El éxito de las pulseras contra maltratadores: ninguna víctima asesinada y 4.386 agresores vigilados

Nacieron en el año 2009 como una herramienta absolutamente pionera. No había ninguna prueba de su impacto en ningún otro rincón del mundo, pero quienes estaban al frente de la estrategia institucional contra la violencia de género optaron por hacer una apuesta decidida por las pulseras contra maltratadores. Tras catorce años en funcionamiento, han demostrado sobradamente su eficacia: ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada desde que existen registros. En la actualidad, hay 4.386 dispositivos en activo que vigilan a los inculpados o condenados por violencia de género.

El sistema telemático “permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos por violencia de género en los que la autoridad judicial acuerde su utilización”, según se explica en la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La prestación del servicio es responsabilidad de una empresa privada que se encarga de las labores de monitorización, operación e instalación de los dispositivos, desarrolladas por el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa). El espacio, que funciona las 24 horas del día durante todo el año, mantiene relación con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas de Seguridad.

El sistema contra los maltratadores funciona a través de tres elementos: dos dispositivos de localización GPS –para el agresor y la víctima– y un brazalete con señal de radiofrecuencia que porta el maltratador. El dispositivo que lleva la víctima recibe una señal de alarma siempre que el inculpado o condenado se encuentra a una distancia de 500 metros y además la mujer puede dar la voz de alerta en caso de producirse una posible agresión.

Lo cierto es que en los últimos años, la activación de este tipo de dispositivos se ha incrementado progresivamente: en octubre de 2013 estaban registradas 761 pulseras en activo y en octubre de 2023 el número ascendió a 4.386.

Pero ¿son muchas o pocas pulseras? Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 se registraron un total de 33.209 denunciados por violencia machista con una orden de protección o medida cautelar. En diciembre de 2022, las pulseras que estaban activadas fueron 3.056. Es decir, en torno al 9,2% de los denunciados con una orden de protección estaban siendo vigilados con una pulsera.

Miguel Lorente tuvo “la suerte, el honor y la alegría” de poner el sistema en marcha durante su etapa al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. La decisión vino determinada por una certeza: las órdenes de protección “eran insuficientes”. Pero también por la constatación de que “se trataba de un crimen moral, no instrumental”. Es decir, no hay detrás un objetivo político o material, sino que se comete “para reforzar la imagen” del agresor y afianzar su idea de que “está por encima de la víctima”. Eso hace que los agresores, normalmente, asuman las consecuencias de sus actos, bien a través de la entrega voluntaria o, en ocasiones, mediante el suicidio. La única manera de frenarles era, por tanto, el control riguroso. “No existía la capacidad de evitar el homicidio y empezamos a hablar de qué recursos podían garantizar la protección de las mujeres”, rememora el también médico forense.

Apareció entonces la tecnología como alianza crucial en la lucha contra la violencia machista. La herramienta de la geolocalización era habitual en el extranjero para controlar a delincuentes y vigilar que determinados perfiles no se acercaran a lugares concretos. Ocurría, por ejemplo, con la vigilancia de hooligans los días de partidos de riesgo. El recién nacido Ministerio de Igualdad trazó una propuesta, se hizo el concurso, se siguió el procedimiento formal y el plan se hizo realidad. La concesión fue a parar a manos de Telefónica y Securitas Direct, quienes se han venido encargando de la gestión hasta ahora. “Tecnológica y organizativamente estaban muy por encima de las demás”, recuerda Lorente.

Los éxitos son palpables: ninguna mujer con pulsera de control telemático ha sido asesinada. “No hay ningún caso de agresión grave ni de homicidio con este dispositivo”, celebra el exdelegado. Los puntos fuertes están claros: la disuasión y la protección.

Cira García, magistrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Getafe (Madrid), coincide en que se trata de un “elemento disuasorio muy importante”, pero lo cierto es que los jueces son reticentes a su instalación. Comparte diagnóstico el exdelegado. “No es fácil explicar por qué no se ponen más pulseras“, reconoce y recalca la disparidad en los distintos juzgados y partidos judiciales. Igual que ocurre con las órdenes de protección, existen jueces que se resisten a instalar este tipo de dispositivos, una realidad que el exdelegado encuentra incongruente: “No tiene sentido que existan estas diferencias, cuando la violencia es la misma”.

Lorente sugiere que el Ministerio Fiscal sea “mucho más exigente” e indague en los motivos que llevan a un juez a oponerse a la instalación de una pulsera, con el objetivo de examinar los criterios que se esconden tras el rechazo generalizado por parte de algunos magistrados.

A pesar de ser una herramienta que se ha demostrado útil, lo cierto es que todavía carga a sus espaldas con varios defectos. El principal, sus fallos tecnológicos. Las incidencias son constantes, asiente la jueza. La alarma salta cuando el agresor se aproxima a la víctima, pero del mismo modo el sonido se activa cuando se agota la batería, cuando el maltratador deja olvidado uno de sus dos dispositivos –recordemos que portan consigo la pulsera y el localizador GPS– o cuando la cobertura falla.

Ocurre, entonces, que las víctimas tienen que convivir con un estado de calma tensa constante, una situación que puede ser incluso utilizada por los agresores para incrementar el grado de violencia sobre sus víctimas. “Genera mucha ansiedad y mucha angustia en las víctimas, sobre todo cuando saltan las alertas de forma repetitiva”, sostiene Lorente.

A esta situación, la jueza añade algunas carencias que tienen que ver exclusivamente con la ausencia de recursos. En Madrid existe un único técnico para toda la comunidad, por lo que la enorme carga de trabajo hace que los tiempos se dilaten y el procedimiento sea mucho más tedioso. A ello se suma que las mujeres “no siempre están del todo informadas” sobre la posibilidad de solicitar esta medida. La jueza insiste en que su experiencia es positiva y en que las mujeres, a rasgos generales, “se quedan más tranquilas” sabiéndose acompañadas por este dispositivo, pero todavía queda mucho trabajo por delante. “El sistema es bueno, pero hay que perfeccionarlo e invertir en mejoras técnicas“, zanja.

Y en ese empeño se volcó el anterior equipo del Ministerio de Igualdad. Lo cuenta Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. A su llegada a la institución, la exdelegada se topó con un servicio privatizado, muy costoso y con un evidente margen de mejora. “Telefónica tenía una posición dominante y llevaba mucho tiempo con el servicio. Había facturas muy grandes y poca mejora tecnológica”, describe la exdelegada.

El equipo de Irene Montero quería avanzar en mejoras y extender el uso de las pulseras a otros tipos de violencias machistas, así que lleva a cabo un estudio de mercado que analiza el funcionamiento de este tipo de dispositivos en todo el mundo, desde Canadá hasta Suecia. Igualdad quería que, en los casos de violencia sexual, la víctima pudiera llevar un solo dispositivo incluso cuando se tratase de agresiones múltiples. “No queríamos que víctimas como la de La Manada tuviera que llevar cinco dispositivos“, pone como ejemplo Rosell. Telefónica aseguraba que el estado actual de la tecnología no lo permitía, pero el estudio determinó que sí era viable.

“Volvimos a licitar, incluyendo esa exigencia y una mejora de las tecnologías”, explica la exdelegada, con una inversión procedente de los fondos europeos. Y Telefónica pierde su papel protagonista: desde este mes de octubre, es Vodafone la compañía que pasa a encargarse de la gestión del servicio, con un contrado de dos años. “Ahora mismo, en este mes, se están adquiriendo nuevos dispositivos para ir sustituyendo a los antiguos”, traza Rosell. Estima que serán en torno a 11.000 los nuevos dispositivos, que empezarán a funcionar a partir de febrero del próximo año.

Las mejoras no son pocas: por primera vez el dispositivo GPS será un móvil, con un cargador de teléfono universal, lo que aminorá las alarmas por descargas de batería. Estos nuevos dispositivos tendrán además un “botón del pánico”, una tarjeta multiSIM que mejorará la cobertura y la víctima podrá hacer las llamadas de auxilio desde su propio móvil. También entran en juego una serie de indicaciones biométricas que lanzan un aviso cuando el brazalete de separa de la piel. Hasta ahora, sólo se alertaba cuando existía una separación entre la pulsera y la unidad del GPS. “Son mejoras que parecen muy lógicas, pero que no estaban sobre la mesa”, asiente Rosell.

Actualmente, las pulseras contra maltratadores sirven para la violencia de género en pareja o expareja. La exdelegada ofreció, como medida de urgencia, instalarlos también para los casos de agresores sexuales excarcelados tras la ley del sólo sí es sí. Desde aquella sugerencia planteada el pasado mes de enero, se han instalado dos pulseras en el contexto de rebajas de penas. La aspiración es que la herramienta pueda extenderse a otras formas de violencia, tal como exige la propia ley del sólo sí es sí en su artículo 45. Y la previsión es que el cambio tecnológico que será una realidad el año próximo, haga posible cumplir con los objetivos marcados.

Pero la situación no es todavía la idónea. “Lo deseable sería una gestión totalmente pública“, opina Rosell. Entre otras razones, porque es la forma de garantizar que no se den “condiciones laborales precarias”.

¿Y por qué no se ha dado ese paso? “Es muy difícil garantizar que no haya ni un minuto sin servicio cuando hay un cambio así”, analiza Rosell. Pero el cambio de teconología, asiente, lo pone más fácil. “Hemos dado un paso enorme, hay una empresa que presta el servicio con dispositivos normalizados” por lo que la transición hacia la gestión pública es ahora más sencilla. “Sin este paso intermedio, no habría sido posible“, asevera la exdelegada.