En cárcel de Córdoba los presos tienen que hacer ‘vaca’ para comer por lo menos una vez al día

En una reciente visita de la Defensoría del Pueblo a un centro de detención ubicado en Lorica, Córdoba, se evidenció una preocupante situación, que no solo está vulnerando el derecho a la alimentación de los reclusos, sino también su derecho fundamental a la salud.

De acuerdo con la entidad defensora de derechos humanos, reiteradas violaciones a los derechos de 63 reclusos (54 hombres y nueve mujeres) se vienen presentando en la cárcel municipal La Amarilla.

En el centro carcelario habría falta de alimentos para los reclusos, quienes tienen que ingeniárselas para reunir el dinero, que muchas veces, les alcanza solo para una comida diaria.

“Quienes están privados de la libertad en el centro de reclusión nos contaron las afugias que están pasando, una es que deben ingeniárselas para ingresar dinero y, entre ellos mismos, hacer la llamada vaca para poder adquirir sus alimentos. Pero la problemática, que se sale de los márgenes humanos, no para ahí, pues lo poco que reúnen, según su testimonio, solamente les alcanza para alimentarse una vez al día”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los privados de la libertad también dijeron que a quienes dependen de medicamentos, no se los están suministrando. Las citas médicas no han sido posibles debido a que no hay vehículos para trasladarlos a los centros de salud, como tampoco y en atención al desarrollo de sus procesos judiciales, los están llevando a los juzgados.

Pero la preocupante situación no solo aqueja a los reclusos, también se evidenciaron irregularidades en el pago de salarios a los guardias de seguridad de la cárcel, lo que vulnera su derecho al trabajo.

“En la inspección defensorial, además, nuestros funcionarios evidenciaron que los custodios del penal, en razón a que les adeudan siete meses de salario, se vieron en la obligación de abandonar sus labores. Su legítimo derecho al trabajo está siendo transgredido. La Policía Nacional adscrita al departamento de Córdoba, en consecuencia, asumió la vigilancia en La Amarilla”, expresó Camargo Assis.

Es tan aguda la crisis, que en la madrugada del 3 de diciembre anterior, cinco privados de la libertad, considerados de alta peligrosidad, se escaparon. La fuga está siendo investigada por las autoridades competentes y locales.

La Defensoría, que le viene haciendo seguimiento al caso desde hace varios meses, interpuso en octubre del 2022 una acción de tutela para que fueran amparados los derechos de los internos.

El Juzgado Civil del Circuito de Lorica le dio la razón y ordenó a las alcaldías que tienen la competencia administrativa del penal, como las de Lorica, Momil, Purísima de la Concepción, San Antero, Cotorra, Chimá, Moñitos y San Bernardo del Viento, también al director de la cárcel, proteger los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal y a la salud de la población privada de la libertad que se encuentra recluida en la cárcel La Amarilla.

El fallo judicial ordenó a las entidades adoptar, coordinadamente, las medidas adecuadas y necesarias para que se suministren los alimentos en los debidos horarios y condiciones dignas.

Sin embargo, el defensor del Pueblo señaló que lo ordenado no ha sido cumplido: “(…) ni siquiera nos han respondido un oficio que le remitimos el pasado 12 de septiembre a la Alcaldía de Lorica”.

Por lo anterior, la entidad interpuso un incidente de desacato: “Necesitamos que los derechos tutelados a favor de la población reclusa sean atendidos y salvaguardados; es imperativo que su vida no continúe corriendo riesgos por cuenta de la incompetencia institucional”.

A través del incidente también se instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como también a la Gobernación de Córdoba, a sumar esfuerzos para que sea solventada la problemática.