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Sáb. Nov 23rd, 2024
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Después de tres años de que comenzó el trabajo de reparación a todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por la crisis política y social de 2019, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia y expresó su preocupación por el “escaso avance” que hizo el Estado boliviano en las investigaciones para resolver estos casos.

También subraya que existen varios temas pendientes para concretar una reparación integral a las víctimas, mismos que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se conformó en 2021. Esta instancia concluyó que en 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos.

En ese contexto y a punto de cerrar el 2023, la misión de la CIDH está en Bolivia para presentar un informe de seguimiento a las recomendaciones del GIEI, reactivar el seguimiento a los casos, en especial, a los que la justicia archivó, olvidó y no encontró culpables y para volver a reunirse con las víctimas de los cruentos hechos de 2019.

La misión internacional aseguró a EL DEBER que no solo se ocupará de los de Senkata y Sacaba, también atenderá a las víctimas olvidadas de otras regiones.

Preocupación

El comisionado relator de la CIDH para Bolivia, el mexicano José Luis Caballero, presentó formalmente al Gobierno de Luis Arce, el primer informe de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg).

En un resumen sucinto del documento, Caballero destaca la apertura del Gobierno en este tema, pero también le preocupa la demora en las investigaciones de los hechos de 2019, hecho que afecta a las víctimas.

“El informe señaló una especial preocupación por el elevado número de investigaciones que reportan escasos avances en la determinación de responsabilidades ante graves violaciones a derechos humanos en 2019, lo que impacta directamente en el acceso a la justicia de las víctimas”, dijo Caballero en el acto oficial que se llevó a cabo en la Cancillería.

En ese marco, en este primer informe la CIDH señala que existen varios temas pendientes para reparar a las víctimas de 2019, entre esos temas están la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa para las reparaciones a las víctimas.

“Esto es un desafío muy importante en el Legislativo y de un plan de acción sobre la política integral de reparaciones diseñado de manera particular con todas las víctimas de los hechos de violencia que relata el informe del GIEI”, agregó Caballero.

Otros temas pendientes para la reparación integral son la realización de un “censo” de víctimas de 2019 y registro informático de heridos y fallecidos entre 2019 y 2020.

“A partir de este censo se permitirá contar con mecanismos objetivos y transparentes para la identificación de sus víctimas y de los beneficiarios”, explicó Caballero.

El comisionado de la CIDH brindó su informe ante la atenta mirada del ministro de Justicia, Iván Lima, el procurador general del Estado, César Adalid Siles y el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, quien se encuentra en Bolivia.

Avances

Después del acto oficial, el comisionado Caballero atendió unos minutos a los periodistas, momento en el que destacó que de las 36 recomendaciones que el GIEI hizo al Estado boliviano en 2021, hasta la fecha se cumplieron cuatro.

“La creación del mecanismo internacional que tenemos de la Mesa de Seguimiento (Meseg), se ha presentado el plan de reparaciones. También ha habido un foro sobre la perspectiva de género, y un tema que para nosotros es muy relevante que es dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad y amnistía a graves violaciones a derechos humanos”, anotó Caballero.

En tanto, el ministro Lima aseguró a la misión de la CIDH que el Gobierno de Luis Arce está comprometido a reparar los daños a las víctimas de 2019 y subrayó que en ese marco, la misión de la CIDH volverá reunirse con con las víctimas de Senkata y Huayllani (Sacaba) para escuchar nuevamente sus testimonios. Además sostendrá encuentros con autoridades como el Fiscal General del Estado y el Tribunal Supremo de Justicia.

Fuente de esta noticia Diario El Deber Bolivia.


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