9.000 millones públicos para financiar la sanidad privada, la “fórmula híbrida” que Mónica García mira con lupa

La sanidad privada, según justifica su mayor lobby en España, la Fundación IDIS, “libera recursos de la sanidad pública”, “mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria” y “complementa al sector público”. Pero esa es sólo la teoría. La práctica, en cambio, muestra que el sector del negocio sanitario, más bien, bebe de lo público. ¿Cómo? A través de conciertos —que en 2021 se incrementaron—, de desgravaciones fiscales y de absorber toda la demanda que el desmantelamiento de la sanidad pública no puede atender.

Contra ese modelo, el que se aprovecha del erario público para hacer negocio, fijó su mirada este lunes la recién estrenada ministra, Mónica García, durante una entrevista en Hora 25, en la Cadena Ser. “Siempre he tenido mucho respeto a la sanidad privada, que tiene su negocio”, dijo, provocando una lluvia de críticas. Y añadió: “Lo que he criticado muchas veces son esas fórmulas híbridas, que con dinero público se pague unos determinados beneficios económicos de unas empresas que no están en España la mayoría de veces y hacen que sean más caros los procedimientos”.

En resumen: lo que ha “criticado muchas veces” es que la privada saque tajada de la pública. Y no una pequeña. Según los propios datos de IDIS, el 35% del negocio de los hospitales privados depende de los conciertos, es decir, de la financiación del Estado. ¿Y el resto? Un 55% proviene de los convenios con las aseguradoras y tan sólo el 10% de lo que IDIS cataloga como “privado puro”. En otras palabras: de quienes deciden, individualmente, pagarlo.

No son pocos. Y se refleja en el crecimiento exponencial del negocio de las pólizas de salud. En 2022, también según IDIS, los asegurados ya superaban, y lo hacían por primera vez, los 12 millones, acumulando una tasa de crecimiento desde 2017 que ya roza el 4% y ayudando, así, a que la facturación de los seguros bata récord tras récord. El último en 2022, cuando la patronal Unespa situó en 10.500 millones las ganancias del sector.

Pero lo más llamativo, y sobre lo que este lunes quiso poner el foco García, son los conciertos. ¿Qué impacto tienen? La última Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad refleja que el gasto en ellos en 2021 fue de 9.227 millones, lo que supone un 10,2% del gasto sanitario público total. Un año antes, en 2020, el porcentaje estaba 0,2 puntos por debajo y en números brutos se situaba en más de 8.573 millones.

Pero, ¿cómo se reparten esos 9.227 millones? En ese punto, IDIS desglosa que un 62% —5.708 millones— fue a parar a los servicios hospitalarios (“que incluyen pruebas diagnósticas, terapias respiratorias, radioterapia, etc.”), mientras que un 18% se dedicó a los servicios especializados (“como intervenciones quirúrgicas, cuidados de larga estancia, de salud mental, rehabilitación, etc.”).

Son los primeros, los hospitales privados, los que por tanto sacan el mayor beneficio de lo público. Y los que también han aumentado su facturación: según el observatorio sectorial DBK, asciende a 12.400 millones.

Julián Ezquerra, ex secretario general de Amyts y médico jubilado, cree que la nueva ministra puede “poner coto a esto”. “Lo que se paga por una asistencia de concierto está tasado. Si García cree que es obsceno, habría que controlar lo que se gasta en esto. Eso se puede regular, pero no el hecho de que alguien pague una póliza”, explica.

Pero ya no es sólo mediante los conciertos. La sanidad privada también saca tajada de lo público mediante las desgravaciones fiscales que, a falta de cifra oficial, el médico Juan Simó, analista del sistema sanitario y autor del blog Salud, dinero y atención primaria, estima en hasta 1.000 millones de merma a la arcas públicas. “¿A santo de qué tenemos que gastar el dinero del contribuyente en incentivar fiscalmente la compra de seguros privados de salud a sujetos que se pueden permitir comprárselos?”, se preguntó.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ya propuso eliminarlos, y Podemos recogió el guante y quiso hacerlo realidad. Lo anunció en infoLibre Amparo Botejara, la que fuera responsable del área de sanidad de la formación morada en 2021, pero no se llevó a cabo. Estas desgravaciones, concretamente, consisten en deducciones de las que se benefician los empresarios, con un máximo de 500 euros deducibles por cada trabajador asegurado (1.500 si tiene discapacidad).

Similares cantidades puede desgravarse un autónomo. En cuanto a los trabajadores por cuenta ajena, el seguro de salud individual no desgrava, pero sí disfrutan de beneficios los trabajadores cubiertos por pólizas colectivas. Cuando reciben parte de su retribución mensual a través de este concepto, esa parte queda exenta de tributación hasta un máximo de 500 euros. En todos los casos las pólizas pueden cubrir también al cónyuge y los hijos de los trabajadores o autónomos.

El negocio sanitario se mantiene erguido, por tanto, gracias a dos pilares que no se mueven ni un ápice: el que sujeta la Administración, que no pone coto a su financiación pública, y el que sujeta una cartera de pacientes cada vez más grande. Por una explicación muy sencilla: “Hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que tienen una póliza privada porque los servicios públicos no dan abasto“, critica Ezquerra. No es sólo una opinión: una investigación publicada el pasado mes de marzo lo certificó.

La llevaron a cabo el profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid José Rama, y los investigadores en el ámbito sanitario Javier Rama y Olalla Iglesias. ¿Qué determina la elección público-privada en la sanidad española?, se preguntaron en el título del estudio, que se basó en 4.500 pacientes. La respuesta fue clara: la pérdida de prestigio del Sistema Nacional de Salud (SNS) está estrechamente ligado al boom del seguro privado. Éste ha crecido mientras el primero ha descendido.

Lo refleja el barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que pregunta por la valoración que hacen los ciudadanos del sistema sanitario público. En la última encuesta, las opiniones favorables suponen el 60,1% (las que aseguran que funciona bastante bien y las que consideran que, aunque lo hace, necesita reformas), un porcentaje que en 2019 superaba el 70%. Las desfavorables, por su parte, suponen el 39,2%; hace cuatro años eran un 27,4%. En 2019, los asegurados eran poco más de 10 millones, un 13,6% menos que ahora.

Así se aprovecha la privada. De hecho, y según la misma encuesta, un 75,7% de quienes tienen una póliza privada decidieron contratarla “por la rapidez” con la que atienden. El contexto en la pública, según los últimos datos de Sanidad, reflejan que las listas de espera no hacen más que aumentar: la quirúrgica ha crecido en 77.446 personas, hasta las 819.96.

Volvamos al principio. ¿De verdad la sanidad privada “complementa” a la pública? Lo cierto, según sostienen expertos y también datos, es que lo hace, pero sólo en procedimientos sencillos. Lo dijo también la ministra. “Llevo mucho tiempo hablando con los operadores de la sanidad privada y no tengo nada contra ellos. Ellos me han dicho una cosa muy importante que es que para que ellos funcionen bien, tiene que hacerlo la pública. Son conscientes de que la pública se lleva los peores riesgos, las intervenciones y procedimientos más caros, los que hay que repartir más en la sociedad. La pública tiene que funcionar bien para que funcione la privada”, sostuvo.

El Barómetro Sanitario de 2019 reveló que los ciudadanos prefieren acudir a la sanidad privada excepto para “un tratamiento para una enfermedad grave o compleja (por ejemplo, un cáncer, una operación de corazón, etc.)”. En concreto, el 58,2% de los encuestados prefieren la pública en estos casos, frente a un 30,2% que escogería la privada. Para cuestiones como “Un síntoma que le preocupa pero no es urgente ni grave (por ejemplo, un dolor en la rodilla)”, el 56,3% echaría mano de la sanidad privada, mientras que un 35,3% acudiría a la pública.

En el último barómetro también se ve algo similar: aunque asistir a la pública es la opción preferida en todos los casos, los porcentajes se igualan cuando se habla de acudir a la consulta de un especialista. En ese caso, el 39,1% escoge la privada, mientras que el 58,2% prefiere la privada. A la hora de ser ingresado, los porcentajes se separan: 19,6% y 76,7%, respectivamente. Si hay que ir a urgencias, el esquema es el mismo: el 73,4% iría a las públicas y el 24,2%, a la privada.