Los subsidios no reducen la pobreza, la consolidan

Un subsidio es una ayuda directa o indirecta del Estado a una determinada actividad económica, sea esta en la provisión de un bien o mercancía o la prestación de un servicio, ésta ayuda puede ser de naturaleza financiera (préstamos, donaciones o garantías) o el establecimiento de obligaciones a terceros a cambio de compensaciones de otorgar estos subsidios. La finalidad del subsidio es reducir o eliminar el costo del consumo del bien o servicio en beneficio de una rama de la producción o de una población que requiera esa ayuda del Estado, dada su condición social o su nivel de ingresos.

La política de subsidios en la segunda mitad del Siglo pasado, hasta la firma del Acuerdo sobre Agricultura en el nuevo GATT/1994, junto con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias que concluyeron la Ronda de Uruguay con el Acuerdo de Marraquech, eran predominantes aplicados por la Unión Europea, EEUU y Japón, en la producción y el comercio de materias primas commodities como el trigo, maíz, soja, azúcar, aceites vegetales lácteos, carnes de aves y bovinos, etc. Es evidente que estas políticas estaban sustentadas en presupuestos de altos ingresos que le generaban los sectores industrial y de servicios, por tanto tenían con que sustentar la ayuda estatal.

En Bolivia la política de subsidios el año 2022 tuvo un costo para la economía de más de 1.700 millones dólares solo en la subvenciona  a los combustibles y cerca de 200 millones de dólares en alimentos y servicios básicos, eso sin contar las pérdidas de las plantas estatales, cuyos empleos terminan siendo subsidiados por todos los bolivianos. El costo de la política de subsidios representa aproximadamente un 4% del PIB y constituye más de la mitad del déficit fiscal. La medida impacta de manera directa en el nivel de inflación que en promedio los últimos años se ha situado alrededor del 3%, según cifras oficiales, muy cuestionadas por analistas y expertos opinadores en materia económica.

Si bien el subsidio a los combustibles beneficia a la población de forma indirecta, el mayor beneficio lo recibe la producción informal minera, el transporte pesado, la agricultura y el narcotráfico, sectores de escaso aporte fiscal en impuestos y de muy baja generación de empleo formal. En consecuencia el sacrificio económico no se compensa con mayor producción, exportación o empleos, sino, en mayor informalidad y pobreza.

La trampa del subsidio es que ahora todos esperamos que el Estado nos permita comprar alimentos baratos, y tener un transporte subsidiado, incrementando el gasto público y sacrificando a los productores e industriales, que en muchos casos ven encarecidos sus insumos mientras los precios de los alimentos procesados continúan deflactados en el mercado local. Claramente esto solo es sostenible en la abundancia e imposible de mantener con déficit público creciente y mayor endeudamiento.

En situaciones de presión inflacionaria externa y riesgos de inestabilidad financiera producto del endeudamiento de los países en desarrollo, por supuesto que el Estado debe intervenir en la medida justa para controlar la inflación y mantener la estabilidad monetaria, esto es fomentando la producción para sustituir importaciones y rebajando los gravámenes e impuestos a la importación de bienes básicos e insumos industriales no producidos. La intervención debe centrarse en el uso de mecanismos e instrumentos de política económica y no en la compra y venta de insumos y bienes primarios, que convierten al Estado en un jugador aventajado que además coloca las reglas y controla que se cumplan.

En 2021 Bolivia reporto un índice de pobreza extrema del 11.1% y un índice de pobreza moderada del 36.6%, los cuales se han mantenido similares el año 2022. Según informe del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 2021, Bolivia ocupo el puesto 118 de 120 países con una puntuación de 0,69/1,00, con una esperanza de vida de 64 años y un promedio de nueve años de escolaridad, y un bajo nivel de acceso a la salud, esta situación ha ido desmejorando desde el año 2018, donde obtuvimos un puntaje de 0.71/1,00 de IDH, situación que corresponde al último quinquenio donde se han incrementado los niveles de subsidio. Ante este panorama cabe preguntarse sobre la real efectividad de los subsidios en beneficio de la población.

Ahora bien, luego de tanto insistir desde el sector privado y la academia en la reducción gradual de los subsidios a la producción y/o comercialización de bienes básicos considerados indispensables, dadas las actuales circunstancias, cabe preguntarse si reduciendo el gasto público y el gasto en empresas estatales innecesarias, y por otra parte fomentando producción, inversión, exportación y empleo, no serían mejores los resultados de reducción de la pobreza. Los pobres no necesitan limosnas ni ayuda, necesitan trabajo que les permita vivir con dignidad.