Terremoto en la sanidad catalana por las nuevas condiciones laborales: “No es un acuerdo, son recortes encubiertos”

Trece días llevan las enfermeras catalanas del sistema público y concertado en pie de guerra por el nuevo convenio colectivo. Trece días de huelga indefinida que no tienen intención de desconvocar a menos que se reúnan con el conseller de Salud, Manel Balcells, que no parece estar dispuesto a ello. Trece días a los que se suman otras tres citas, también de paro, convocadas por otros colectivos como técnicos auxiliares, celadores o personal de mantenimiento contra las nuevas condiciones laborales. Y, para completar la escena, un centenar de directivos de centros de atención primaria (CAP) de Barcelona amenaza con dimitir.

La sanidad catalana atraviesa un terremoto y nadie sabe cuál será el desenlace. Lo único cierto es que, en poco más de un año, el conseller Manel Balcells ha logrado ponerse a buena parte del sector en contra.

La chispa saltó el pasado 22 de noviembre, cuando CCOO, UGT, el sindicato de Enfermería Satse y el Sindicato de Médicos de Cataluña firmaron el III Acuerdo de condiciones de trabajo del personal del Instituto Catalán de Salud (ICS), que gestiona el 80% de los ambulatorios y ocho hospitales. El nuevo acuerdo llegó casi un año después de que se rubricara el convenio del Siscat —la sanidad concertada— y debía mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, revirtiendo los recortes de 2010 y el impacto de la pandemia. O al menos eso dijo la Generalitat.

Para gran parte de los sanitarios, este nuevo acuerdo supone un menosprecio porque ratifica la precariedad laboral que sufren desde hace décadas. Consideran que las nuevas condiciones son “injustas” y que, en lugar de solucionar la pérdida adquisitiva de los trabajadores, fomentan la división y las diferencias entre el personal. Es más, acusan al Govern de estar llevando a cabo “recortes encubiertos” con un acuerdo “totalmente discriminatorio” que servirá para que el ICS “pueda ahorrar”. “No es un acuerdo de mejora para los sanitarios, es un acuerdo de ahorro para el ICS, una miseria, unos recortes encubiertos”, sostiene a infoLibre Maribel Ramírez, delegada de CGT y técnica en cuidados auxiliares de enfermería del Hospital de Bellvitge.

Las enfermeras fueron las primeras en decir basta. El pasado 12 de diciembre, el sindicato Enfermeras de Cataluña convocó una huelga indefinida para todas las trabajadoras del sistema público y concertado, así como un seguido de movilizaciones con las que piden la dimisión de Balcells y que han ido cogiendo cada vez más fuerza. La secundan incluso los colegios de enfermería de Cataluña.

“Nuestra profesión está muy menospreciada y maltratada, especialmente el colectivo de comadronas, que son enfermeras especialistas, pero no se las reconoce como tal”, señala a este diario la vicepresidenta del sindicato, Laia Marsal. De acuerdo con esta profesional, tras años de continuos “desprecios”, han llegado al “límite”. “Hace más de una década que somos graduadas y tenemos una titulación académica equivalente a las psicólogas u optometristas. Hemos asumido nuevas competencias y responsabilidades, pero el reconocimiento social, laboral y económico no ha sufrido ningún tipo de evolución positiva”, apuntan desde la organización. Alertan, además, de que la sobrecarga sistémica, que afecta a todos los perfiles profesionales, a menudo se traduce en un aumento del deterioro de la salud mental y física, en absentismo laboral e incluso en el abandono de la profesión.

A ello se agrega el hecho de que es una profesión “muy feminizada en una sociedad totalmente patriarcal y masculinizada”. “Nuestras reivindicaciones se escucharían mucho más si no fuese así”, opina Marsal antes de recordar que, cuando Médicos de Cataluña fue a la huelga a principios de año, el departamento de Salud “rápidamente se sentó con ellos en una mesa unilateral”.

Y es esa precisamente una de las principales reivindicaciones del sindicato: reunirse con Balcells. Aunque Enfermeras de Cataluña no cuenta con representación sindical en la negociación con el ICS, reclama una mesa de diálogo para tratar de “llegar a puntos de acuerdo y líneas de trabajo conjuntas” o, de lo contrario, amenaza con mantener la huelga indefinida. Sin embargo, el conseller ha rechazado de plano esta propuesta, que relega a su equipo. El lunes hubo una reunión entre el sindicato y la cúpula del departamento y el jueves estaba previsto que se repitiera la cita, pero las enfermeras desistieron al constatar que la intención del Govern “nunca ha sido ni será llegar a un acuerdo”. Por eso, han decidido mantener la huelga durante todas las fiestas de Navidad.

Las posiciones se han ido enrocando después de que el viernes de la semana pasada la protesta de enfermeras alcanzara su punto álgido, con una manifestación en la que participaron miles de personas al grito de “basta, basta, basta”. Ese mismo día se produjo también un giro de guion cuando el sindicato mayoritario Satse —firmante del nuevo acuerdo laboral—, que en un primer momento tildó la huelga de “electoralista y precipitada”, emitió un comunicado expresando su “apoyo total” a las enfermeras y asegurando que ya estaba manos a la obra junto al ICS para “corregir los errores”.

Todo ello ha forzado al Govern a negociar mejoras. Balcells ha acabado admitiendo que el acuerdo del ICS no es “suficiente” y ha pedido al Estado que modifique las categorías de empleados públicos para que las enfermeras puedan pasar del grupo A2 —equivalente a una diplomatura, a pesar de ser graduadas— al A1 —el mismo que los médicos—. Este cambio implicaría mejoras retributivas y es una de las grandes reivindicaciones del sector.

Asimismo, en un intento de aplacar los ánimos, la consellería ha aireado que el personal de enfermería cobrará alrededor de 5.000 euros anuales más en la atención primaria y unos 2.500 euros en la atención hospitalaria, al margen de los objetivos variables y de especialidad.

Pero la huelga de enfermeras no ha sido la única. Paralelamente, otros sindicatos minoritarios, como CGT, Som Sanitat, Som Intersindical, Intersindical y CATAC-CTS —que sí formó parte de la mesa con la Generalitat pero que se negó a suscribir el acuerdo— se sumaron a las protestas con tres días de paro —el 12, 13 y 20 de diciembre—, ampliando el malestar a otros colectivos profesionales.

“El acuerdo es un insulto para los trabajadores. Después de 17 años, tras los recortes y con la nueva subida retributiva, estamos cobrando lo mismo que cobrábamos hace 20 años y hemos perdido el 50% del poder adquisitivo”, denuncia Ramírez. “Estuvimos al pie de cañón durante la covid, la gente iba a trabajar sin EPIs, y ¿ésta es la recompensa que obtenemos? Queda mal hablar de dinero, pero llevamos 17 años sin una subida de sueldo y los sanitarios también pagamos alquiler, tenemos hipotecas y vamos al supermercado”, agrega.

Ramírez denuncia que el acuerdo se firmó “con prisas y sin avisar” y acusa a los sindicatos mayoritarios de “opacidad” por no haber compartido el contenido de las negociaciones con las organizaciones que no tenían lugar en la mesa. “Seguramente, si nos hubieran dicho lo que había, habríamos salido a la calle mucho antes”.

Por otro lado, considera que el nuevo marco servirá para que el ICS “ahorre” porque “impone una bolsa de horas obligatoria” a los trabajadores, lo que podría traducirse en menos contrataciones. Además, advierte, el aumento salarial no es “lineal” para todos los empleados, lo que puede suponer “una estampida de profesionales hacia la concertada y la privada”.

En este contexto, un centenar de directivos de unos cincuenta CAP de Barcelona han amenazado con dimitir a principios del próximo año si no se reconocen las competencias de todos los profesionales de la Atención Primaria. Lo han hecho a través de una carta dirigida a la consellería, en la que consideran que el tercer acuerdo denota “una falta de conocimiento de la dinámica de trabajo en los CAP”. Por ahora, está previsto que responsables del ICS se reúnan con los firmantes para abordar —en palabras de Balcells— la “ansiedad” y el “malestar” manifestado.

Pero el malestar con las políticas sanitarias del Govern de ERC no acaba aquí. Al ejecutivo catalán se le ha abierto un nuevo frente a raíz del anuncio de remodelación de la atención pediátrica. A partir del año que viene, Cataluña dejará de tener un pediatra por cada CAP y estos especialistas se concentrarán en 79 centros territoriales. Esto significa que las familias ya no tendrán pediatra en su barrio, sino que deberán desplazarse a un nuevo punto de atención, ubicado a un máximo de media hora de distancia de cada hogar.

La noticia ha generado profundo malestar entre decenas de entidades sociales, que han exigido al conseller que dé marcha atrás. Consideran que la atención centralizada no garantiza un servicio de calidad, que los profesionales perderán el contacto directo con el entorno de los menores y que muchas familias se verán obligadas a ir al médico fuera de su municipio. También la oposición ha mostrado las uñas y ha cargado contra Salud por este “gran recorte”.

Los próximos meses dirán si este nuevo modelo realmente es perjudicial, o, por el contrario, es “más efectivo” y “mejora la calidad” del servicio, como defiende el Govern. Lo que a día de hoy es evidente es que la sanidad catalana no goza de su mejor estado de salud.