Los vecinos de Madrid se organizan para frenar el “infierno” de los pisos turísticos

“Es un infierno. No se puede descansar cuando un día sí y otro también aporrean tu puerta de madrugada, llaman al timbre, o intentan meter la llave en tu cerradura. Y cuando abres, puede que te encuentres a alguien vomitando en el rellano. Es incompatible con la vida normal”. Habla Antonio S. y lo hace de forma caudalosa y atropellada. Es uno de los afectados por la explosión de las viviendas turísticas. No hay ficción en lo que cuenta, pero sí habrá repetición.

El número de ese tipo de pisos y apartamentos que se anuncian en plataformas digitales ha alcanzado las 306.974 en España, con un total de 1.562.751 plazas y una media de 5,1 de estas últimas por vivienda. En la Comunidad de Madrid en concreto hay registradas 17.400, con 61.127 plazas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de agosto de 2021, cuando se hizo la última medición. De esa cifra, 14.686 se concentran en la capital, con 49.186 plazas. “Aunque son muchas más, porque ahí no están contadas las ilegales”, advierten desde la primera Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico que han montado las asociaciones vecinales de Madrid La Corrala, Sol y Barrio de Las Letras, Cavas-La Latina, Retiro Norte y El Organillo de Chamberí, con el apoyo de La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Se han organizado en torno a constelaciones de relatos que tienen un patrón común. “Ascensores estropeados, subidas y bajas de escaleras porque personas van o vienen a coger un avión, fiestas y borracheras, que el piso sea para dos y aparezcan 17, desconchaduras y rozaduras en los edificios, basura tirada por todas partes, peleas…”, sintetiza Víctor Rey, coordinador de la Oficina Vecinal. “La gente está muy enfadada y preocupada y nos dicen que han mandado escritos a las administraciones, pero no les han hecho ni caso”, señala. Ana D. lo confirma, tras una amplia respiración. Una docena de vecinos habitan un edificio antiguo del barrio madrileño de Malasaña. “Tiene 157 años y es de madera, sin ascensor”, detalla. En él ha habido hasta tres pisos turísticos y Ana ha llegado a estar incrustada entre dos “uno encima y otro debajo”. Ahora funcionan un par, pero “a tope todos los días del año”.

Su rosario de lamentos incluye “arrastrar de maletas, de muebles, carreras por los pasillo de madrugada, portazos…”, en una edificación en la que “se escucha todo”. Aguantan a “gente de despedida de soltera, de fiesta, o a quienes vienen de turismo normal, pero entrando y saliendo a todas horas”. “Han intentado abrir la puerta de mi casa bastantes veces y hasta he tenido que indicarles yo a algunos donde está la vivienda turística ilegal. Es una inseguridad insoportable”, la que tienen que “tragar”. Llama cada poco a la Policía, pero “cuando llega, si lo hace a tiempo, les dan un toque —a los alborotadores— y ya está”. Es además la presidenta de la comunidad y su móvil es un hervidero de mensajes de queja e incluso contiene alguno en el que la avisan de una posible denuncia por acoso a huéspedes, “encima”. “Los pisos tienen orden de cese y clausura, los dueños lo saben porque se les ha comunicado, pero da lo mismo. Es desesperante. Llevamos seis años así”, remata.

La lista de atendidos por la Oficina Vecinal es prolija. En ella tratan de orientar a quienes acuden preguntando qué pueden hacer, a menudo cuando en su comunidad ya han dado un primer paso: poner de acuerdo a todos los vecinos para actuar. Colaboran con ellos abogados que asesoran en la parte técnica. A Rey también lo han amenazado e insultado por la calle, pero no se ha amedrentado. Su carácter afable y su sonrisa rápida le sirven de escudo. Narra que, “en principio, el problema estaba muy localizado en el Distrito Centro de Madrid, pero la realidad es que se ha ido expandiendo por el resto de la ciudad. En todas las zonas conectadas por el metro con el centro se está desarrollando el mismo proceso”, explica. Es más, las asociaciones que parieron la entidad ciudadana de atención se decidieron a hacerlo al darse cuenta de que, mientras ellas tenían “ya mucha experiencia con este tema”, al resto de las asociaciones vecinales y entidades que componen la FRAVM “les había pillado un poco por sorpresa”. Quisieron “aunar esfuerzos y compartir los procesos de trabajo y los procedimientos. Por eso surgió la oficina”.

En ella han visto cómo se cuela, por los resquicios de la posibilidad, “casi de todo”. “Unos vecinos llevan tres años denunciando que en un primero existe una vivienda turística. Tenían un expediente abierto por parte de la administración y los propietarios han hecho un agujero en el techo para conectar la vivienda con un local de abajo sin consentimiento alguno”, expone. Les han planteado también una consulta vinculada a un edificio que “en sus estatutos tiene prohibida la existencia de viviendas de uso turístico, pero a uno de los locales comerciales, el ayuntamiento le ha dado licencia para transformarlo en una, con lo que se ha metido en un problema a reconsiderar”, dispara. Y Rey continúa: “Hay situaciones esperpénticas, en la plaza de Matute se han convertido antiguas carboneras en apartamentos para uso turístico, los hay en buhardillas que no tienen ni servicios ni nada, en la calle de Santa Isabel se han transformado caballerizas en viviendas y en una de ellas hay censadas 174 personas, cómo tienen que estar esos vecinos”, exclama. “Todos los días hay una sorpresa porque no prevés que se pueda llegar a tal nivel”, admite a continuación.

La “casuística es enorme” coinciden desde estas asociaciones vecinales, pero hay un punto de conexión: “El hartazgo, el cabreo, la impotencia de los vecinos, el sentirse desamparados por las administraciones, el no poder hacer nada y el que los caraduras campen a sus anchas, sin que nadie tome medidas”. “Todo esto es habitual entre los que vienen a la oficina tanto a nivel individual como de comunidades de propietarios”, constata el coordinador.

¿Qué les reprochan a las administraciones? “Al margen de que, por lo general prestan poca atención a este problema, el no poner los medios suficientes de inspección para controlar y sancionar”, dicen. Rey pone el foco en que “en 2019 en Madrid había un equipo de 31 personas” que desempeñaban esas labores en relación a esta actividad, mientras que “el año pasado quedaban nueve para toda la ciudad. Nueve que además tienen las inspecciones de hostelería y ya sabe que en Madrid no hay bares”, ironiza. Agrega que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que “se van a reforzar”. “Queremos verlo, porque realmente no dan abasto y hay expedientes que decaen porque se han agotado plazos y tenemos que volver a empezar”, mantiene. “Es cansino”, reconoce, pero más allá, piensa que “juegan con eso porque no hay una voluntad política por parte de la administración, ni local ni autonómica, de atajar el problema. Faltan medios humanos y materiales. Aunque ahora parece que se han dado cuenta de que la situación se les ha ido de las manos”, asevera. Acepta que “hay edificios destinados por completo a usos turísticos que no dan ruido porque están bien gestionados y tienen suficiente personal”, con los que “se puede convivir”, pero “son los menos”.

Todos los consultados buscan dejar claro que la burbuja de viviendas turísticas no sólo debería incumbir a los ciudadanos directamente atrapados en ella. “Se están desfigurando las ciudades que cada vez se parecen más a parques temáticos en los que no son necesarios ni los comercios de proximidad ni los centros de salud o de mayores, ni los parques para niños y niñas… Nos falta ponernos un cartel que diga ‘vecinos en peligro de extinción”, deja en el aire Rey.

Tal vez por ello se resisten a que su lucha sea infructuosa y a irse de sus casas, aunque “algunos sí hayan terminado haciéndolo”. “Se están logrando cosas, se están cerrando pisos, pero es todo muy lento y como el asunto acabe en los tribunales se puede alargar eternamente”, arroja Antonio.

En ese sentido, han recibido “contentos” la noticia de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha dictado dos sentencias en las que avala el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de los pisos para ejercer una actividad económica. Aunque el Alto Tribunal ha aclarado que en ninguno de los casos se trata de aplicar la nueva regulación de la Ley de Propiedad Horizontal que dispone que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de esta actividad requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, que es una de las vías que están intentando seguir muchas de las comunidades perjudicadas por las hileras de turistas, consideran que los fallos “son positivos”. La razón es que el TS “ha dejado meridiano que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica”.

“Hasta ahora había un debate en torno a si esas viviendas lo eran o, por el contrario, sólo algo ocasional, puntual o colateral”, comenta Rey, para enlazar: “Hoy ya no hay duda de que es un negocio puro y duro —Airbnb ha cerrado el tercer trimestre de 2023 con ingresos disparados hasta más de los 3.200 millones—, pero las administraciones públicas han comprado el mensaje de que no era una actividad económica per se. Las sentencias del Supremo recogen que lo es, así es que tienen que estar sometidas a la legislación general aplicable en ese caso, incluida la laboral, que afecta, por ejemplo, a las personas que van a limpiar y que la gran mayoría trabajan en negro; y a la del sector”. A su juicio, “tienen que cumplir con toda esa normativa. Había un vacío legal, pero se ha unificado un criterio que regirá para todos, tanto en San Sebastián y Oviedo, donde se inició el proceso judicial que se acaba de cerrar; como en Madrid, Palma, Málaga o Santiago de Compostela”, enumera.

Ven en esos fallos un balón de oxígeno al que agarrarse para combatir el desánimo. Refieren que la Ley por el derecho a la Vivienda aprobada este año “tampoco les ayuda”. Entienden que “ha sido un error no abordar en ella esta problemática, una oportunidad perdida”. El coordinador de la Oficina Vecinal aclara que trasladaron a sus impulsores esa idea. “Hubiera merecido la pena que al menos se fijase un marco regulador común”. “Ahora el Gobierno ha creado un grupo de trabajo para abordar este tema y nosotros encantados, pero somos conscientes de que las competencias en turismo y vivienda las tienen las comunidades, así es que será difícil que esto llegue a buen puerto, salvo que una posible reforma de la ley defina la vivienda como un concepto intransferible y que no se puede dedicar a otras cuestiones”, insinúa. De momento, representantes del Ministerio de Industria y Turismo y del estrenado esta legislatura Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han mantenido ya una reunión esta semana y la intención es poder contribuir a regular los alquileres turísticos en el conjunto del país. Hay que desembrollar una madeja complicada.