Carlos Gelpi, miembro de la Lista 404 (liderada en su momento por Luis Lacalle Pou) y asesor en seguridad en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ha atraído la atención debido a una decisión que ha dejado a muchos con la ceja levantada.
Con una prejubilación que suma la escandalosa cifra de US$900.000, Gelpi ha levantado preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión pública del actual gobierno.
La controversia gira en torno a la conexión de Gelpi con la empresa Time Tower, que opera licencias de televisión por abonados en varias localidades, incluyendo Termas del Arapey, Termas del Dayman, Constitución, Belén, Termas del Guaviyú en Paysandú, y Artigas capital. No solo es un asesor de seguridad, sino también un empresario con seis licencias de televisión bajo su propiedad.
✔️TIME TOWER (que opera seis cables) es propiedad de Carlos Gelpi y su hermana.
✔️ Gelpi, de 56 años, acordó este año una suculenta pre jubilación de Salto Grande de unos 900 mil dólares. Se desempeñaba como asesor en seguridad. pic.twitter.com/hXakWIBKCg
— Eduardo Preve (@EPreve) November 22, 2023
Militante del PN y ahora vendedor de internet
Desde adentro, el gobierno introdujo sus brazos para operar la apertura del monopolio de internet que tenía la empresa estatal Antel. A pesar de que su calidad y velocidad de internet ha sido premiada a nivel latinoamericano, el gobierno del liberal Luis Lacalle Pou entendía que había que abrir el mercado para que los privados pudieran competirle a la exitosa empresa pública.
Ahora, uno de los ganadores de este nuevo mercado, es el militante nacionalista Carlos Gelpi, conectado con la empresa Time Tower: No solo es un asesor de seguridad, sino también un empresario con seis licencias de televisión bajo su propiedad.
Las revelaciones de documentos públicos por el periodista Eduardo Preve indican que, a partir del 14 de noviembre, Time Tower está autorizada para vender servicios de Internet a los hogares. Esta autorización, firmada por el presidente Luis Lacalle Pou, plantea serias interrogantes sobre posibles conflictos de interés y favoritismos.
El respaldo gubernamental a esta controvertida decisión se encuentra en la resolución del Ministerio de Industria, que lleva la firma de Luis Lacalle Pou. La pregunta es: ¿hasta qué punto esta autorización es una muestra de transparencia y justicia, o es una muestra más de las conexiones entre el poder político y los intereses comerciales?
Gelpi, de 56 años, no solo ocupa el segundo suplente del decimotercer lugar en la Lista 404, sino que también ha asegurado una prejubilación sustancial como asesor en seguridad de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Esta suma, que alcanza los 900.000 dólares, ha suscitado críticas sobre la ética en el manejo de los recursos públicos y la equidad en la distribución de beneficios.
Fuente de esta noticia Diario LARED21 Digital Uruguay.
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