la “ley ómnibus” incluye otros elementos bastante significativos, como la posibilidad de revender entradas para acontecimientos deportivos o culturales en mercados libres, y la obligación para las universidades, cuya financiación se verá congelada, de financiar ellas mismas los cursos de estudiantes extranjeros.

El DNU y la “ley ómnibus” señalan el camino hacia una revolución política, económica y social sin precedentes por su amplitud y rapidez. En un texto publicado el 27 de diciembre, los diputados y gobernadores peronistas de la oposición denunciaron una ley “que no tiene precedentes en la historia argentina, ni en la del mundo”. Pero los peronistas sólo podrán bloquear esos textos con una parte de la derecha, en particular los radicales, considerados los más reacios a los planes de Milei y a la alianza entre la derecha macrista y los libertarios.

Por su parte, los sindicatos también intentan organizarse. El jueves 28 de diciembre, el principal sindicato, la CGT, se reunió para definir una estrategia y acaba de convocar una huelga general para el 24 de enero. El sindicato habla de “ataque a los derechos individuales y colectivos”. Sin embargo, ahora será necesario organizarse con los demás sindicatos y definir una estrategia que vaya más allá de un simple bloqueo de un día.

Además, los sindicatos ya tienen que contar con la represión de la ministra de Seguridad, la muy derechista Patricia Bullrich, que el miércoles se jactó de haber recibido “20.000 llamadas” denunciando presiones e intimidaciones de los sindicatos.

Lo cierto es que el método de Javier Milei implica riesgos. Sin duda, roza ampliamente los límites de la legalidad. La constitucionalidad del DNU es cuestionada por muchos y, en teoría, este proyecto debe ser convalidado por el Congreso en un procedimiento especial. La decisión de incluirlo en el “proyecto de ley ómnibus” es, una vez más, muy cuestionable.

Además, esta ley deberá ser validada por las dos Cámaras del Parlamento, siendo necesaria la mayoría absoluta para determinados artículos. Por tanto, será decisivo el comportamiento de radicales y centristas.

Pero Javier Milei no es de los que se dejan engañar: ha advertido que no aceptará ningún cambio en el DNU y que, si es rechazado, convocará un referéndum. Para él, el tiempo es un factor clave: debe aprovechar el estado de gracia creado por su elección antes de que se noten los primeros efectos regresivos de sus medidas.

Una cosa parece segura: como buen libertario, el presidente argentino está más preocupado por defender la propiedad y el poder económico que la democracia. Más que nunca, Argentina se enfrenta a una gran contrarrevolución destinada a cambiar profundamente su sociedad.

Traducción de Miguel López