Canales de TV en contra de proyecto de ley de medios y quieren que se les pague por propaganda política

El proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos en Uruguay ha desatado un intenso debate, siendo uno de los puntos más controvertidos la asignación de minutos de propaganda en televisión.

La discrepancia entre la coalición de gobierno y la oposición se centra en si debería existir o no una compensación económica para los canales por los minutos que dejarán de comercializarse.

En medio de esta encrucijada, la Asociación de Broadcasters del Uruguay advierte sobre posibles perjuicios millonarios para los canales en caso de que no se concrete la compensación propuesta por algunos sectores políticos. Rafael Inchausti, presidente de la gremial, estima pérdidas de hasta US$ 25 millones para el sector, destacando la gravedad del impacto económico que podría enfrentar la industria televisiva.

Según Inchausti, el costo por minuto de publicidad se sitúa en los US$ 1,000, y cada emisora se verá obligada a ceder una hora diaria de espacios gratuitos durante 105 días.

Esto, dicen los medios tradicionales, se traduciría en una presunta pérdida aproximada de US$6millones para cada canal privado de Montevideo, sumado a un perjuicio adicional de US$5 millones para los canales del interior en conjunto.

Alineados con la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu), los legisladores de la coalición en la comisión de Diputados argumentan a favor de la compensación, sosteniendo que se debe establecer un pago por el uso de la propiedad privada. Aunque las ondas son consideradas públicas, señalan que, una vez asignadas, forman parte de la propiedad privada.

Alineados con la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu), los legisladores de la coalición en la comisión de Diputados argumentan a favor de la compensación, sosteniendo que se debe establecer un pago por el uso de la propiedad privada. Aunque las ondas son consideradas públicas, señalan que, una vez asignadas, forman parte de la propiedad privada.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez reconoce la dificultad de encontrar el precio justo de la contraprestación, pero hace un llamado a la acción con “voluntad política”. Rodríguez sugiere que la compensación podría manifestarse a través de exoneraciones fiscales. La fórmula propuesta implica tomar como referencia el monto que los organismos del Estado pagaron por pauta televisiva en el año previo a las elecciones internas.

Voces críticas y reparos: La perspectiva del consultor en regulación de medios

A pesar del debate parlamentario, el consultor en regulación de medios Gustavo Gómez, exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, y uno de los impulsores de la ley de medios aprobada durante el gobierno de José Mujica, plantea serias preocupaciones.

Gómez, quien ya había cuestionado los reparos del Partido Nacional a la iniciativa, sostiene que el gobierno ya ha beneficiado a los canales privados con al menos US$15 millones durante el período actual, generando un panorama de inquietud y desconfianza en el sector.

“¿19 millones de dólares más para el 4, 10 y 12? Piden ahora U$S6.300.000 para cada canal de Montevideo de ‘compensación’ por la publicidad electoral gratuita. El gobierno ya los benefició con al menos U$S 5 millones. Más publicidad oficial, licencias de Internet, etc”, dijo Gustavo Gómez.

El responsable del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) abordó la asignación de aproximadamente 80 millones de pesos destinados a los canales privados de televisión. Estos fondos se asignaron para respaldar la producción de diversos programas, canalizados a través del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable.

Asimismo, hizo hincapié en que, durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, el gobierno eximió a los canales de televisión del desembolso asociado al costo de renovación de sus licencias por el derecho de uso del espectro.