Corporativismo y silencio: por qué las universidades se muestran aún incapaces de frenar el acoso sexual

Sobre el papel, está claro: el acoso sexual no tiene cabida en la universidad. En la práctica, la cosa se complica. Entran en juego el corporativismo, el silencio institucional y las relaciones de poder. Así lo vivió la víctima de Jordi Matas, catedrático de Ciencias Políticas y actual vicerrector de la Universitat de Barcelona (UB). Era octubre de 2016 y la estudiante, víctima de acoso, no encontró en la universidad un espacio seguro que diera credibilidad a su relato.

Según la información publicada este lunes por elDiario, la joven recibió de manera reiterada una serie de mensajes con connotaciones sexuales por parte del que habría sido el tutor de su Trabajo de Final de Grado (TFG). Los mensajes los envía valiéndose de la supuesta relación de amistad que existía entre él y la alumna, quien tras ser consciente de la conducta de su superior jerárquico decide tomar distancia. La joven llega a crear un grupo de Whatsapp con otros compañeros que le socorrían cuando era incapaz de esquivar los encuentros que su agresor insistía en forzar dentro de las paredes de la facultad.

En marzo de 2017, la alumna acude a la Unidad de Igualdad de la UB. Su caso lo estudia una comisión formada por tres hombres, cuya decisión final es taxativa: no hay caso. Así lo determinan, no sin antes interpelar a la víctima: “Me hicieron sentir fatal, con la necesidad de justificarme en todo momento”, dice la joven a elDiario. Si bien la comisión sentenció que la actitud del catedrático podía ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles, también entendió que el castigo más justo no era otro que una reprimenda verbal. La resolución que eximió a Jordi Matas consideró que las “expresiones de añoranza” del catedrático en los mensajes “se dirigen en general a sus estudiantes” y tampoco encontró “conductas de naturaleza sexual o con connotaciones sexuales”. Hoy día, la institución considera el caso zanjado.

Según el III Plan de Igualdad de la UB, desde el año 2014 hasta 2018, la institución ha tenido constancia de diez casos de acoso sexual y por razón de sexo. Sólo en una ocasión se impuso una sanción. En un total de seis, se pusieron en marcha medidas de reparación.

¿Cuáles son los deberes de las universidades en materia de acoso? Desde el año 2007, la ley obliga a las universidades públicas a contar “entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres“. Y efectivamente, así lo hacen, tal como se muestra en este listado del Ministerio de Educación.

Las unidades de igualdad “vienen determinadas por la Ley de 2007 y por distintas reformas universitarias que la consolidan”, detalla Esperanza Bosch, profesora de Psicología en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y directora del Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de la UIB. En conversación telefónica, la docente explica que todas las universidades deben contar con estas unidades, encargadas de poner en marcha los planes de igualdad y dentro de ellos, un protocolo contra el acoso. “Eso es lo que toca hacer –arguye–, después cada universidad se lo toma más o menos en serio y dedica más o menos recursos” a esta tarea.

¿Cómo funcionan las herramientas contra el acoso sexual en la universidad? “Los protocolos tienen una estructura, hablan de qué pasa cuando hay una denuncia y son muy parecidos entre ellos”, abunda Bosch. Un ejemplo: el protocolo de la Universidad del País Vasco (UPV) contra las violencias de género incluye medidas de prevención y un procedimiento de actuación ante cualquier tipo de violencia, incluido el acoso sexual. Entre las acciones contempladas, se encuentra la creación de una comisión, integrada por una técnica de igualdad, una persona del servicio de prevención, otra del servicio de atención psicológica y la dirección en materia de seguridad de la universidad. “Las personas integrantes de esta comisión recibirán formación específica en el abordaje de las violencias de género”, señala el protocolo.

Con la existencia de una denuncia formal, se procede a la ” acogida, escucha y recogida de información”, siempre desde la confidencialidad y de manera “descriptiva, no valorativa”. Tras una valoración inicial y una eventual imposición de medidas cautelares, la Dirección para la Igualdad confecciona un informe con recomendaciones y la Comisión resuelve la denuncia. El procedimiento se cierra con el “seguimiento del caso hasta la completa ejecución de las medidas correctivas y reparatorias” o bien de “la sanción impuesta” por el rectorado “a propuesta de la persona instructora”.

“El problema no está en el papel escrito”, valora Esperanza Bosch. “Lo importante está en la voluntad de llevarlo a cabo y en que se tenga muy claro que lo primero siempre es la víctima. Ahí es donde empiezan a flaquear”. Coincide Beatriz Ranea, socióloga y profesora ayudante doctora en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Las unidades de igualdad son obligatorias en las universidades públicas, lo que no es obligatorio es dotarlas de recursos”, introduce en conversación con este diario. Ahí entra en juego el compromiso de cada centro.

Si el motor legal existe desde hace años y la base teórica está consolidada, ¿qué falla? Fundamentalmente, el engranaje. “Sin una dotación presupuestaria y humana, los protocolos no funcionan”, analiza la socióloga, quien formula algunas preguntas clave: “¿Cómo se hacen los protocolos? ¿Cómo los implementan? ¿Existen en todos los casos requisitos de obligatoriedad de formación en género?”.

En el III Plan de Igualdad de la UB, se incluyen los resultados de entrevistas en profundidad a las personas responsables de las comisiones de igualdad. Entre los obstáculos observados por los integrantes de estos órganos, se incluye la falta de recursos económicos y de personal; la ausencia de conocimiento y de formación; las lagunas en cuanto al apoyo de la universidad –”institucionalización”–; la vergüenza y la victimización secundaria a la víctima; la falta de un entorno seguro para que las denunciantes no se sientan juzgadas y un servicio de atención psicológica por parte de la universidad.

Las unidades de igualdad, “incluso teniendo buena intención”, chocan contra un muro de hormigón: “La multitud de resistencias en las universidades para aplicar cualquier tipo de medida desde la perspectiva de género”, sostiene Ranea. Tiene que ver, completa Bosch, con que “las universidades en general han aceptado” la implantación de este tipo de mecanismos “mal y a rastras”. Por ello, la efectividad de los protocolos viene determinada en muchas ocasiones por “cómo de en serio se lo tome el equipo rectoral”.

Pero sobre todo, abunda la psicóloga, tiene un peso fundamental la impunidad que rodea a los agresores. “El acosador es un depredador que juega con la ventaja de que está amparado por sus iguales. Y las universidades siguen siendo muy medievales en ese sentido”. La jerarquía juega un papel clave, sostiene Bosch: si se trata de un profesor asociado, la solución pasa por la no contratación; pero la cosa se complica cuando el agresor lleva el apellido de catedrático.

Ranea, que ha participado en el proyecto Unisafe contra la violencia machista en la academia, comparte el diagnóstico. “Las fratrías y el corporativismo se da también en la universidad” y muchas veces se prioriza que “un caso no salga a la luz” para evitar daño reputacional. “Intentan simplemente sortearlo, con un gran coste para la víctima y para las posibles víctimas futuras”, sostiene. El mensaje que la inacción lanza a las víctimas es claro: “Aguanta y no hagas nada”.

Sobre ese silencio sistémico también habla Esperanza Bosch. Normalmente, los agresores “no actúan en la sombra y no son desconocidos”. Es probable que su conducta violenta “sea un secreto a voces”. Las universidades, zanja la experta, “pretenden hacer creer que esto aquí no pasa” e incluso sus miembros llegan a difundir la sospecha de que las víctimas “sólo quieren malmeter o hacer chantajes al profesor”.

Bajo el lema “Echemos a los profesores agresores”, medio millar de alumnos y alumnas de la UB se echaron este jueves a la calle para confrontar con lo que entienden una forma de violencia estructural. “Hace menos de una semana, los estudiantes salíamos a las calles denunciando que estos no son casos aislados, sino que forman parte de una violencia estructural”, clamaba este lunes el sindicato SEPC. La representación sindical de los estudiantes añadía en redes sociales que “una vez más, las instituciones han demostrado tener protocolos ineficaces y se han mostrado cómplices de los profesores agresores”.