El Congreso y la Corte Suprema chocaron por temática indígena en 2023

En un año de sequía en la Amazonía, temperaturas extremas, hambre y desnutrición de las poblaciones indígenas, Brasil discute la reducción de las demarcaciones de tierras indígenas. La tesis del llamado “marco temporal” fue declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal (STF), pero diputados y senadores la aprobaron en el Congreso Nacional.  

“Todos los días son días de lucha, todos los días. No hay un día en que estemos tranquilos, en que estemos bien. Todos los días tenemos violaciones de derechos. Sí, es un trabajo duro, sí, es agotador, pero seguimos resistiendo. Resistimos durante más de 500 años, seguiremos resistiendo”, afirma Cristiane Baré, abogada indígena y asesora jurídica de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab). Ella fue una de las abogadas que alegó contra el marco temporal ante la Corte Suprema en 2021.

Según la tesis del marco temporal, los indígenas tan sólo tendrán derecho al territorio en el que se encontraban el exacto día de la promulgación de la actual Constitución, el 05 de octubre de 1988. “No tiene sentido, porque somos nosotros los habitantes de este país. Somos los primeros habitantes originales de esta tierra. Cuando Brasil fue invadido, nosotros estábamos aquí. Establecer este marco es querer deshacer todo lo que ha pasado, con las violaciones de derechos que han ocurrido desde la invasión, las expulsiones forzadas de los pueblos indígenas, el proceso de violencia que se ha sufrido”, afirma la abogada.

El pasado 21 de septiembre, el Supremo Tribunal Federal invalidó la tesis, que consideró contraria a lo dispuesto en la Constitución brasileña. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron 8 días después un proyecto de ley para incluirla en la legislación federal. En octubre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó parcialmente el proyecto aprobado por el legislativo, argumentando que el marco temporal ya había sido considerado inconstitucional. El Congreso, sin embargo, anuló los vetos de Lula.

A raíz de ello, organizaciones indígenas, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y el propio gobierno empezaron a elaborar recursos para someterlos a la Corte Suprema.

Para los grupos a favor del marco temporal, como la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), sin él se crea una “inseguridad jurídica que puede expropiar del campo a miles de familias que ocupan sus tierras desde hace siglos, pasando por varias generaciones, que buscan a diario garantizar los alimentos que llegan a la mesa de la población brasileña y mundial”, sostiene la organización en un comunicado.

Los siguientes pasos

Según Wallace Corbo, profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, el país tiene ahora una ley que va en contra de lo que dice la Constitución y que intenta abarcar hechos anteriores a la ley. Corbo sostiene que los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras independientemente de cuándo las ocuparon.

“Tenemos una ley que dice lo contrario de lo que dice la Constitución en materia de tierras indígenas, que intenta retroactuar para abarcar actos jurídicos que ya son perfectos: el derecho adquirido de los pueblos indígenas a sus tierras”, explica.

Ante esta situación, según Corbo, nuevamente será necesaria una declaración de inconstitucionalidad de esta ley, que podría venir de la Corte Suprema o de cualquier juez que examine un proceso de demarcación.

“En los procesos de demarcación que han sido judicializados, en las acciones que ya están en curso, cualquier juez y cualquier tribunal puede declarar que esta ley es inconstitucional para defender los derechos de los pueblos indígenas”, afirma.

El profesor dice que la ley ya surge inconstitucional, pero que la Corte Suprema puede llegar a una posición diferente. “Siempre puede haber agentes políticos, económicos y sociales que busquen presionar al tribunal para que llegue a una conclusión contraria. Ahora, no se espera que el STF llegue a una posición diferente de la que llegó hace algunos pocos meses. Así que se espera que no haya contratiempos, que haya una reafirmación por parte del STF de lo que ya decidió recientemente.”

Indemnizaciones

La más alta Corte también definió indemnizaciones para los propietarios que recibieron, de los gobiernos federal y locales, títulos de tierras que debían ser consideradas áreas indígenas –es decir, la ocuparon de “buena fe”–. El tribunal autorizó el pago previo en efectivo o en bonos de deuda agraria. Sin embargo, el proceso deberá realizarse en un procedimiento separado y no estará condicionado a la salida de los ocupantes de las tierras indígenas.

Las indemnizaciones también preocupan a las organizaciones indígenas, según la abogada Cristiane Baré, quien cree que nadie “invade de buena fe un territorio indígena”. “¿Cómo se puede demostrar esa buena fe? Y esta cuestión paraliza el proceso de demarcación. (…) los derechos originarios no tienen precio, nadie puede venderlos. Es una gran preocupación para el movimiento y sabemos, en la práctica, cómo ocurrirá”, explica.

El profesor Wallace Corbo subraya que, según la Constitución, no habría lugar para indemnizaciones, pero el Tribunal Supremo dictaminó que sí las hay, y la decisión debe cumplirse. “Suponiendo que haya ocupantes de buena fe, lo que dijo el STF es que esta indemnización no condiciona la demarcación, es decir, el ocupante de buena fe tendrá que buscar por sí mismo el reconocimiento de su ocupación de buena fe y el pago de su indemnización, en un proceso administrativo o judicial”, explica.

Según el profesor, el Poder Ejecutivo puede emitir una ordenanza o decreto que cree parámetros para esa buena fe, pero el concepto presume que una persona no podría ser consciente de que ocupa tierras ajenas.

De acuerdo con la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), las 736 tierras indígenas registradas representan el 13% del territorio brasileño, con un total aproximado de 117 millones de hectáreas. El último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestra que el país tiene casi 900 mil indígenas, repartidos en 305 grupos étnicos.