De vigilar el precio de la luz a acabar con los pozos ilegales de Doñana: los deberes de Ribera para esta legislatura

El peso de la transición ecológica se mantendrá intacto durante los próximos cuatro años, con Teresa Ribera como vicepresidenta tercera, por detrás de la cartera de Nadia Calviño (Economía) y Yolanda Díaz (Trabajo). Durante la pasada legislatura, Ribera se tuvo que volcar de un día para otro en la subida de la factura de la luz tras el comienzo de la guerra en Ucrania, al tiempo que fomentó un fuerte despliegue de las energías renovables en España. Ahora, tendrá que hacer frente a una ola de asuntos pendientes tanto energéticos como ambientales en una década clave para cumplir con los objetivos verdes de 2030.

El futuro del Parque Nacional de Doñana será uno de los primeros frentes de su agenda, ya que hace más de un mes que Ribera se comprometió con la Junta de Andalucía a acabar con la extracción masiva de agua de los acuíferos de la zona a cambio de un plan para generar alternativas laborales a la agricultura en la zona. Aunque se comprometió con Juanma Moreno, el presidente andaluz del PP, a llegar a un pacto en 30 días, el plazo ya ha vencido, por lo que el anuncio del proyecto debería ser inminente.

Juanjo Carmona, representante de la organización WWF en Doñana, fue citado poco después del anuncio del acuerdo para que los ecologistas aportasen ideas, pero desde entonces no ha recibido noticias. “Podría llegar mañana mismo, o el mes que viene. Esperamos que sea cuanto antes porque ya está comprobado que nadie se va a bajar de la burbuja del regadío por voluntad propia”, señala el activista.

El precio de la energía será otra de las preocupaciones de Transición Ecológica a corto plazo, ya que, aunque se ha abaratado frente a 2022, la electricidad sigue siendo el doble de cara que en 2019. La rebaja de impuestos de la luz, el mecanismo ibérico que limita el coste del gas para generar luz, el tope a la tarifa regulada de gas (TUR) y la minoración a 67 euros de los contratos a plazo de tecnologías inframarginales caducan el próximo 31 de diciembre, y hasta ahora no podían prorrogarse porque el Gobierno estaba en funciones. Ribera ya ha manifestado su intención de extender estos apoyos al menos hasta el próximo verano, aunque en el caso del mecanismo ibérico antes necesitará negociar con Bruselas y el Gobierno portugués.

Por el lado de la energía limpia, Transición Ecológica tiene un sinfín de compromisos que abordar esta legislatura. El más temprano es la presentación de una propuesta para regular la tecnología eólica marina, un borrador que el Gobierno ha prometido publicar antes de 2024 y que sentará las bases para que en los próximos años se comiencen a construir los primeros molinos de viento marinos junto a la costa española.

Más importante aún será la decisión que tome Ribera sobre si prorrogar o no el sistema de hitos para construir renovables en España. El próximo 25 de enero centenares de proyectos eólicos y fotovoltaicos que están en proceso de desarrollo deberán tener su permiso de construcción o perderán su permiso de conexión a la red, un periodo que ya fue ampliado en julio seis meses debido al adelanto electoral. Desde el sector renovable no expresan tanta preocupación por esa fecha como por la de julio de 2025, cuando todos los proyectos de energía limpia pendientes en España deben estar en funcionamiento. “Nuestra propuesta es que todos los proyectos que realmente sean serios deberían tener algo más de margen para empezar a operar, ya que los retrasos se dan por cuellos de botella administrativos o por retrasos en la construcción”, afirma José María González, director de la patronal APPA Renovables.

El eterno conflicto alrededor de las zonas de bajas emisiones continuará en la próxima legislatura tras el fracaso a la hora de imponer esta normativa en las ciudades españolas. El pasado 1 de enero de 2023, un total de 149 urbes debían tener su plan aprobado de restricción de tráfico para vehículos contaminantes, y el 31 de diciembre de 2023 esos planes ya deberían estar completamente operativos, pero por ahora solo los han implantado 14 de ellas. Por lo tanto, Transición Ecológica tendrá esta legislatura que buscar la forma de hacer cumplir la Ley de Cambio Climático, pese a que la propia Teresa Ribera ha reconocido en muchas ocasiones que el Gobierno central no puede multar a los ayuntamientos, que son los responsables de establecer estas zonas.

Ana Saldaña, directora de Greenpeace España, celebra que Ribera repita como titular de Transición Ecológica tras “avances muy interesantes” en transición energética “y algo menos ambiciosos en biodiversidad”, aunque su organización reclama que el Gobierno dé prioridad a esta cartera sobre otras, ya que los conflictos de interés son grandes.

Saldaña recuerda que los choques entre Transición Ecológica y Agricultura y Pesca (Luis Planas) han sido muy sonados en los últimos tres años, puesto que reducir el regadío en zonas secas para reducir la desertificación del país castiga al sector primario, lo mismo que recortar las emisiones de efecto invernadero de la ganadería o promover una pesca más sostenible. La activista también señala conflictos políticos entre Ribera y Economía, Vivienda o Transporte. “Es normal porque cada día más ministerios sufren de una u otra manera el impacto del cambio climático”, añade.

El equipo de Ribera tendrá que hacer frente también estos cuatro años a compromisos como la reducción de las emisiones de efecto invernadero para 2030 en un 32% frente a 1990, pese a que, según el inventario nacional de emisiones, en 2021 estaban un 0,4% por encima de las de 1990, por lo que el trabajo que hay por delante en descarbonización es inmenso, y tendrá que dejarse bien atado esta legislatura. La ministra tendrá también que adaptar a España la próxima reforma europea del mercado eléctrico, que se espera que esté lista el primer semestre de 2024, así como la reforma de la directiva de calidad del aire, que limpiará la atmósfera de las ciudades. El pacto de Gobierno del PSOE y Sumar también contempla recuperar la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), por lo que Ribera se hará con las competencias energéticas de la CNMC, hasta ahora en manos de Nadia Calviño.