Abogados piden al juzgado detener trabajos de remodelación en el Shopping del Este

Abogados que representan a  Enrique Alfredo Fleitas, hijo biológico del extinto dictador Alfredo Stroessner, solicitan una medida cautelar de prohibición de innovar, anotación de litis y prohibición de contratar sobre el Shopping de Este, debido a que actualmente una parte del complejo comercial es sometida a una acelerada remodelación. Esta propiedad, ubicada a escasos metros de la Aduana de CDE, forma parte de las siete hectáreas reclamadas en el juicio que promovió Fleitas contra la Municipalidad de Ciudad del Este y la empresa Cedro Verde SA, sobre desafectación de inmueble por revocatoria de donación con cargo y acción autónoma de nulidad.

Los representantes legales del demandante, Nicolás Russo y Eugenio Guerin, ponen a conocimiento del juzgado, a cargo de la magistrada Sara Figueredo, la existencia de la remodelación apresurada de uno de los sectores de Shopping del Este, conforme describen con tomas fotográficas de los trabajos que se llevan cabo. De acuerdo con sus averiguaciones, la refacción sería para la instalación en uno de los pisos de la empresa “Mobile Zone”, cuya propietaria sería una mujer de nombre Liz Paola Doldán, quien habría adquirido el centro comercial y ahora sería la nueva dueña.

Agregan que, ante esta situación y teniendo en cuenta que Cedro Verde SA, aún sigue litigando en el expediente como propietaria de la finca en litigio, creen que existen suficientes indicios que la empresa intentaría desligarse o transferir el inmueble objeto de la litis. Alegan que, es más, al presentarse ante el juzgado los herederos de Justa Esteria Salinas de Brizuela, quien sería la primera dueña del terreno donde está asentado Shopping del Este, los mismos se allanaron en todos los términos de la demanda de acción autónomo de nulidad y piden expresamente que se dicte sentencia para que se decrete la nulidad de la resolución del juez Mario Aguayo.

Los abogados Russo y Guerin sostienen que, en caso de ser así, la sentencia definitiva que pueda dictarse sería de cumplimiento imposible, teniendo en cuenta que no tiene medidas cautelares sobre el mismo, en especial la anotación de la litis, la prohibición de innovar y la prohibición de contratar sobre el número de finca en el Registro Público, lo cual constituiría un perjuicio patrimonial grave para su poderdante.

Los letrados señalan además que los antecedentes peligrosos y que son de público conocimiento de la empresaria Liz Paola Doldán, que fuera investigada por la Fiscalía en julio del 2019 bajo la operación “llamada telefónica”, cuando fue allanado el local de Mobile Zone e imputadas a 15 personas, incluyendo a la citada mujer, por presunta importación ilegal de teléfonos celulares y artículos electrónicos, con una evasión estimada en millones de dólares.