Ignorando las conclusiones del Tribunal de Cuentas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) vuelve a anotarse un superávit millonario gracias al dinero público recibido vía IRPF de todos los contribuyentes, marquen o no la casilla. La última memoria presentada por la jerarquía católica, explicando el destino del dinero llegado por la llamada “casilla de la Iglesia”, cifra en 320,89 millones la asignación tributaria en 2022. De ese montante, la Iglesia no lo utilizó todo. Lo empleado se quedó por debajo de los 300 millones. Concretamente, en 298,4 millones, según los datos de su última memoria. Ello implica un resultado favorable de 22,48 millones de euros.
La obtención de superávit eclesial se mantiene pese al cuestionamiento del Tribunal de Cuentas, que en su informe de fiscalización de 2020 expresó serias reservas sobre esta práctica. El cosechado por la jerarquía católica es un superávit logrado gracias a fondos puramente públicos, y no –como a menudo se piensa– obtenido sólo por la liquidación de los que marcan la equis. No, no funciona así. La cantidad que cada año paga el Estado a la Iglesia se calcula en función del número de equis, pero es detraída del monto total recaudado. Es decir, de los impuestos pagados por todos, marquen o no la equis.
“El importe de la aportación debería ajustarse al valor de las necesidades a cuyo sostenimiento se ayuda”, señala el informe del Tribunal de Cuentas en su auditoría sobre la relación económica del Estado con las confesiones religiosas, en la que también alertaba de “una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia”. Por ello el órgano fiscalizador señalaba que sería “conveniente” que el Gobierno acordase con la Santa Sede qué destino dar a los superávits. En cuanto a la autofinanciación de la Iglesia prevista por los acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, ni está ni hay visos de que llegue.
La acumulación de superávits es una práctica habitual de la cúpula católica con el dinero recogido gracias a las equis en el IRPF. En plena época dorada de ingresos públicos a pesar de la pérdida de fieles y vocaciones, las memorias de la CEE muestran que la institución católica ha obtenido colchones económicos en los últimos nueve ejercicios: 22,48 millones en 2022; 38,8 en 2021; 32,09 en 2020; 12,74 en 2019; 3,76 en 2018; 15,9 en 2017; 19,3 en 2016; 7.000 euros en 2015 [aquí no hay millones de euros, como en el resto de casos, sino euros]; 4,88 millones en 2014.
La cantidad sumada en superávit durante esta década se acerca a los 150 millones de euros. El último ejercicio con déficit fue 2013, cuando el dinero empleado superó en 1,43 millones al recibido. Los datos de 2022, es decir, de lo recaudado por las equis marcadas en la campaña de 2023, llevan lo recibido por la Iglesia a un nuevo récord de 358,79 millones de euros, lo cual hace verosímil la posibilidad de un décimo ejercicio seguido con superávit.
La presentación este martes, en noviembre de 2023, de la memoria de 2022 supone una mejora en la praxis de la CEE, que antes actuaba con más demora. Por ejemplo, la memoria de 2021 se presentó en mayo de 2023. Ahora se rompe esa cadencia. Lo previsto es que la memoria de 2023 la conozcamos a finales de 2024. Otra mejora de la CEE es que no ha destinado fondos a Trece TV, que era otra práctica que había suscitado críticas del Tribunal de Cuentas, al considerar que podía incurrir en ayudas de Estado, prohibidas por la UE.
Las seis memorias anteriores del episcopado recogían envíos a la televisión de más de 42 millones de euros, que salían precisamente del superávit. En esta memoria ya no aparece partida para Trece TV. Concretamente, este es el reparto de dinero de la “casilla de la Iglesia”, tal y como lo recoge la memoria.
La principal partida son los 244,09 millones para “sostenimiento” de las diócesis, dinero dedicado fundamentalmente a salarios. Si a esto se le suma seguridad social del clero, funcionamiento de la CEE y sueldo de los obispos, son 273,79, un 91,75% de lo gastado con origen en la casilla. En el desglose no figura partida para Cáritas, el brazo más social de la Iglesia católica.
infoLibre preguntó expresamente a la Conferencia Episcopal si, como parece por la lectura de la memoria, no había partida ninguna con el dinero del IRPF ni para Trece TV ni para Cáritas, sin respuesta. Tampoco respondió sobre la desatención a las objeciones sobre el superávit del Tribunal de Cuentas.
La presentación de la memoria a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, y de la directora de la Oficina de Transparencia, Ester Martín, permitió ofrecer a la opinión pública algunos datos alentadores para la Iglesia, como un incremento interanual de bautizos, confirmaciones, matrimonios y unciones de enfermos.
No obstante, mirando la curva con algo de amplitud, la institución católica sigue describiendo una trayectoria declinante, sobre todo en el terreno evangelizador. Veamos una comparando entre 2022 con 2012, sólo diez años atrás. Los sacerdotes han pasado de 19.347 a 15.669 (-19%). Los catequistas, de 109.334 a 83.435 (-23,68%). Los misioneros, de 13.000 a 10.147 (-21,94%).
Ahora bien, no todo va para abajo. Si hace una década había 8.135 centros asistenciales que atendían a 3,49 millones de personas, ahora son –siempre con los datos de la memoria de la CEE– 8.796 centros que atienden a 3,77 millones. Es decir, la Iglesia ha ganado peso como institución caritativa, si bien ello puede llevar a interrogarse hasta qué punto es positivo subvencionarla para encargarse de la atención a necesitados en vez de fortalecer el músculo propio del Estado del bienestar.
Los otros dos frentes donde la Iglesia exhibe vigor son la religiosidad popular y la escuela. En cuanto a la primera, la memoria contabiliza más de un millón de cofrades. En cuanto a la escuela, suma 2.536 colegios católicos, 2.402 de ellos concertados, con más de 1,5 millones de alumnos en total. En 2012 eran 1,43 millones de alumnos. Esa flecha sube. La CEE afirma que su red concertada ahorra al Estado más de 4.200 millones de euros al año, cálculo que se basa en una metodología que ha sido criticada por especialistas.
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