Al menos 22 facciones vinculadas al narcotráfico actúan en esta región donde se han disparado los homicidios, la incautación de drogas y los crímenes ambientales.
Más de la mitad de la población de la Amazonía Legal vive en municipios con una fuerte presencia de organizaciones criminales, lo que supone uno de los mayores desafíos para la seguridad pública de Brasil.
El estudio ‘Cartografía de la violencia en la Amazonía’, publicado este jueves por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), revela con cifras de 2022 datos alarmantes sobre esta región formada por los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins y Maranhão.
Hasta octubre de este año, al menos 178 de los 772 municipios de la Amazonía Legal contaban con presencia de facciones, lo que abarca al 57,9 % de los habitantes de la región. Además, en 80 de esas localidades existían guerras por el territorio.
Al menos 22 facciones vinculadas al narcotráfico -entre ellas el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV)- se encuentran en los nueve estados y las ciudades fronterizas concentran la mayor parte de las disputas.
La tasa de muertes violentas intencionadas alcanzó 33,8 por cada 100.000 habitantes, un 45 % superior a la tasa promedio nacional de 23,3 víctimas. Además, la incautación de cocaína aumentó un 194 % de 2019 a 2022, con 20 toneladas requisadas en el último año.
Conservación de la Amazonía
La asociación de crimen organizado con prácticas ambientales ilegales dificulta todavía más la conservación de la selva amazónica y de los pueblos tradicionales. Las muertes de indígenas en la Amazonía fue un 26 % superior a las registradas en el resto del país.
Los registros de delitos por deforestación aumentaron un 85,3 % entre 2018 y 2022, el comercio ilícito de madera un 37,6 % y los vinculados con incendios un 51,3 %.
“Con el 59 % de la población viviendo en ciudades dominadas por el crimen, no hay Acuerdo de París que pueda hacerle frente. No hay agronegocios que puedan cambiar este modelo, ni oportunidades de empleo e ingresos”, lamentó Renato Sérgio de Lima, director del FBSP.
Lima destacó que se necesita mayor coordinación y “el cuello de botella está precisamente en responsabilizar a los criminales”.
El ‘lejano oeste’ amazónico
El estudio indica que hay poco más de 60.000 agentes activos en toda la Amazonía Legal, una extensa región de 5,2 millones de kilómetros cuadrados (un millón más que la Unión Europea).
Esto supone que cada agente es responsable, de media, de una zona de 83 kilómetros cuadrados y no tienen ni aeronaves ni helicópteros, con lo que los criminales pueden campar a sus anchas.
“No hay policía civil ni perito. La Policía Federal puede detener a un minero que mató a otro dentro de un territorio indígena. Pero no hay nadie que abra una investigación. Sin informe, no hay denuncia”, advirtió Lima.
Está previsto que el informe se presente en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP 28).
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